"Históricamente, salvo muy pocas excepciones, han sido representantes de grandes cámaras", sentenció la candidata al cuestionar la falta de sintonía de la conducción empresarial con la base real de los aportantes. Esta desconexión genera apatía y desinterés en el electorado, que muchas veces percibe que las decisiones del BPS se toman a espaldas de sus problemas diarios.
Para contrarrestar este fenómeno, la lista 21 ha articulado una propuesta basada en el contacto directo y el trabajo territorial. La conformación de su equipo incluye a referentes de asociaciones como ANMYPE, el Centro Talleres Mecánicos de Automóviles del Uruguay y delegados de sociedades de fomento rural. "Al ver un tallerista en la lista, al ver el que tiene un monotributo en la lista, se va despertando" el interés por participar, afirmó Álvarez, destacando que su campaña se sostiene en el esfuerzo cotidiano y en el mano a mano con la gente.
Convenios de pago viables y fin del ahogo financiero
Uno de los aspectos más críticos señalados por la candidata refiere al tratamiento de las deudas empresariales y los mecanismos de refinanciación vigentes. Álvarez advirtió que los regímenes actuales suelen concebirse mediante normativas rígidas que no contemplan las fluctuaciones económicas ni las particularidades de los diferentes rubros y tamaños de emprendimientos.
En la práctica, explicó, muchos pequeños empresarios aceptan convenios que terminan resultando leoninos, ya que deben afrontar simultáneamente las cuotas mensuales de la regularización y los aportes corrientes. "La gente firma un convenio y después tiene que pagar una cuota elevada del convenio porque no había otra opción, más el aporte mensual, y ahí pierde el negocio", alertó. Por este motivo, su plataforma plantea rediseñar el sistema de facilidades para que los convenios sean sostenibles, evitando que los contribuyentes caigan en un espiral de endeudamiento crónico o se vean empujados a la informalidad para subsistir.
Más humanidad
Si bien la digitalización de los trámites estatales ha significado un avance en eficiencia operativa, Álvarez advirtió sobre los efectos colaterales negativos que ha traído la sustitución sistemática del factor humano por la tecnología. Hoy en día, recorrer las dependencias del organismo implica muchas veces enfrentarse a oficinas semivacías donde los ciudadanos interactúan únicamente con tótems informáticos o interfaces virtuales que no contemplan los matices de los casos particulares.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a los pequeños empresarios del interior del país y a aquellos microemprendedores que no cuentan con los recursos económicos para contratar estudios contables permanentes. Ante este escenario, la candidata reivindicó la necesidad de bregar por una gestión más empática que recupere la figura del funcionario especializado, capaz de escuchar, orientar y destrabar situaciones complejas mediante una atención presencial y cercana.
Fiscalización educativa y desarrollo rural
Hizo referencia al combate a la informalidad y la presión fiscal que soportan los comercios formalmente instalados. Frente a los reclamos del sector formal sobre la competencia desleal, Álvarez propuso abordar esta problemática desde una perspectiva constructiva y no meramente punitiva.
A su criterio, es imperativo distinguir entre la evasión consciente de mala fe y aquella situación a la que las circunstancias económicas o el peso de las multas y recargos terminan arrastrando a los pequeños contribuyentes. En consecuencia, defendió la implementación de una «fiscalización educativa», orientada a relevar las causas del problema, otorgar plazos razonables, asesorar y facilitar los caminos de regularización en lugar de asfixiar al comerciante con sanciones inmediatas.
Asimismo, la plataforma destaca la integración del sector agropecuario de pequeña escala a través de las sociedades de fomento rural. Álvarez, quien integra la directiva de un fomento rural en Rincón de Velázquez, subrayó el rol comunitario y productivo que cumplen estas organizaciones en el interior profundo, proveyendo alimentos a las ferias y mercados mientras enfrentan vicisitudes similares a las del comercio urbano.
Hacia un nuevo horizonte en la seguridad social
La postulación de Graciela Álvarez sintetiza una demanda largamente postergada: dotar al directorio del Banco de Previsión Social de una sensibilidad empresarial anclada en el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la economía desde las bases. Su propuesta conjuga el rigor técnico aportado por décadas de labor institucional con la empatía de quien conoce de cerca los costos de mantener un emprendimiento en pie.
De cara a los comicios del próximo 22 de noviembre, el mensaje transmitido en Legítima Defensa convoca al empresariado nacional —especialmente al minoritario, al monotributista y al productor rural— a apropiarse de este espacio de representación. Con propuestas orientadas a flexibilizar los convenios de pago, humanizar la atención al público y promover una fiscalización con criterio educativo, la lista 21 se posiciona como una alternativa firme para transformar las prioridades del BPS y ponerlas, definitivamente, al servicio de la gente, concluyó.