Los archivos del terror (y de terror), para quien quiera abordarlos, sea del mundo académico o cualquier ciudadano, debería tomar en cuenta varias cosas, desde la finalidad de la publicación hasta la relevancia y calidad de lo publicado, toda vez que es material de inteligencia, producido por agencias de inteligencia y operado con fines de inteligencia o contraingteligencia.
Como hecho político demuestra una vez más la autonomía de ciertos sectores militares en actividad que se siguen moviendo con total independencia de la Cadena de Mando, autonomía consagrada y consolidada a partir de la salida negociada en 1984 y que dio lugar al retorno a una democracia tutelada por el Poder Militar y la posterior ley de Caducidad, militares que se mueven con la total displicencia o incapacidad de los servicios de Inteligencia que están bajo el mando del Director Nacional de Inteligencia Álvaro Garcé.
En ese sentido es bien válido saber qué porcentaje del total de archivos existentes es el publicado hasta el momento, y donde están.
Lo segundo es la confirmación de una política de seguimiento de algunos ciudadanos en pleno Estado de Derecho donde no consta que dichas actividades de Inteligencia hayan recibido la orden de redireccionar “los objetivos”.
Desde el punto de vista de los contenidos que se intentan imponer como “la verdad relevada”, son informes plagados de errores, manipulaciones, distorsiones, y un número importante de los publicados, están incompletos.
Muchos de los informes posibilitarían que aquellos ciudadanos qiue hayan sido expuestos en su intimidadrealicen acciones judiciales contra el Estado.
El relato militar
Si algo permiten concluir los archivos es la lógica militar, tanto de redactores como de informantes y de quienes relizaban los “interrogatorios”.
Para muchos éste formato no es nuevo; luego de iniciada la dictadura cívica militar el gobierno de facto difundió en dos tomos el libro: “Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental”.
Los militantes sindicales, sociales, integrantes de organizaciones políticas de acción directa eran calificados de delincuentes, terroristas y los legisladores de la oposición al gobierno de Bordaberry de políticos venales y en más de una ocasión, traidores a la patria.
A pesar de que muchas de las acciones violentaron la legalidad y son tipificados como delitos, lo cierto es que la Ley Marcial aplicada por los militares barrió con todos los derechos de defensa que cualquier delincuente común tiene, en un Estado de Derecho, y esa lógica también se traduce a la hora de la redacción.
Este elemento debe ser suficiente para arrojar un manto de dudas sobre la seriedad de los contenidos de los archivos del terror, que por su forma de elaboración, terminan siendo “de terror”.
Ciudadanas y ciudadanos civiles procesados por la Justicia Militar, con una lógica de jurisprudencia militar.
Si la construcción, como sostienen los dirigentes políticos de la coalición multicolor que quieren hacer un revisionismo de la historia y escribir un relato nuevo, se va a hacer sobre la base de este relato militarizado, se va por muy mal camino.
Concluir que la actividad de un dirigente sindical sea tipificada como delito de traición a la patria y de conspiración como se puede leer en varios de los informes, es el argumento para quienes en pleno estado de derecho insisten con eliminar la existencia del movimiento sindical.
Banales y manipulados
La deuda más grande que la sociedad uruguaya tiene es el hallazgo de los restos de los detenidos desaparecidos; la publicación de estos archivos oficia como un distractor para que no se pueda acceder a la información necesaria para poder dar con los paraderos.
Hay un concepto hecho ley en los militares que reza “ganar tiempo”, y esto es lo que han venido haciendo desde el retorno al Estado de Derecho. Llevan 50 años por lo menos ganando tiempo.
Muchas de las personas que han sido procesadas por la Justicia militar; muchos a la hora de recuperar la libertad han logrado quedarse con una copia de la carpeta de su proceso y una primera constatación es que la que ellos poseen está más completa que la que aparece publicada y no parece existir una lógica en cuanto a que partes del material no se publicó.
Puede ser un mero error administrativo a la hora de microfilmar, se puede haber extraviado, pero en cualquier caso son documentos manipulados.
Con otras personas se ha comprobado la distorsión en cuanto a la información, que si bien ya era imprecisa o trasformada en aquellos años, ahora tienen los impactos del pasaje del tiempo.
Hay quienes han manifestado que hay mucha información banal, que no cumplió con ningún papel relevante en su momento (salvo saberse vigilado) y que sola en la absurda concepción de la justicia militar pudo usarse como prueba.
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El gobierno impulsa el acceso universal a los archivos sobre Derechos Humanos
“Los informantes”.
Un capítulo aparte merecen los rollos de los “informantes”.
Desde que se conocieron los archivos por primera vez varios periodistas en conjunto con algunos militantes se abocaron a las tareas de poder dar con los Agentes 007 que trabajan para los Servicios de Inteligencia de Defensa en plena democracia.
El “modus operandi”, al menos en los archivos publicados, no fue la infiltración de agentes de los servicios en el movimiento sindical y en alguna organizaciones políticas de izquierda, sino el reclutamiento de informantes a cambio de dinero y de una metodología de “aprietes” una vez estando en operaciones, por ejemplo “te delatamos con tus compañeros, sabemos todo de vos, y otras formas de coerción.
El valor de esta práctica no está dado por la calidad de la información lograda, sino por ser una práctica que hasta nuestros días no consta haya sido descartada.
En esos informes lo que si surge es una violación de la intimidad de las personas que podrían llegar a merecer juicios contra el Estado.
¿Quién de ustedes?
La fiscalía, a partir de la denuncia del Ministerio de Defensa, está investigando quién o quienes publicaron los archivos que trascienden a los Berrutti, aunque otras instituciones están cotejando si los archivos que aparecen como Berrutti, son los mismos que los originales.
También sería importante saber cuanta información más poseen y poder desestabilizar un plan de ocultar o publicar la información en función de intereses desconocidos para el conjunto de la sociedad democrática.
Apenas se publicaron los archivos fuentes militares indicaron que: “en el 2017 se volvió a escanear totalmente el Archivo Berrutti (rollos de microfilm) en las dependencias del Ministerio de Defensa, por lo que en ese tiempo quedó el respaldo informático del Archivo Berruti (rollos de microfilm) en los servidores del Ministerio de Defensa. En el año 2021 cuando se hace cargo de la informática del ministerio, un capitán de navío, que enseguida tiene problemas con el personal de informática del MDN, particularmente por que fue advertido varias veces que el protocolo de seguridad no permitía hacer grabar información de los servidores en discos duros personales; dentro de esos archivos que grabó del servidor estaba el respaldo del Archivo Berrutti (rollos de microfilm).
Esta situación dio lugar a una Investigación Administrativa ordenada por el propio Ministro Javier García en la Resolución N° 76.219 (24 de junio de 2021) y el inmediato cambio de destino, siendo enviado al ESMADE; posteriormente la investigación determinó una sanción de 3 días de arresto a rigor para el Oficial, acorde a la Resolución N° 79.354 (17 de mayo de 2022).
No es la primera vez que este oficial está envuelto en temas de trafico de información, como sucedió en enero de 2021, cuando hakearon los servidores de la Armada y pidieron un rescate de 500 mil dólares.
Actualmente cumple funciones en el Estado Mayor de la Defensa”.
