El TCP se había referido a este asunto el pasado 28 de marzo, cuando en un documento que fue enviado al Plenario, sugerían "archivar actuaciones" sobre Nuñez y que no se le aplique ninguna sanción.
Previo a la renuncia de Nuñez a su banca en abril, cuatro integrantes del Tribunal consideraban que el exlegislador denunciado "no ha tenido el manejo más adecuado, al no tener en cuenta las repercusiones que la misma tiene cuando se ejerce un cargo público de representación institucional, y correspondería su alejamiento del cargo de representación política hasta la finalización de la legislatura”.
Por otra parte, otros cuatro integrantes del tribunal sostenían lo siguiente: "no se han comprobado hechos que constituyan una falta en la actividad política, ni hechos de la vida privada del denunciado que por su gravedad pudieran tener repercusión sobre su reputación o el de la fuerza política, por lo que no corresponde la aplicación de sanción”.