El déficit del Banco de Previsión Social (BPS) vuelve a ocupar el centro del debate económico, no sólo por su magnitud, sino por la complejidad de sus causas. Detrás de los números existe una combinación de factores estructurales —propios del funcionamiento del sistema— y elementos coyunturales que, en el último año, profundizaron el resultado negativo.
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Jimena Pardo, presidenta del BPS.
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Para comprender la situación es necesario distinguir dos conceptos, explicó a Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), la presidenta del directorio de la institución, Jimena Pardo. Por un lado, indicó, “el resultado financiero del propio BPS, que ronda los 227 millones de dólares negativos (o unos 177 millones si se consideran activos como fideicomisos e inversiones). Por otro, la asistencia financiera total, que asciende a cerca de 497 millones de dólares. Esta diferencia no es menor: parte de esa asistencia responde a que el organismo actúa como intermediario en el pago de prestaciones que pertenecen a otros organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o el Ministerio de Vivienda”.
Este rol de “puente” implica que el BPS financia temporalmente políticas sociales —asignaciones familiares del Plan de Equidad, programas de cuidados o soluciones habitacionales— que luego son compensadas por otros organismos. “Sin embargo, en términos contables, estas erogaciones inciden en la necesidad de asistencia financiera, incrementando el déficit global”, sostuvo.
Causas del déficit
Más allá de estos elementos administrativos, las causas estructurales siguen siendo el núcleo del problema. El sistema previsional uruguayo se financia de forma tripartita —trabajadores, empleadores y Estado—, pero “enfrenta una presión creciente derivada del envejecimiento de la población. Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores activos, lo que reduce la relación entre cotizantes y beneficiarios. Este fenómeno, común en países con alta expectativa de vida, implica que el sistema difícilmente pueda sostenerse sin asistencia estatal”.
A esto se suma la evolución del mercado laboral. “Si bien en el último año se registró un crecimiento de unos 20.000 puestos de trabajo formales, alcanzando más de 1,5 millones de cotizantes, esta mejora no logra compensar completamente el aumento de las prestaciones. El equilibrio del sistema depende no sólo de la cantidad de aportantes, sino también de la dinámica salarial y de la formalidad, variables que inciden directamente en los ingresos del BPS”, explicó Pardo.
En el plano coyuntural, “el último año mostró un deterioro adicional explicado en gran medida por decisiones de gestión. Cerca del 70% del incremento del déficit —unos 280 millones de dólares respecto al año anterior— se vincula al aumento de beneficios pagos. Dentro de este grupo, un factor clave fue la reducción del atraso en los trámites”.
Al asumir la actual administración, explicó, “existían más de 58.000 expedientes pendientes de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones, muchos con más de un año de demora. A partir de cambios en la gestión y en los procesos internos, ese número se redujo a poco más de 13.000. Esta mejora implicó que miles de personas accedieran finalmente a sus beneficios, lo que se tradujo en unas 6.700 nuevas jubilaciones adicionales respecto al año anterior”.
“El impacto fiscal de esta regularización fue significativo”, aclaró. Y agregó: “No sólo aumentó el número de beneficiarios, sino que también se generaron pagos retroactivos, ya que las prestaciones se liquidan desde la fecha de solicitud. Este efecto, aunque transitorio, explica una parte sustancial del deterioro financiero reciente”.
Factores coyunturales
Otros factores coyunturales también incidieron. La implementación de leyes pendientes —como la vinculada a asignaciones por embarazos múltiples—, el aumento de ayudas extraordinarias (tratamientos médicos, apoyos a la discapacidad) y un leve crecimiento del seguro de desempleo contribuyeron a elevar el gasto. Asimismo, demoras en transferencias presupuestales de otros organismos obligaron al BPS a cubrir temporalmente prestaciones dirigidas a poblaciones vulnerables.
En perspectiva, las autoridades prevén que estos factores coyunturales no se repitan con la misma intensidad en el corto plazo, lo que permitiría una moderación del déficit. Sin embargo, el componente estructural —envejecimiento poblacional y presión sobre el sistema— seguirá presente.
El desafío, por tanto, no es eliminar completamente el déficit, algo poco realista en el contexto actual, sino mantenerlo en niveles sostenibles. La discusión de fondo gira en torno a cómo equilibrar la protección social con la viabilidad financiera, en un escenario donde la seguridad social continuará siendo una pieza clave del sistema de bienestar uruguayo.