Por lo tanto, que Cabildo Abierto convoque a juntar firmas no puede llamar la atención, aunque vale la pena detenerse a entender un poco los motivos.
Porque si la convocatoria, como dicen algunos actores políticos, obedece a poner en manos de la población una decisión porque no le votan en el Parlamento su proyecto “contra la usura”, parece un escaso motivo para apelar al mecanismo constitucional.
Nacional y populista
Sin embargo, parece claro que para los cabildantes no es lo mismo pensar en convocar a un plebiscito en defensa de los suelos productivos del país (proyecto de ley que el presidente Lacalle Pou les vetó) que modificar legislativamente un sistema financiero que tiene endeudado a una enorme cantidad de uruguayos, y ahí es donde aparece un primer perfil populista, esto es, asegurarse un importante apoyo de la población directamente involucrada (angustiada) con la situación.
También creemos que calificar de demagógica la propuesta es una mirada bastante superficial del asunto.
En anteriores artículos sostuvimos que hay toda una estrategia política de Cabildo Abierto que apunta a empezar a marcar perfil ante el advenimiento de la próxima campaña electoral tomando cierta distancia de sus socios de la coalición, y la necesidad de aplacar las tensiones políticas internas dentro de su partido.
Además, por que juntar firmas es una actividad política que dinamiza la militancia y le da cohesión.
Un cabildante militar, a pesar de sus enojos con los civiles del partido con respecto al plebiscito, expresó: “Ahora a juntar firmas para el plebiscito contra los judíos usureros que están exprimiendo al pueblo. Como dijo Artigas, en la patria de los libres no hay lugar para los débiles”.
Aquí aparece el otro sesgo de claro corte nacionalista en su más extrema (y peligrosa) definición; la frase invocada a Artigas fue la idea central del pachequismo, cuyos fervientes nostálgicos civiles y militares, son una corriente de peso dentro de Cabildo Abierto.
Seguramente en una campaña más amplia de recolección de firmas termine siendo una expresión minoritaria, pero es bueno saber que existen, y sobreviven.
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Manini se queda en la coalición pero cuestiona al presidente Lacalle Pou.
Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
El endeudamiento
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado viene recibiendo distintas delegaciones para obtener insumos para la definición sobre el proyecto de ley que se plantea la reestructuración de deudas de personas físicas.
El tema realmente hace vivir en la zozobra a miles de ciudadanos por obra y gracia, entre otras causas, del impulso al florecimiento de decenas de empresas prestamistas que en su momento el ideólogo de una de las empresas de crédito más grande del país, el ministro de cultura Pablo da Silveira, impulsó.
La delegación de la Asociación de empleados Bancarios (AEBU) planteó ante la comisión de senadores algunas preocupaciones, en su comparecencia del día 3 de abril de este año.
Una primera preocupación es cómo generar información real y confiable sobre el endeudamiento en el país y la situación de las familias. Un segundo centro de preocupación es la reflexión sobre las dificultades que plantean soluciones de tipo general. Existen situaciones diversas; el tema del endeudamiento no es un fenómeno sobre el que se pueda generalizar y decir que siempre obedece a determinado componente, y la pregunta es cómo abordar problemas disímiles o diferentes con herramientas diferentes. El tercer escenario planteado por AEBU tiene que ver con lo que serían los impactos sobre el mercado financiero globalmente pensado. Mover o poner rígido alguno de los parámetros vinculados al endeudamiento abre la puerta a la expulsión de los sistemas formales de colectivos cada vez más importantes. En la medida en que uno restringe el acceso al crédito y hace que las empresas del sistema financiero se abroquelen por la tasa de riesgo o por los mecanismos que implica, se comienza a generar una suerte de traslado hacia el sector informal.
Aníbal Peluffo, integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, explicó algunos conceptos y brindó algunos datos: “Está bueno diferenciar el fenómeno del sobreendeudamiento y el de las altas tasas de interés, que son cosas distintas, si bien están muy relacionadas. Una cosa son las tasas de usura, digamos, y otra, el fenómeno de sobreendeudamiento, que es socioeconómico. Si bien son problemáticas muy relacionadas porque una alimenta a la otra, son aspectos diferentes el nivel de tasas y la cantidad de población con problemas en su relacionamiento con el sistema financiero. El otro tema a tener en cuenta también es, justamente, la gran falta de información que hay y que no permite conocer del todo a qué nos estamos enfrentando. Para poner un ejemplo, señalo que en el documento están citados algunos trabajos y determinadas cifras que son las que se manejan, como las que contiene la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central o, incluso, el dato de que hay aproximadamente un millón de personas en el Clearing de Informes. Sin embargo, eso no es todo el universo”.
Una de las mayores preocupaciones es que la regulación del sistema financiero, sobre todo del sector privado, puede llevar a las empresas formales a no otorgar más préstamos, concepto que comparte la Asociación de Bancos Privados, llevando a la gente al sector informal.
AEBU advierte que “hay una situación que está empeorando, con un crecimiento de otros mecanismos de endeudamiento y de violencia relacionada con tráfico de drogas o con otro tipo de organizaciones vinculadas con la violencia o el crimen. Esto es algo que se volvió más visible últimamente, como el famoso caso de los créditos gota a gota, que tienen tasas de interés muchísimo más elevadas que los topes”.
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AEBU se declaró en conflicto.
AEBU termina concluyendo que “el proyecto de ley tiene un gran potencial para generar distorsiones en el mercado y que estas produzcan efectos no deseados, lo que podría terminar perjudicando a la población que justamente se trata de beneficiar o de darle una solución. Respecto al acuerdo judicial forzoso, puedo decir que este tipo de procesos terminan siendo costosos principalmente para los acreedores. Cuando el proceso judicial puede llevar honorarios para los cálculos y para todo este proceso administrativo, que es de cargo de los acreedores, representa costos adicionales que, sin duda, las empresas van a tomar en cuenta a la hora de decidir si otorgan o no un crédito. En este sentido, un primer riesgo pasaría por aumentar los niveles de exclusión, es decir que ciertas operaciones no se concedan porque una empresa perciba que resulta riesgoso otorgar el crédito a un usuario por el costo asociado que tiene. Por otro lado, en el proyecto no quedan claros los mecanismos de verificación de las deudas, que sí son mucho más claros en la Ley de Proceso Concursal o en el proceso vigente, que establece cómo se van a calcular las cosas a través del síndico, algo que en este caso no está estipulado. Sobre los topes de tasas de interés, el proyecto establece que se fijen basándose en las tasas de las letras de regulación monetaria, a las que el Estado se endeuda en pesos, y a las tasas de los bonos globales, a las que el Estado se endeuda en dólares. Una primera observación es que hay un riesgo asociado a vincular la tasa de interés local a estas tasas de mercados financieros, porque responden a dinámicas financieras internacionales que las hacen muy variables. En cuanto al tema de la población amparada por el proyecto, si bien parecería ser que el espíritu es solucionar el problema de determinados sectores vulnerables de la población, cuando se va a la normativa se ve que lo que está planteado es alcanzar a prácticamente toda la población. Por ingresos, los únicos que estarían por fuera serían los del décimo decil, o sea, el 10% con mayores ingresos de la población sería el único que no estaría comprendido por esta norma. Ahí encontramos que el proyecto no está focalizado en los sectores en los que tal vez esta situación sea más problemática”.
De las palabras de la delegación de AEBU surge claramente que la improvisación ante el rédito político siempre termina dando malos resultados.
Los números
Entre los datos aportados por la Comisión Técnica de AEBU surgen números a tomar en cuenta: “Tenemos 670.000 personas que están en categoría 4 y 5 en el Banco Central y un millón de personas en el Clearing de Informes. Este tiene un mecanismo de información negativa que incluye al sector no financiero; los 670.000 son estrictamente financieros. Ahora bien, a pesar de toda esa cantidad de gente, la morosidad de los bancos es inferior al 5%, lo que nos está diciendo que no le están prestando a ese millón de personas. La morosidad en el sector de las financieras administradoras de crédito –en su mayoría propiedad de los bancos– está en el orden del 20%, por lo que ahí sí ya comienza a aparecer algo de esos 670.000. Estamos hablando, entonces, de que hay más de un millón de personas que están cayendo en segmentos cada vez más débiles y con tasas de interés mucho más altas. Todos los mecanismos de cobranza van a parar a escritorios que, además, le agregan sobrecostos judiciales, administrativos, etcétera. Es decir, en la cadencia de acumulación hay uno de los nudos que habría que abordar: ¿cuál es el límite que le ponemos a esa cadencia de acumulación que hace que alguien que pidió 10.000 termina discutiendo por 500.000? Esos son márgenes de negociación y de exclusión”.
