El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, no firmó la declaración, porque su fuerza política votó en contra de la ley. Incluso, cuando se inició el operativo de recolección de firmas, el FA, que es un partido de mujeres y hombres libres, otorgó libertad de acción a sus militantes y a sus sectores, que no son un mero rebaño y actúan según su ideología y convicciones. Ahora que el FA hizo lo mismo, debe soportar el embate de la derecha. La izquierda tiene que mantenerse firme en la crítica a esta ominosa ley y reiterar su promesa de que, en caso de ganar las elecciones, promoverá un amplio debate social para consensuar un nuevo sistema que extirpe los tumores de esta legislación.
Ya está instalada una furibunda ofensiva del oficialismo y de las AFAPs, que invierten toneladas de dólares para convencer a los electores de que, si prospera la reforma, se vendrá una suerte de tsunami y serán confiscados los ahorros de los trabajadores, lo cual es una falacia. La estrategia es la mentira y el miedo.
Para el FA, el argumento más importante para defender su postura y combatir la ley sin apartarse de sus convicciones, es recordar que el Gobierno incumplió su promesa de campaña de no elevar la edad jubilatoria. Esta herramienta dialéctica tiene una contundencia demoledora, ya que ni siquiera el presidente Luis Lacalle Pou –él menos que ningún otro– resiste un buen archivo.
Este plebiscito es un recurso legal de soberanía directa que contribuirá a un amplio y fermental debate, que pondrá en tela de juicio un conjunto normativo homologado mediante un espurio acuerdo político del bloque conservador.
No bien las papeletas que contienen las rúbricas fueron entregadas en el Palacio Legislativo para ser derivadas a la Corte Electoral, el hoy candidato presidencial blanco Álvaro Delgado saltó como un felino enfurecido, afirmando que el “plebiscito es una irresponsabilidad y hará colapsar” al sistema de seguridad social, lo cual es mentira. ¿Por qué le temen tanto a la voz de las urnas los que ensayan permanentes gárgaras con la palabra democracia?
¿Es irresponsable fijar la edad jubilatoria mínima en 60 años de edad y equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo nacional? ¿Es irresponsable promover la eliminación del lucro en el sistema jubilatorio? Por supuesto, no.
Delgado, al igual que otros socios de la coalición derechista que aprobaron este engendro de ley, sabe bien que si en octubre triunfa el plebiscito que reformaría la Constitución, no habría ningún colapso. En cambio, si se mantiene este adefesio, dos de cada tres trabajadores percibirán una pasividad inferior a la que cobrarían en el presente. En efecto, las prestaciones bajarán un 5 % porque se extiende el período de cálculo del monto jubilatorio y porque se elimina la compensación que hoy existe y paga el Banco de Previsión Social, de hasta un 50 % más para los trabajadores no obligados a afiliarse a las AFAPs que se adhirieron a este sistema.
Incluso, el aumento del tiempo de actividad hasta los 65 años de edad afectará a más de un millón de personas. También serán mutiladas las pensiones por viudez y supervivencia, así como las prestaciones por retiro anticipado ante la hipótesis de invalidez e incapacidad. Además, todos los trabajadores estarán obligados a afiliarse a una AFAP en forma compulsiva, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, cuando para los mayores de 40 años la afiliación era voluntaria.
Para ilustrar al lector, destacamos que el 20 % que aporta el trabajador no entra en tu cuenta, sino que se lo queda la administradora por concepto de comisiones y gastos. Del 80 % restante, la mitad aproximadamente se invierte en títulos de deuda y el otro 40 % circula en préstamos, títulos y bonos privados. Es decir, es un negocio jugoso para estas empresas que gestionan el dinero con absoluta discrecionalidad y sin regulación. Esto sí es confiscación.
El único beneficio para los trabajadores que prevé esta ley aprobada por el bloque oficialista es la posibilidad de volver a trabajar luego de acogerse a la jubilación. Empero, mejor que forzar a los pasivos a regresar a la actividad, sería que las pasividades crezcan lo suficiente para que ello no sea necesario. No es fácil reintegrarse al mercado laboral a una edad avanzada, compitiendo con jóvenes por la misma porción de mercado. Salvo excepciones, sólo podrían aspirar a empleos de baja calificación y magros salarios. Incluso, el otro inconveniente, que no es menor, es que muchas de esas personas padecerían eventualmente patologías propias de su edad, por lo cual crecerían sustantivamente los subsidios por enfermedad, que también financia el sistema de seguridad social.
Delgado, que parece muy preocupado por los 23.000 millones de dólares de ahorros que tienen en sus arcas las AFAPs como si fueran propios, se olvida o se hace el distraído respecto a los 2.500 millones de dólares que debió invertir en 2017 el Estado para pagarle a los cincuentones y tapar el agujero dejado por estas empresas.
Si prospera el recurso en las urnas, no habrá ningún colapso ni serán confiscados los dineros de los uruguayos. Además, el candidato blanco obvió que más del 60 % de los primeros jubilados por el sistema mixto reciben promedialmente de las AFAPs pasividades de apenas $3.000 o $4.000.
El colapso ya lo provocó la derecha con la ruinosa reforma jubilatoria de 1996, con la crisis de 2002, con esta perversa ley, bajando salarios y jubilaciones y aumentando la pobreza y la indigencia. Esta derecha es especialista en inventar cucos; sin embargo, todos los desastres los provocó ella.
En 2023, Rentas Generales invirtió casi 500 millones de dólares para solventar el déficit del BPS. Esta brecha se puede cubrir con menos de un punto de PBI, que el año pasado sumó más de 77.000 millones de dólares. El gran capital recibe exoneraciones equivalentes a seis puntos de PBI, lo cual suma más de 4.000 millones de dólares anuales que salen de nuestros bolsillos. Esto sí es una confiscación y no lo que denuncia la derecha con respecto a los ahorros de los trabajadores depositados en la caja de las administradoras.
El Estado es la única garantía de que los dineros de los trabajadores estén a buen resguardo y que no sean rapiñados por administradoras privadas que, en lo que atañe a las pasividades mínimas –fijadas a enero en $18.800 pesos–, suelen pagar no más de $200, $300 o $500, e incluso hasta $1 o $2, lo cual es escandaloso.
