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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el pasado viernes un decreto que tiene como fin anular la política de flexibilización de compra y uso de armas de fuego que instauró su antecesor, Jair Bolsonaro.
"Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección de garantía, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad, pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas", afirmó el presidente en el acto de firma del decreto.
Lula, añadió que no hay informaciones sobre si el aumento de armas de los últimos años está yendo a personas "decentes y honestas" o si es el crimen organizado el que está teniendo "el acceso facilitado por el comportamiento de los gobiernos", en referencia al expresidente ultraderechista.
El nuevo decreto vuelve a implantar limitaciones que Bolsonaro había eliminado: por ejemplo, los Coleccionadores, Disparadores y Cazadores (los llamados CACs en Brasil) antes tenían derecho a comprar hasta 30 armas, pero a partir de ahora serán unicamente seis. Armas como las pistolas de calibre 9mm, .40 y .45ACP vuelven a ser de uso restringido y solo podrán estar en manos de las fuerzas de seguridad (en los últimos años la pistola .40 fue la más comprada en Brasil).
Durante la presidencia de Bolsonaro de 2019 a 2022, el exmandatario dijo que los “buenos ciudadanos” debían tener derecho a proteger a sus familias y bienes, y flexibilizó las disposiciones sobre la posesión de armamento. Aunque la Constitución de Brasil no concede el derecho a poseer armas, Bolsonaro alegó que “un pueblo armado jamás será esclavizado”.
Según cálculos del Instituto Sou da Paz, organización sin fines de lucro y dedicada a dar seguimiento a la seguridad pública, el número de armas en poder de los civiles se ha más que triplicado a 2,9 millones en un país de 214 millones de personas.