Para tomar la decisión que el gobierno anunciará el viernes, fue clave la auditoria de Bureau Veritas que se conoció en los últimos días, que concluye que el astillero "no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega según el contrato" de las patrulleras.
Acciones para rescindir
En esa instancia anunciaron que el gobierno había tomado la decisión de “iniciar acciones” para rescindir el contrato de compra de las dos patrulleras. Dos días después de la conferencia, el gobierno presentó una denuncia penal por indicios de estafa o fraude en la constitución de la garantía. Enseguida el tema fue sumando capítulos, trajo críticas de la oposición y mucha discusión política, que incluso generó la intervención del expresidente Luis Lacalle Pou, que desde que dejó su mandato ha hecho declaraciones públicas en cuentagotas. El expresidente acompañó al directorio nacionalista, que trató el tema, y en rueda de prensa dijo que Orsi "se pasó de rosca" y que existe una "operación política" en el caso Cardama.
Luego, Orsi dijo que el expresidente "tiene derecho a pensar lo que quiera", y que a su vez él podía pensar que a Lacalle Pou “lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron (con la empresa)”. Además, consideró que los jerarcas del gobierno anterior fueron “traicionados o engañados de manera evidente”. A su vez, Cardama acusó al gobierno de no ajustarse al principio de buena fe contractual y amenazó con acciones legales.
