Incentivo laboral
El proyecto busca focalizar políticas de incentivo laboral en sectores con mayores dificultades de inserción. Entre ellos, personas trans, afrodescendientes, personas liberadas del sistema penitenciario o que aún cumplen medidas restrictivas de libertad, así como integrantes de hogares monoparentales en situación de vulnerabilidad.
Según Barreto, durante el tratamiento parlamentario la oposición planteó incorporar otros grupos, como la población migrante. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo consideran que esos colectivos ya están comprendidos dentro de las categorías previstas o que las herramientas incluidas en la ley son suficientemente flexibles para adaptarse a diferentes realidades territoriales y sociales.
Condiciones laborales de migrantes en Uruguay
El subsecretario recordó además que recientemente participó en la presentación de un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL sobre las condiciones laborales de migrantes en Uruguay. De acuerdo con ese informe, los migrantes no enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo respecto a la población nacional, aunque sí padecen altos niveles de precarización y subutilización de sus capacidades profesionales.
“Hay una distancia sideral entre las capacidades profesionales de muchos migrantes y el empleo que obtienen”, señaló Barreto, quien atribuyó parte de esa situación a trabas burocráticas vinculadas al reconocimiento de títulos y certificaciones.
Impacto de la ley
Respecto al impacto de la ley, el jerarca distinguió entre efectos cuantitativos y cualitativos. En el primer plano, sostuvo que no debe esperarse una disminución drástica del desempleo únicamente a partir de esta norma.
“No hay que tener un misticismo o un fetichismo normativo, legislativo”, expresó. Y añadió que el proyecto debe entenderse como una pieza dentro de una estrategia más amplia orientada a mejorar el empleo y las condiciones de acceso al trabajo. En cambio, Barreto remarcó que la iniciativa sí puede tener efectos relevantes desde el punto de vista cualitativo, especialmente en la reducción de prácticas discriminatorias en el mercado laboral.
“La norma facilita el acceso al empleo de colectivos que tienen problemas de acceso”, afirmó, y consideró que el proyecto puede transformarse en una herramienta importante para combatir desigualdades persistentes. El subsecretario también destacó que el texto contempla mecanismos que permitirán adaptar políticas a situaciones específicas en distintas regiones del país, particularmente en zonas fronterizas y del litoral, donde los indicadores de desempleo suelen ubicarse por encima de la media nacional.
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