“Son denuncias graves, de temas delicados, dolorosos, tristes, que ojalá nunca hubiéramos tenido que investigar, pero que merecen ser investigados con la garantías del debido proceso. Es un caso que provoca alarma pública y gran conmoción entre los uruguayos. Hubiésemos dado una pésima señal si no votábamos este desafuero”, agregó.
Además, siguió Mahía, en este caso la posición del Poder Ejecutivo ha sido preocupante. "La Fiscalía asegura que no fue fácil acceder a las cámaras del Ministerio del Interior. Esto es muy grave. El ministerio y la Policía son auxiliares de la Justicia. Es inconcebible que se dificulte su labor como se plantea en el informe de la Fiscalía. Hubo una actitud institucional del ministro del Interior y de Presidencia que rechazamos. El rol que le compete ante la sociedad en su conjunto no es desde su relación personal o política", afirmó. Y "cuando se conoció que había una serie de denuncias complementarias, se siguió en la misma actitud".
Por los hechos que se describen en el expediente del caso, "se estaría hablando de una red de explotación". Esto "le agrega gravedad a los hechos. El informe indica que Penadés y (el docente Sebastián) Mauvezín son las dos personas en calidad de imputadas en la causa por ahora. Pero la Fiscalía no descarta que se sumen otros imputados".
