Una cabeza y brazos flotando en Punta Carretas, ejecuciones múltiples en descampados, cuerpos desmembrados, desintegrados en ácido y personas calcinadas hasta su muerte, podrían encajar en la recurrente excusa ministerial sobre los “ajustes de cuenta” entre delincuentes y los “enfrentamientos” entre bandas criminales. Pero la combinación de estos episodios con la cantidad de víctimas inocentes que quedan en el medio de tiroteos (muchas a plena luz del día y en plazas públicas) y los crecientes ataques a balazos sufridos por la Policía Nacional en algunos barrios de Montevideo, evidencian el rotundo fracaso respecto de los objetivos trazados en materia de seguridad y un desconcertante rumbo de la gestión del Ministerio del Interior (MI).
Más homicidios, más muertes dudosas
Cinco asesinatos en las primeras 48 horas de 2024, y un total de 22 homicidios en los últimos 11 días, marcan una preocupante tendencia al alza de un delito estadísticamente inobjetable que marca el pulso de la percepción de inseguridad.
Obstinados en encontrar modos para comparar positivamente las actuales cifras de delitos con las anteriores gestiones, los fríos números de los homicidios registrados durante el gobierno de Luis Lacalle Pou son una cachetada a la soberbia ministerial expresada en la gestión de Luis Heber que, tras su precipitada renuncia, dejó la posta a Nicolás Martinelli, aparentemente más preocupado y receptivo que su antecesor.
Tras analizar los datos que brinda el Observatorio de Convivencia y Criminalidad del MI (actualizados hasta setiembre de 2023), podemos dar cuenta de que nos encontramos ante el gobierno con mayor índice de homicidios desde que se lleva registro en el país.
En los primeros 43 meses del actual gobierno -de marzo de 2020 a setiembre de 2023- se produjeron un total de 1239 homicidios, 130 más que los 1109 registrados en igual período del último gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
A su vez, llama la atención el repentino incremento de “muertes dudosas” a partir de 2020 que expuso un informe publicado por el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), financiado por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en coordinación con el MI.
La razón entre casos de muertes dudosas y el total de homicidios pasó de un promedio de 25 % en el anterior quinquenio a más de 50 % en los dos últimos años del actual gobierno. Superando ampliamente el límite establecido por el Protocolo de Bogotá de un máximo de 10 % de casos indeterminados respecto a los homicidios registrados.
“En los años 2020, 2021 y 2022 las muertes dudosas, en promedio, superaron casi en un 80 % al promedio anual de 2014 a 2019”, indicó el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir durante la última interpelación al exministro Heber, el pasado 27 junio. El legislador añadió que, en el último gobierno del Frente, el promedio anual de muertes dudosas fue de 80, y en lo que va de esta administración el promedio es de 176”.
Desprotección en barrios y espacios públicos
Es indiscutible que el crecimiento de homicidios es en gran parte atribuible a mayores enfrentamientos y venganzas entre bandas criminales ligadas al narcomenudeo, que cada vez aplican modos más violentos, al tiempo que incrementan su poder de fuego.
Pero estos episodios ocurren a la luz del día a pocos metros de plazas, escuelas, comisarías y hasta en la propia Plaza Independencia, frente al edificio de Presidencia, como ocurrió el 19 de noviembre, cuando dos bandas se tirotearon desde dos autos, y la principal entrada del Teatro Solís quedó agujereada por varios balazos.
Esta impunidad y descontrol conlleva a que la mayoría de las personas que habitan en las zonas con índices más altos de homicidios y rapiñas se sientan amenazadas por las bandas criminales, y desprotegidas y aisladas -por falta de garantías de seguridad- de los servicios públicos esenciales como el transporte. Pero lo que es aún más preocupante es la secuencia de casos de personas asesinadas y heridas que nada tenían que ver con el conflicto criminal en las que quedaron inmersas en plena vía pública.
Por ejemplo, el 24 de diciembre del pasado año, en Peñarol, fue asesinada Kiara, una adolescente de 14 años que se encontraba con sus amigas en una plaza del barrio y se tiró a proteger a una bebé de los disparos efectuados por un conocido delincuente de la zona que ya fue formalizado por la Justicia y encarcelado. Algunas horas más tarde, mientras hacía fila en la entrada de un boliche de Durazno, Valentina, de 20 años, fue herida en la cabeza por un disparo de arma de fuego que fue efectuado desde un auto que pasó por el lugar gatillando varias veces hacia un numeroso grupo de personas.
A mediados de diciembre, una plaza del barrio Marconi se convirtió en escenario de varios tiroteos entre criminales que dejaron un saldo de una mujer y una niña con heridas de balas a plena luz del día; al tiempo que en la localidad de Progreso una niña también fue alcanzada por un proyectil disparado durante un tiroteo entre vecinos.
Habrá que esperar los resultados que arroje en los próximos meses el innovador plan que el nuevo secretario de Estado implementó junto al asesor y coordinador de las Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, Diego Sanjurjo, que pretende pacificar las zonas más conflictivas de Montevideo con la ayuda de “actores comunitarios”, que actúan como referentes barriales para ayudar al Ministerio a minimizar la violencia y reducir los homicidios y los conflictos criminales en la zona.
Por lo pronto, los primeros indicios no son muy auspiciosos en la medida que sigan produciéndose enfrentamientos y ataques con alto poder de fuego en medio de plazas, a plena luz del día, donde inocentes niños y trabajadores son heridos en las balaceras.
Policías son recibidos a tiros
Durante el último semestre de 2023, sucedieron una serie de episodios que pusieron en duda la respuesta y la autoridad policial en determinados barrios de Montevideo.
El 6 de agosto, agentes policiales que iban en un patrullero persiguiendo a un auto robado fueron atacados a balazos y pedradas en inmediaciones de Boix y Merino, entre el arroyo Malvín y la calle Espronceda, en el barrio Malvín Norte. Según el reporte de Noticiero Nacional, el patrullero recibió disparos desde el vehículo, pero también de personas que se encontraban en la zona, que además arrojaron piedras; lo que provocó que los policías desistieran de la persecución para solicitar apoyo.
El 16 del mismo mes, una rapiña en un colegio del Cerrito de la Victoria derivó en una descontrolada persecución policial, que terminó con una bala impactando en la fachada de otro colegio ubicado en San Martín y Rafael Hortiguera donde los niños estaban en pleno ingreso a clases. Un padre narró a Telemundo que los ladrones y policías se enfrentaron cerca de él y de sus hijos, que entraron llorando. La persecución continuó hasta el barrio 40 Semanas, pero el patrullero sufrió un accidente y cayó en una cuneta, permitiendo que los ladrones perpetúen su huida.
El 21 de setiembre, efectivos de la Policía concurrieron al barrio Tres Ombúes por una denuncia de tiroteos en la zona y fueron recibidos a tiros en la intersección de Antonio Bachini y Rómulo Muñoz Zeballos por un grupo de diez jóvenes que dispararon una cuarenta veces, logrando impactar en tres oportunidades al patrullero, aunque ningún policía resultó herido y, tras repeler el ataque y solicitar apoyo, lograron capturar a cuatro de los jóvenes delincuentes de entre 16 y 23 años, y le incautaron a los detenidos dos pistolas de 9 mm –una marca Glock–, una escopeta, dos cargadores de 75 municiones y otro de 17, además 45 proyectiles y seis cartuchos de calibre 12.
En la madrugada del pasado 8 de diciembre, policías del Grupo Puma que patrullaban en la zona de la Cruz de Carrasco quedaron arrinconados por delincuentes que los recibieron a disparos con armas automáticas, por lo que los efectivos tuvieron que solicitar el apoyo de un vehículo blindado para poder salir de la zona de los pasajes de Antonio Pereira y Oncativo, zona donde en el segundo semestre de 2023 ocurrieron ocho asesinatos, además de continuos tiroteos denunciados por los vecinos del barrio.
En tanto, el pasado 12 de diciembre se produjo un tiroteo entre policías y delincuentes frente a la seccional 17 de Montevideo, ubicada en Casavalle, y, tras el intercambio de disparos, los sospechosos abandonaron el auto en el que se movilizaban y escaparon hacia el barrio Borro, según consignó Subrayado con información de fuentes policiales. En el auto, que luego dejaron abandonado los delincuentes, la policía incautó un fusil de asalto AK-47, que fue descartado por los sospechosos tras la persecución.
Al día siguiente, el ministro Martinelli fue entrevistado por Gabriel Pereyra en VTV y, al ser consultado por el nivel de armamento que poseían las bandas criminales, quiso minimizar su poder de fuego, negando que estos tengan fusiles de asalto como AK-47, omitiendo que la noche previa fue incautado uno de esas características en Casavalle.
Una de las tareas que debe enfrentar el joven abogado al mando de la candente secretaría de Estado es colaborar con la fiscalía que lleva adelante una investigación que involucra a varios efectivos policiales con el tráfico de armas a la familia Albín, uno de los clanes criminales que disputa el liderazgo en el barrio Villa Española.
La corrupción policial, el tráfico ilegal de armas, la desinteligencia de los servicios, el descontrol del gran narcotráfico y una desahuciada gestión carcelaria son otros de los aspectos que ponen en cuestión a la actual política de seguridad y merecen ser analizadas con una profundidad y transparencia que este Ministerio no ha mostrado.
