Los integrantes de esa defensoría organizados en la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU) cumple un rol fundamental no solo en la defensa cotidiana de los ciudadanos en las diversas materias judiciales, sino en el servicio de asesoramiento en defensa de los Derechos Humanos.
Desde esa asociación se ha denunciado en el Comité de Derechos Humanos de la ONU "la creciente preocupación sobre en el accionar policial al momento de las detenciones, que incluían no solamente el uso excesivo de la fuerza en los procedimientos policiales llevados a cabo (allanamientos y detenciones), sino que también se observaba una forma de actuar ilícita en los interrogatorios de los detenidos o indagados en las seccionales policiales, todo lo que se traducía en una práctica por momentos frecuente en los cuerpos policiales que investigan los delitos.”
Y es tema se une a otros de los organismos que no ha recibido asignación presupuestal: la fiscalía especialidad en delitos de Lesa Humanidad; ésta ha sido una de las tantas instituciones que por su rol, la Observación Preliminar del Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada recomendó la necesidad de dotarla con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.