En ese sentido, cuestionó la interpretación de que aquella normativa hubiera quedado sin efecto por los numerosos recursos de inconstitucionalidad que recibió. "Paradojalmente los recursos de constitucionalidad de aquel momento la fortalecieron porque el grueso de la ley nunca fue revertido por la Corte", afirmó.
A su entender, el problema durante el tercer gobierno del Frente Amplio no fue la inconstitucionalidad de la norma, sino su falta de aplicación.
Cambios limitados, pero en la dirección correcta
Gómez sostuvo que las modificaciones reglamentarias aprobadas al inicio del actual gobierno fueron una primera señal, aunque con un alcance necesariamente acotado. "Me pareció una señal, pero limitada, porque no podía ser otra cosa que retocar decretos", expresó, al recordar que un decreto no puede modificar una ley aprobada por el Parlamento.
Entre los principales cambios, destacó tres aspectos: una reducción de algunas flexibilidades para la concentración de medios, restricciones a la extranjerización de la propiedad y mayores exigencias de transparencia.
Pese a valorar la orientación de la reforma, Gómez consideró que las modificaciones no alcanzan para revertir los cambios más profundos introducidos por la legislación aprobada durante el gobierno anterior. "Esta norma es positiva, es un avance, en mi opinión no es suficiente", afirmó.
No obstante, reconoció que el escenario parlamentario condiciona el alcance de las reformas. "No tenemos mayoría parlamentaria, seguramente jugó (...) las posibilidades reales de cambio. El escenario de cambiar toda la ley de medios anterior no estaba arriba de la mesa", señaló.
En ese contexto, entendió que la estrategia del Ejecutivo fue avanzar sobre algunos aspectos específicos. "Cambiar algunos artículos, por ejemplo, que recorten el exceso de permisividad para que un grupo económico pueda concentrar medios, a mí me parece bien. Cortar la posibilidad de extranjerización de los medios (...) a mí me parece bien y mejorar la transparencia de la propiedad de los medios", sostuvo.
La concentración sigue siendo el principal pendiente
Para Gómez, el mayor déficit de la reforma es que mantiene vigentes los límites de concentración establecidos por la Ley 20.383, aprobada durante la administración de Lacalle Pou.
Explicó que esa normativa elevó la cantidad de licencias de televisión para abonados que puede controlar un mismo titular. "Antes eran tres medios, por ejemplo de televisión para abonados; pasó a ocho con la nueva legislación", indicó.
A su juicio, ese cambio benefició especialmente a grandes grupos empresariales. "Con nombre y apellido, Grupo Clarín", afirmó.
Según sostuvo, la Rendición de Cuentas no modifica ese aspecto central de la legislación. "Bajar la cantidad de medios que una persona o una empresa pueda tener, no están bajados. Yo te diría que es el debe mayor", advirtió.
En esa línea, concluyó que, aunque el proyecto introduce correcciones sobre algunos de los puntos más cuestionados de la ley vigente, "el grueso es que Clarín puede seguir teniendo ocho medios, que los grupos mediáticos pueden tener en Montevideo cinco medios o seis".
