“No se pudo visualizar la dimensión del Comité Técnico, autoridad administrativa y de gestión del fideicomiso, agravado por la ausencia de actas que respaldan su actuar”, destaca el informe, y agrega que “no cuentan con un sistema de información íntegro” para la gestión del Registro Único de Participantes del Plan Juntos (RUPP), y que tampoco se puede “asegurar el uso adecuado de los fondos asignados por concepto de cajas chicas y vales sociales”, dado que estos son transferidos a cuentas personales y no de la institución. “Asimismo, los vales sociales, hasta principios del 2022, eran rendidos sin un control de su pertinencia”, añaden.
Los auditores subrayan también que el proceso de compras “no cuenta con un sistema integral de información” que les permita hacer un “seguimiento y visualizar su trazabilidad”, situación que se ve agravada por las dificultados en la comunicación y amalgamiento en la gestión de las áreas intervinientes.
En este sentido, el FA pidió que se le entregue el informe realizado por la Auditoría Interna de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, la fuerza política busca saber cómo fueron “los mecanismos de compra y adquisición de todos los materiales utilizados para la construcción de soluciones habitacionales”.
