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El sociólogo Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), dijo este viernes que están analizando presentar un recurso contra el decreto que flexibiliza el empaquetado de las cajillas de cigarrillos.
“Estamos por tomar alguna medida porque además el presidente estuvo desafiando. (…) Estamos evaluando cuales son las medidas que se van a tomar. No solo viola cómo se tomaron las medidas, sino que todo lo que impacta. El lunes es el plazo límite para proponer un decreto. Nos dejan muy poca de acción. Alguna acción se va a hacer las acciones legales, sobre todo por la financiación de la campaña. Lo que se va a presentar va a ser integral sobre cómo violan la normativa”, dijo Rodríguez a Desayunos Informales.
Consideró que el Gobierno rompió con el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco ratificado por la Ley 17.793.
“Esa medida del empaquetado neutro responde a un convenio de salud pública. Se le llama Convenio Marco, que es internacional y es un tratado vinculado. Al afectarlo, estamos afectando a la salud pública. De ahí parte la discusión, porque se dice que esto es por el contrabando. Y para el contrabando hay otras medidas. Si se quiere ir por el tema del contrabando, hay otros caminos, no es modificando algo que es de salud pública”, indicó.
Con el cambio del empaquetado, se rompe al estandarización, afirmó.
“Las declaraciones de (Rodrigo) Ferres (Prosecretario de la Presidencia) dicen que en un par de años vamos a ver qué pasa. No, es la salud de la gente. ¿Dentro de unos años qué vamos a saber, si se enferma o muere más gente? Esas no son formas de tomar medidas.Las medidas tomadas en este Convenio Marco son tomadas con evidencia. El empaquetado neutro y duro tiene un impacto en el consumo y en el precio, y eso es lo que queremos”, alertó.
Afirmó que la industria no puede financiar espectáculos públicos ni reunirse con estos motivos con las autoridades.
“No prohíbe reunirse con las autoridades, pero con la sociedad civil de observadora, una reunión abierta, con actas. El financiamiento es ilegal. Estamos evaluando con un equipo legal las medidas que se van a tomar”, agregó.