Y agregó: “Estoy decepcionado, sorprendido, un poco enojado por la puesta en escena que hizo el gobierno, inflando un escenario que terminó siendo una pompita de jabón que se desvanece en el aire. No hay voluntad por parte del Ministerio del Interior para hacer ningún tipo de acuerdo”.
Leal aseguró que "uno de los temas que planteábamos como posible para acordar, es la necesidad de discutir y diseñar un plan de prevención de homicidio. Porque el Ministerio del Interior presentó un plan que nadie conoce en mayo y los homicidios aumentaron un 40%. Entonces claramente ahí hay un problema".
Pero aparentemente el Ministerio del Interior no parece estar preocupado por el tema seguridad. Según publica este jueves el semanario Búsqueda, en febrero de 2020 a pocos días del cambio de gobierno, el entonces presidente Tabaré Vázquez firmó la resolución por la cual se adjudicó una licitación para adquirir un software de reconocimiento facial. El sistema le iba a permitir al Ministerio del Interior utilizar las casi 9.000 cámaras que están instaladas en la vía pública como dispositivos para identificar personas, al cotejar las imágenes registradas con las que están en poder de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
La compra tuvo un costo de 877.091 dólares. De esa cifra, 638.913 eran para el sistema informático y los 238.178 restantes para su mantenimiento por un plazo de tres años.
Cuando faltan un par de meses para que venza el plazo de mantenimiento estipulado, la tecnología comprada casi tres años atrás "está instalada pero no operativa". Tampoco existe un legado designado por el Ministerio del Interior para la protección de los datos que requiere el funcionamiento -recién "se está instancia de seleccionar la persona y el perfil adecuado-, ni están establecidos los protocolos de uso del software de reconocimiento facial, que todavía están en "instancia de redacción".
Estas fueron las respuestas que la cartera dio ante el Juzgado Letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo de 4º turno, luego de no responder un pedido de acceso a la información pública realizado por Patricia Díaz, coordinadora de Datysoc. Esa organización forma parte de la asociación civil Data Uruguay e impulsa estudios de investigación y acción en el área de derechos digitales y el impacto de las tecnologías de la información en los derechos humanos, según publicó el semanario.
