Si bien la mentira al Parlamento no está penalizada, resulta inocultable la responsabilidad del Gobierno de Lacalle Pou en la entrega de un salvoconducto que le permitió fugarse a Marset.
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Dos hechos de corrupción de diversa naturaleza perpetrados por miembros del Partido Nacional acapararon la nutrida agenda pública la pasada semana.
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La oposición no comparte que “la democracia es acción y no un eslogan”, como lo proclamó el presidente, porque para ellos es sí un mero eslogan y se reduce a la rutina de votar cada cinco años, a los efectos de viabilizar la alternancia en el poder.
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La derecha, es la campeona de los ajustes fiscales de carácter regresivo, que rigieron, por ejemplo, durante la presidencia del blanco Luis Lacalle Herrera y en el ruinoso gobierno de coalición blanqui-colorada encabezado por Jorge Batlle.
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Es claro que Cardama no era ni es confiable para nadie, excepto para el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
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Lo que le sucede a la oposición de derecha, que siempre parece olvidar lo que le conviene olvidar para blindarse contra la culpa y el estigma de la corrupción.
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Estados Unidos siempre fue funcional a los partidos tradicionales y estos le devolvieron la gentileza, haciendo la vista gorda ante agresiones militares del imperio
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Estados Unidos, que históricamente desplegó una política expansionista procurando apropiarse de los recursos de América Latina, dio el zarpazo final al engullirse a Venezuela.
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La agresión contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro y fue la culminación de una larga campaña de bloqueo económico y, desde agosto pasado, militar.
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El Partido Colorado, al cual pertenece Andrés Ojeda, que tiene 189 años de vida y gobernó el país durante más de un siglo de nuestra vida independiente, es claramente un violador contumaz de la Constitución de la República.