En ese sentido, recordó que mientras los balances anuales del país informaban sobre delitos como rapiñas u homicidios, no se incorporaban los trabajadores que fallecían, resultaban lesionados o quedaban con discapacidad como consecuencia de accidentes laborales.
Puig vinculó el cambio de enfoque al debate generado en torno a la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Recordó que, durante su discusión, algunos sectores empresariales y dirigentes políticos cuestionaban la iniciativa al sostener que su propósito era encarcelar empleadores. "Nosotros decíamos no, el objetivo es priorizar el tema de la prevención laboral", señaló.
A su juicio, ese debate permitió instalar el tema en la agenda pública y derivó en avances concretos en materia preventiva. Entre ellos mencionó la contratación de técnicos prevencionistas, la discusión sobre nuevas formas de organización del trabajo y la aprobación, en 2014, de la ley junto con decretos relevantes, como el 125 para la construcción.
Ese proceso, indicó, permitió que entre 2016 y 2019 los accidentes laborales descendieran de forma sostenida.
"Vuelta del Estado" y "cambio cultural"
De acuerdo a Puig, la situación cambió tras la pandemia. Si bien en 2020 los accidentes disminuyeron significativamente debido a la reducción de la actividad, a partir del año siguiente comenzó una suba sostenida hasta 2024.
Para Puig, ese escenario coincidió con una menor presencia estatal en los lugares de trabajo. "Esto coincidió con una ausencia del Estado en territorio, lo cual provoca impunidad, donde el tema de la siniestralidad laboral no parecía ser una preocupación a la altura de lo que ello significa", afirmó.
El inspector explicó que, de acuerdo con las proyecciones realizadas a partir de esa tendencia, en 2025 deberían haberse registrado 3.194 accidentes por cada 100.000 cotizantes. Sin embargo, el informe cerró con una incidencia de 3.006 siniestros por cada 100.000 trabajadores registrados.
A su entender, ese resultado no puede atribuirse únicamente a la actuación del Ministerio de Trabajo, sino a una estrategia más amplia. "Tiene que ver con una estrategia con el compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo", afirmó.
Puig explicó que esa política combina la presencia del Estado con la articulación entre empleadores y trabajadores, campañas de sensibilización, acciones de capacitación y una mayor presencia inspectiva en todo el país.
Recordó que el lanzamiento de esa estrategia se realizó el 1° de abril del año pasado en la Torre Ejecutiva, con la participación del presidente Yamandú Orsi, y que desde el inicio se buscó evitar que quedara limitada a Montevideo.
"Si esta iniciativa no es capaz de cruzar el Río Negro, en realidad va a ser papel pintado que no le va a cambiar la vida ni las condiciones de trabajo a nadie", expresó al recordar el planteo realizado durante esa presentación.
Como ejemplo, mencionó que apenas un día después del lanzamiento comenzaron actividades en Salto y, 48 horas más tarde, en Bella Unión, donde se desarrolló una campaña de prevención en el sector de la caña de azúcar que se extendió durante 11 semanas.
Según detalló, esas acciones incluyeron tareas de prevención, capacitación, fiscalización y sanciones cuando correspondía, lo que, a su juicio, comenzó a generar cambios en la cultura de la seguridad laboral. "Ese proceso implicó un cambio, el comienzo de un cambio cultural. Siempre los cambios culturales llevan mucho tiempo", sostuvo.
Puig agregó que, junto con la estabilización de la siniestralidad general, también se observa una reducción de los accidentes laborales mortales.
De todos modos, remarcó que los resultados no son suficientes y descartó que exista conformidad con la situación actual. "¿Estamos conformes? No, en absoluto. Las cifras siguen siendo inaceptables, pero han bajado mucho los accidentes en general y los accidentes mortales en particular", concluyó.
