2023, un mal año de un mal gobierno

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No se trata acá de juzgar intenciones, porque seguramente todos los que llegan al gobierno tienen las mejores. O eso creen. Pero las abuelas siempre decían: “De buenas intenciones está plagado el camino hacia el infierno”.

Sin fanatismos, a los gobiernos debemos calificarlos por sus acciones y resultados. Lamentablemente, en estos tiempos priman más los odios que el razonamiento. Y así es muy difícil construir.

Es cierto que este gobierno debió enfrentar dos situaciones críticas: la pandemia y la sequía que dejó a medio país sin agua potable.

La pandemia, que afectó a todo el mundo, acá se resolvió relativamente bien, aunque a un costo altísimo en vidas. Tal vez nunca sabremos con certeza cuántas muertes podrían haberse evitado. Pero pese a la gravedad del tema, la ciencia, el sistema de salud y la gente, sobre todo la gente, lograron superarlo.

La crisis del agua fue diferente. Tal como ha sido la constante, el Gobierno culpó a los Gobiernos del FA por no haber hecho las obras necesarias. Pero ellos tampoco las hicieron y las soluciones fueron improvisadas. Desde la desalinizadora que por 15 centímetros no entró en el avión Hércules y demoró dos meses en llegar, hasta el desvío de un río que se terminó cuando empezó a llover, pasando por el proyecto Arazatí que a un costo de 300 millones de dólares hipoteca a OSE, pagaremos todos y no será solución final.

La promesa electoral era no subir los combustibles, pero los datos indican que a valores de enero de 2020 (nafta super 60.64) y diciembre del 2023 (75.54) subieron un 25 %, cuando los dos componentes principales de su costo sufrieron menores incrementos. Tomando el mismo período, el barril de petróleo costaba 65.15 dólares y hoy 78.16; es decir, subió un 20 % y el dólar estaba a 36.50 y hoy a 39.03, por lo que subió menos de un 10 %.

Prometieron construir 50.000 viviendas y 136 liceos. Quedó en promesas porque las cifras revelan que ni cerca han estado.

La política internacional se sustentó en dos aspectos: lograr que el Mercosur nos permitiera acuerdos bilaterales y el TLC con China. Nada avanzó. Pero tampoco se abrieron nuevos mercados para los productos uruguayos. La Cancillería fue otro fracaso y peor, como veremos más adelante.

Pocos gobiernos en nuestra historia han tenido una tasa tan alta de sustitución de ministros y jerarcas. Alguno como Pablo Bartol en el MIDES no duró ni dos meses. De 15 ministros nombrados el 1º de marzo del 2020, casi cuatro años después solo permanecen 5. Y algunos debieron renunciar por su vinculación con hechos de corrupción.

Pero lo peor de todo es que este pequeño país, sin grandes conflictos, sin cataclismos naturales, con posibilidades de alimentar a centenares de millones de seres humanos, tiene una tasa de pobreza infantil que debería avergonzarnos a todos.

El año de los escándalos políticos

El año 2022 nos había dejado dos escándalos mayúsculos: Alejandro Astesiano y Sebastián Marset. Pero el 2023 reveló circunstancias gravísimas de ambos casos.

El exencargado de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou había instalado en el 4º piso de la Torre Ejecutiva su “oficina de negocios”, los cuales incluían inversiones y adjudicaciones de licitaciones, entre otros.

Solo se lo formalizó por contribuir a gestionar pasaportes para ciudadanos rusos. Pero la Fiscalía aún no se expidió sobre otros asuntos más graves. Por ejemplo, cuál fue su papel en las licitaciones ganadas por la empresa Vertical Skies tanto en UTE como en el Ministerio de Defensa.

O cuál fue su participación en la licitación para cortar los eucaliptus ubicados en la zona donde se construiría la ampliación de la ruta 9 hasta Rocha. Curiosamente, por la misma época en cercanía de San Carlos aparecieron un par de vendedores de leña que acumulaban miles de toneladas de esos mismos árboles, según lo reconocieron, que vendían casi a mitad de precio. ¿Cuál fue y quién hizo el negocio? ¿Qué papel le cupo a Astesiano? ¿Qué autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo autorizó?

¿Cuáles eran los vínculos y el negocio entre Alejandro Astesiano, el empresario Nelson Choroszucha y Vertical Skies?

Estos son apenas tres temas que, entre muchos otros referidos a la causa, tiene para investigar la fiscal Sabrina Flores.

Los chats de Astesiano aún guardan muchos secretos.

El pasaporte otorgado a Sebastián Marset tuvo una particular circunstancia que sería un enorme escándalo en cualquier país, menos aquí. Recién a principios de noviembre pasado supimos a través de la declaración en fiscalía de la exvicecanciller Carolina Ache que, un año atrás, varios integrantes del Poder Ejecutivo y algunos legisladores del Partido Nacional se habían organizado para mentirle al Parlamento, durante una reunión realizada en una propiedad de Interior en el Prado.

La idea era que en la interpelación convocada por el Senado en agosto del 2022 la oposición no conociera el contenido de un intercambio de mensajes entre Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, y Ache, en los que aquel advertía que “Marset era un narco peligroso”, antes de entregarle el pasaporte.

Vale recordar que el canciller Francisco Bustillo, que participó en la reunión de El Prado, mintió cuando dijo que de Marset sólo sabía que era un futbolista. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo lo mismo, aunque dos meses después reconoció que sí sabía que era un narcotraficante.

En realidad, y a través de documentos oficiales, Caras y Caretas demostró que desde por lo menos fines de abril del 2021 –seis meses antes de entregarle el pasaporte– el Ministerio del Interior de Uruguay sabía que Sebastián Marset era un importante narcotraficante que estaba operando en Paraguay y así lo informó a ese país.

Pero en su declaración ante Fiscalía Ache reveló algo más grave. El asesor presidencial en Comunicación, Roberto Lafluf, le reconoció a la exsubsecretaria que “había destruído un documento público”, con el objetivo que no constara en el expediente de la investigación administrativa de Cancillería que la Justicia había ordenado entregar a los senadores del Frente Amplio. Y eso se conoció en una extraña reunión en Torre Ejecutiva “a la que había que ingresar por el garage” y en la que el presidente “pasó a saludar”.

La crisis se saldó con la renuncia obligada de Bustillo, Heber y Lafluf. Todavía falta que los tres declaren ante el fiscal Alejandro Machado, algo que ocurrirá después de la Feria Judicial Mayor.

El 25 de enero de este año comenzó una secuencia de hechos que terminarían con la carrera política de Gustavo Penadés, entonces el senador herrerista más importante.

Ese día llegó Lula en breve visita a Uruguay y también fue recibido en la Intendencia de Montevideo. La militante nacionalista Romina Papasso, integrante del grupo del diputado Javier Radiccione y conocida por algunos actos de patoterismo callejero además de su activa participación en Twitter (hoy X), estacionó su automóvil en Ejido y 18 y desde parlantes comenzó a emitir consignas agresivas contra el visitante brasileño, lo que indignó a algunos de los presentes.

Una inspectora municipal advirtió que el auto tenía matrículas irregulares y cuando se acercó fue agredida por Papasso. La policía la detuvo y el fiscal Rodrigo Morosoli la formalizó sin prisión por el delito de agresión a un funcionario público.

Desde todos los sectores del espectro político se censuró la actitud provocativa de Papasso, pero el senador Penadés fue más allá y dijo que no la conocía, intentando deslindar al Partido Nacional. Allí comenzó su debacle.

Pocos días después, en un programa radial, Papasso dijo que le llamaba la atención que la desconociera porque “años atrás le había pagado por sexo cuando aún no había hecho el cambio de sexo y era un varón menor de edad”.

La bomba había estallado. Ese mismo día Penadés dio una conferencia de prensa en el Parlamento para señalar a su acusadora como “una difamadora a la que iba a denunciar inmediatamente”.

El entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber, integrante de la lista 71 igual que Penadés, salió inmediatamente en apoyo de su “amigo” y descalificó a la denunciante.

Lo mismo hizo el presidente Lacalle Pou, quien afirmó que “Penadés desmintió todas las acusaciones mirándolo a los ojos, y yo le creí porque lo conozco hace decenas de años. Sería un mal amigo si no le creo”.

La denuncia de Papasso fue tomada de oficio por Fiscalía y quedó a cargo de la fiscal Alicia Ghione. Desde ese día las denuncias por abuso sexual contra Penadés cayeron en cascada.

Las víctimas tenían entre 15 y 16 años, pero hay una que tenía 9 años cuando, integrando un equipo de fútbol organizado por el propio senador, abusó de él.

Ghione formalizó con prisión a Penadés y a Sebatián Mauvezín, un profesor de historia que reclutaba menores para el senador. Al primero por 22 delitos de abuso sexual, incluida violación; a Mauvezín por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores. Ambos aguardan en prisión el comienzo del juicio en el que seguramente recibirán extensa condena.

Pero Ghione continuó investigando otros aspectos y descubrió que Penadés, junto a un oficial de la policía, un funcionario de la Corte Electoral, un funcionario del Parlasur y su propia hermana, entre otros, habían organizado una trama para obstruir a la Justicia.

Algunos ya fueron formalizados y otros lo serán a partir de febrero. Se investiga cuánto dinero pagó Penadés a estas personas.

La crisis de seguridad

“Nunca escupas para arriba”, afirma un dicho popular que calza justo a Lacalle Pou, Heber, Álvaro Delgado y Javier García, cuando desde sus bancas parlamentarias acusaban al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como responsable de la inseguridad.

El 3 de agosto del 2011 Delgado escribía un posteo en X: “¿Quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia? Por favor, asuman la responsabilidad y garanticen la seguridad de la gente”.

En tanto, el 28 de agosto del 2015, Lacalle Pou escribía en la misma red: “El fracaso de la política de seguridad ya es insostenible. ¿Hasta cuándo sostener en sus cargos a quienes son responsables? ¿Más muertes?”.

Pues solo el fin de semana pasado tres comerciantes de La Floresta fueron ejecutados por dos hombres que entraron a robarlos. Un día después una adolescente murió a causa de un balazo que la impactó mientras estaba en la vereda de su casa en el barrio Peñarol.

También se encontró el cadáver de una mujer salvajemente torturada y el de un hombre degollado. Pero por ellos no hubo reclamos, ya que se les identificó como “consumidores de drogas” con antecedentes.

Antes, bandas de delincuentes asolaron a balazos varios barrios montevideanos e incluso casi ocuparon Villa Española.

Los homicidios crecen, las víctimas inocentes también.

Lo único que cambió es que los canales de televisión ya no pasan una y otra vez cada asesinato, acompañados de musica incidental.

El Gobierno hizo campaña electoral con la seguridad y fue exitoso porque logró desplazar al FA del gobierno. Pero a partir de allí va de fracaso en fracaso.

Propusieron la LUC como una panacea para enfrentar al delito. La lograron. Pero la inseguridad no cambió.

Entonces Heber, casi superado, le dio el visto bueno a Diego Sanjurjo para conformar una comisión multipartidaria que unificara criterios sobre seguridad. Se logró un documento común. De esto hace un año. Se fue Heber y Sanjurjo desapareció.

Ahora van por los allanamientos nocturnos. Y es el ministro de Defensa el que sale a hacer campaña en algo que no se entiende. ¿Por qué Defensa y no Interior?

Algunos miembros de la coalición multicolor señalan públicamente sus discrepancias con el gobierno que integran.

García propone establecer políticas de Estado. ¿Con quién? Porque desde el oficialismo se han dinamitado todos los puentes con la oposición.

En síntesis, ni se terminó el recreo, ni se arreglaba gritando “hay orden de no aflojar”, y menos declarando la guerra a las drogas.

Si por lo menos se hubieran informado acerca de la experiencia internacional, no habrían cometido errores tan graves.

El año ha sido malo para el Gobierno, pero sus carencias ya no se arreglan acusando a la oposición, porque hace cuatro años tienen mayoría absoluta.