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Jorge Díaz: Tenemos que resolver el empleo, la seguridad y la pobreza de niños, niñas y adolescentes.
El relanzamiento del Sistema de Gestión de Recursos Públicos (GRPuy), presentado en abril de 2026 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que encabeza Oddone, ha sido destacado como un hito en la modernización del Estado uruguayo.
La plataforma unifica la gestión financiera, presupuestal, administrativa y de recursos humanos en un sistema único, integrando herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos y generación de información en tiempo real.
En términos técnicos, supone un avance relevante: mejora la eficiencia, reduce costos, fortalece la trazabilidad y permite una toma de decisiones más ágil y basada en evidencia.
Con semejante descripción, el sistema exhibido por el MEF, en manos del dueño de la pelota, es un arma mortal, que en palabras de Mario Bergara nos genera una irrefrenable “ilusión” en su acepción de percepción de una irrealidad.
Sin embargo, más allá de sus virtudes operativas, el GRPuy abre un debate político de fondo sobre la distribución del poder dentro del Estado y el rumbo de la gestión pública. Bajo la narrativa de modernización, eficiencia y mejora de procesos, se consolida un movimiento más amplio en el que el MEF, liderado por Gabriel Oddone, viene acumulando centralidad y capacidad de decisión en áreas clave de la política pública.
El sistema no es un hecho aislado. Se inscribe en manifestaciones, declaraciones y actitudes del ministro de Economía que van orientadas en esta misma dirección. También en una serie de transformaciones recientes —en gobernanza de la ciencia y la tecnología, en definiciones laborales y en otros procesos estratégicos— que, aunque presentadas como ajustes técnicos o mejoras de gestión, implican cambios sustantivos en las reglas de juego.
En conjunto, estas medidas tienden a fortalecer al MEF como un “superministerio”, con mayor incidencia en la asignación de recursos, la definición de prioridades y el control de la información.
La pretensión del Ministerio de Economía y en particular del ministro Gabriel Oddone no es un hecho aislado, así como su intención de ganarse la simpatía de las corporaciones empresariales y de algunos analistas de la derecha económica que ve en el mencionado jerarca una garantía de que las corrientes radicales de la izquierda, lo que algunos actores del propio gobierno llaman el “círculo rojo”, no sean capaces de imponer un sesgo más izquierdista a la gestión del Gobierno de Yamandú Orsi.
Tal vez no resulte ocioso recordar que hace un par de semanas, hablando ante representantes de las cámaras empresariales, Oddone revelaba que la Embajada de Estados Unidos lo presionaba, que dichas presiones se hacían insostenibles y que apoyaba la idea del Pacha Sánchez de vender acciones de las empresas públicas ignorando o menospreciando que ya el secretario de la Presidencia había aclarado que sólo proponía una idea que permitiría relocalizar en nuestro país ahorros que tenían los uruguayos en el exterior y que de ninguna manera se le podrían atribuir ideas que él mismo ubicaba en el pensamiento neoliberal.
No es lo único, es conocido que Gabriel Oddone ha manifestado desacuerdos con el ministro de Trabajo confesando no haber siquiera intercambiado opiniones con él; llamó la atención su ausencia en el viaje del presidente a China y ni que hablar su no presencia en el lanzamiento que el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila hicieran en el día de ayer del ambicioso plan estratégico para enfrentar el terrible problema de las personas que viven en lo que eufemísticamente se ha denominada “personas en situación de calle”.
El GRPuy, en particular, concentra en una única plataforma integrada los flujos de información financiera del Estado, reduciendo la intermediación de otros organismos y reforzando la centralidad del MEF en la producción y gestión de datos. La generación automática de información en tiempo real —uno de sus principales avances— también supone que los criterios bajo los cuales se organiza, procesa y analiza esa información adquieren un peso decisivo. Y esos criterios, aunque se presenten como técnicos o neutrales, responden a definiciones políticas.
En este escenario, el debilitamiento relativo de otros espacios de planificación y contrapeso resulta preocupante.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que hoy dirige el exrector de la Udelar, economista Rodrigo Arim, históricamente concebida como un actor clave en la planificación estratégica y el equilibrio dentro del Poder Ejecutivo, aparece cada vez más relegada.
Ya golpeada en administraciones anteriores, su rol en la discusión presupuestal y en la orientación del desarrollo parece diluirse. La expectativa de que figuras con perfil desarrollista pudieran reequilibrar esa dinámica no se ha concretado, y la OPP hoy luce más como un actor testimonial que como un verdadero articulador de políticas de largo plazo.
Este corrimiento tiene implicancias profundas para un proyecto político de izquierda. La centralización de decisiones en el MEF, especialmente bajo una lógica de restricciones fiscales, tiende a desplazar el debate político hacia criterios de eficiencia económica que no siempre contemplan las dimensiones distributivas, sociales y territoriales.
La pregunta clave es política porque quizás la intención es ocultar el contenido político de la elección de las opciones de gobierno y el hecho de que la inteligencia artificial es alimentada y diseñada por actores humanos, con intereses humanos y criterios humanos sobre el sentido de la “eficiencia” y las oscuridades que se esconden detrás de la aparente transparencia de los números.
¿Eficiencia para quién? Se preguntaría un lector inteligente que aprendió con el contador Damiani que los números no mienten y que los que mienten son los que hacen los números.
La incorporación de inteligencia artificial y analítica de datos en la gestión pública refuerza esta tensión. Si bien estas herramientas pueden mejorar procesos, no son neutras: operan sobre parámetros definidos por personas y, por lo tanto, reflejan prioridades y valores. Cuando la toma de decisiones se apoya crecientemente en estos sistemas, existe el riesgo de que se pretenda despolitizar discusiones que son, en esencia, políticas, desplazando del centro a actores como el Parlamento o los propios ministerios sectoriales.
En paralelo, se observa una agenda económica que, para muchísimos frenteamplistas, se distancia de las bases programáticas de la izquierda. Posiciones en torno al lucro en la seguridad social, la ganancia del capital financiero, la política impositiva, la distribución del ingreso o el vínculo con sectores empresariales generan tensiones dentro de la coalición de gobierno. La cercanía del ministro con ciertos actores económicos y su perfil vinculado al mundo de la consultoría alimentan la percepción de un enfoque más alineado con lógicas de mercado que con tradiciones históricas del progresismo uruguayo.
A esto se suma una dinámica en la que otros ministerios, como Trabajo o Industria, pierden capacidad de incidencia frente al peso del MEF. Incluso áreas críticas como el desarrollo social enfrentan restricciones presupuestales que limitan su accionar, en un contexto donde problemas estructurales —como la pobreza infantil, el trabajo de los jóvenes y las mujeres jefas de hogar, la situación de las personas que viven a la intemperie y la deshumanización del sistema carcelario— requieren respuestas muchísimo más robustas que obligan a soluciones que deben avanzarse en forma mucho más concluyente en este período de gobierno, sin apelar a la banalidad de la ridícula advertencia de que no se debería aspirar a “soluciones mágicas” como si los que reclamamos coherencia ideológica y ética fuéramos orates que nunca leímos “el programa”.
Nada de esto implica desconocer la necesidad de modernizar el Estado ni de mejorar la eficiencia del gasto público. El GRPuy, en muchos aspectos, representa un avance en esa dirección. Pero sí obliga a advertir sobre los efectos políticos de estas transformaciones. Cuando las reformas se presentan exclusivamente en términos técnicos, existe el riesgo de invisibilizar los cambios en la distribución del poder y en las prioridades del Estado.
En definitiva, el desafío no es solo cómo gestionar mejor, sino para qué y para quién se gestiona. Sin planificación estratégica, sin debate político sustantivo y sin equilibrio entre los distintos actores del Estado, la modernización puede terminar consolidando un modelo que, aunque más eficiente en términos operativos, se aleje de los principios y objetivos de un proyecto de izquierda.
El relanzamiento del GRPuy, en este sentido, es tanto una oportunidad como una señal de alerta para todos los ciudadanos, todos los lectores y hasta para los propios ministros que cuando vayan a reclamar recursos para cumplir con sus obligaciones frente a los ciudadanos que los votaron y que no los votaron, no reciban negativas supuestamente sostenidas por la “evidencia” y que son expresiones de actores políticos de gente más temerosa de las reglas de la macroeconomía y las que le imponen los poderes fácticos a los más humildes, que además son los más desplazados, los perdedores y las víctimas de la desigualdad.
Me temo que estas reflexiones que he reiterado en varias notas anteriores y que se proponen revisar las acciones del Ministerio de Economía no son sólo mías. Naturalmente que estoy seguro de que son compartidas por muchos frenteamplistas pero en estos días percibo que son también las preocupaciones de círculos más estrechos del Gobierno que con más cautela advierten que, o se aprieta el acelerador, o no llegamos a destino, al menos en los tiempos necesarios.
Ya lo había advertido en conversaciones con algunos ministros y parlamentarios, pero ahora lo manifiesta el propio Jorge Díaz en un reportaje publicado en La Diaria esta semana. “Tenemos que poder resolver el empleo, la seguridad y la pobreza de niños, niñas y adolescentes”, afirmó enfáticamente y sin eufemismos el prosecretario de la Presidencia. “De algún lado hay que obtener los recursos porque la gente no puede esperar. Hay que resolver la pobreza infantil en este período” de gobierno. “Hay que desacoplar las aspiraciones de crecimiento económico de las soluciones sociales urgentes”. “Los que tienen más tienen que pagar más, y los que tienen menos tienen que pagar menos”. Se necesita inversión privada y pública.
A ley de juego, todo dicho. Nada más claro que lo que dice Jorge Díaz. El que quiera oir, que oiga.