La senadora blanca es noticia cada dos por tres; pero no por presentar proyectos de ley o realizar aportes inteligentes desde la cámara alta, no por su devoción a la tarea legislativa ni sus aportes a la vida republicana, sino por sus comentarios en los medios de comunicación o Twitter, dando la impresión de que ella y una escritora ultraderechista de cuyo nombre no quiero acordarme se disputan salvajemente el título de reina de las inimputables en nuestro país.
Los antecedentes de la Carrió uruguaya son realmente meritorios. Recordemos cuando en 2018 dijo a un medio argentino (en el programa de Mauro Viale) que ella era una persona muy prestigiosa en Uruguay (¿?) y que le aportó 500.000 votos (¡¿?!) al Partido Nacional. También aseguró que la CIA le había dado pruebas de que Hezbolá estaba detrás del supuesto homicidio del fiscal Nisman y que presentaría pruebas, cosa que nunca hizo. De paso acusó a Venezuela de cómplice y al Frente Amplio de estar financiado por Irán, dando a entender que su vida corría peligro bajo un gobierno de izquierda, extremo que fue desmentido categóricamente por sus entrevistadores.
Cuando el presidente argentino ofreció una mano a Uruguay para obtener las vacunas contra la covid-19, fue ella la que se encargó de rechazarla públicamente, asegurando que Lacalle goza de un gran prestigio a nivel internacional y no necesitaría de ayuda alguna. Bueno, hoy es indiscutible que las habríamos conseguido más baratas y más pronto si la soberbia derechista no lo hubiera sido tanto.
También fue noticia a mediados de 2020 cuando en respuesta a Gustavo Salle negó por Twitter ser propietaria de dos predios en Canelones. “No me voy a molestar en hacer juicio por difamación e injurias contra quien no tiene credibilidad. Aclaro que no es la primera vez que se ha intentado vincularme a una expropiación: nunca fui titular de ningún padrón rural, suburbano o urbano que haya sido expropiado. Punto final”. Sin embargo, Bianchi incluyó en su declaración jurada ante la Jutep el dinero recibido por tales padrones (23 millones de pesos), por las expropiaciones del Ferrocarril Central.
Entre sus múltiples y demenciales declaraciones, recordemos que tildó de “idiotas informáticos” a los beneficiarios del Plan Ceibal, plan elogiado por todo el mundo, y que las tablets de los jubilados terminarían usándose para picar carne.
En febrero de este año escribió en su cuenta de Twitter: «La abuela de una amiga nació en 1929 (interior); vino a Montevideo y a los 22 años se recibió de química, llegó a profesora grado 5 y decana de la Facultad en democracia. En Uruguay las que no llegan es por pobreza o por falta de esfuerzo, no por género». Esto obligó a la Facultad de Química a emitir un comunicado aclaratorio: “Tal como lo indica su página web, la única decana electa en democracia fue la Dra. María H. Torre, que ejerció durante el período 2014-2018”.
En lugar de cortar por lo sano y decir tres palabras (disculpen, me equivoqué), acusó a la página web de la facultad de manejar información errónea; pero al igual que en el caso Nisman, no aportó pruebas de sus dichos ni dijo el nombre de la persona en cuestión. Al parecer, la legisladora blanca se refería a la Dra. Raquel Lombardo de De Betolaza, que fuera ministra de Educación y decana interventora nombrada por la dictadura militar blanquicolorada. Cualquiera puede cometer un error, pero la manera en que continuó la contienda verbal desde Twitter se asemejó a las acusaciones de fraude de Donald Trump en Estados Unidos y a las delirantes acusaciones de Elisa Carrió en Argentina. En ningún caso presentan pruebas y hacen la de Luis Lacalle Pou: “Confíen en mí”.
Un psiquiatra urgente, por favor
En nuestra nota anterior, hablamos de Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, y resultó condenado a 12 meses de prisión por haber maniobrado con documentos falsificados para vender terrenos de manera fraudulenta. El político colorado, que tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012), protagonizó otros escándalos, como el intento de evitar pagar una multa cuando conducía borracho y la agresión al edil frenteamplista Roberto Airaldi.
Pocos días después, otro miembro de la coalición multicolor fue procesado con 120 días de prisión preventiva por un delito continuado de violencia privada, uno de lesiones personales, uno de daño agravado, dos delitos de agravio a la autoridad y un delito de violencia privada agravada. Todos en reiteración real. Se trata del edil suplente del Partido Nacional Santiago Pettuto, detenido por agredir y amenazar a funcionarios de la Intendencia de Durazno por no cargarle nafta gratis.
Por esos días, un grupo de mujeres clasificadoras de residuos en el vertedero de Felipe Cardoso, pertenecientes a familias que llevan varias generaciones dedicadas a tal trabajo, denunciaron públicamente que la Policía las saca del lugar de manera agresiva. Una de ellas, Claudia García, declaró que un policía le propuso tener relaciones sexuales a cambio de permitirle hurgar en la basura. Por otra parte, Vanesa Sánchez, secretaria de la Junta Departamental de Montevideo por Cabildo Abierto, habló con el comisario de la zona debido a que, aunque no presentaría una denuncia, un policía empujó con su caballo a una mujer que estaba recolectando residuos y, al parecer, los citados son solo algunos casos entre muchos.
Esto es lo que producen discursos irresponsables como los del Guapo, milicos que creen que pueden llevarse a todo el mundo por delante y tratar de putas a las mujeres por su condición humilde. Hasta ahora, no tenemos noticia de que el ministro haya instruido algún sumario y determinado sanciones para los abusivos. Tampoco de los casos en que policías han prohibido filmar sus procedimientos, obligando a borrar los archivos de celulares, llevándose detenida a una chica en clara violación de las normas penales o usando violencia desmedida e innecesaria contra viejos y mujeres.
En algo tiene razón Larrañaga: ahora estos cobardes se sienten amparados.
No les alarma ese trato a estas mujeres que están en situación de vulnerabilidad económica; pero eso sí, la mentalidad más retrógrada se ha impuesto en las filas del Ministerio del Interior. Quien aspire a ingresar a la Guardia Republicana, al Instituto Universitario Policial, al Instituto Nacional de Rehabilitación o a algunas jefaturas de Policía deberá desistir si tiene tatuajes o piercings. Los delincuentes felices; ahora será más fácil detectar a un policía encubierto.
Recuerdo cuando bajo el reinado de Lacalle I el vicepresidente herrerista Gonzalo Aguirre firmó una disposición prohibiendo a las legisladoras ingresar al Palacio Legislativo con pantalones, lo cual le mereció una tapa en la revista Guambia, en la que se lo mostraba vestido a la usanza de la época victoriana.
Mientras tanto, varios funcionarios de ASSE denuncian desde diferentes puntos del país abuso de autoridad, conjunción entre el interés público y privado, compras directas sin llamado a licitación y falta de medicamentos.
Julio Álvarez, director del hospital de Trinidad, era, hasta el día de asumir el cargo (20 de junio), presidente de la Cooperativa Médica de Flores (Comeflo) y continúa siendo uno de sus propietarios, tal cual lo dio a conocer Pablo Silva Galván en una nota para Caras y Caretas.
Según varios funcionarios, “ahora las cosas se manejan como un pool, van y vienen entre el hospital y Comeflo. Los hisopados ahora se hacen en el Americano, en Montevideo, donde Comeflo también es dueño porque es de FEMI. Todo se envía al privado. Los hisopados, las operaciones que se pueden complicar, los partos, las cesáreas, todo se deriva hacia el prestador privado sin pedir precio o llamar a licitación. Hay problemas gravísimos con medicamentos. No hay nada. Hace años que no se veía una cosa así. La gente pasa horas y horas haciendo cola y se va sin nada. O va por cinco o seis medicamentos y se lleva dos. Es catastrófico”.
En Colonia, la situación es similar. “Estamos casi sin personal de enfermería, sin licenciados, sin especialistas. Faltan medicamentos básicos. Cosas que habitualmente no sucedían. Por ejemplo, la gente que queda esperando sin fecha por resoluciones de estudios”.
Uno tiene derecho a preguntarse si no se trata de una estrategia para que los pacientes se afilien a alguna mutualista privada.
Ahora, “hace años que no se veía una cosa así”, dicen en un departamento. “Cosas que habitualmente no sucedían”, se lamentan en otro. Pero querían un cambio.
En Soriano, el exintendente Agustín Bascou presentó su declaración jurada a la Jutep en la que solo menciona su sueldo (230.000 pesos) y el de su esposa (20.000 pesos). La declaración fue dada a conocer en enero por parte de la Jutep y publicada por Búsqueda. Llama la atención que no declarara rentas, bienes muebles e inmuebles, su participación en sociedades, deudas, hipotecas y situación fiscal. ¿Alquila? ¿No tiene casa propia? ¿Viaja en colectivo porque no tiene vehículo?
Bascou fue formalizado en 2020 por haber vendido ganado que había puesto como garantía ante el Scotiabank por deudas cercanas a los 400.000 dólares. También tuvo problemas por librar cheques sin fondo y realizar compras directas desde la intendencia a dos estaciones de servicio de su propiedad.
Otro intendente blanco que da que hablar es Nicolás Olivera, de Paysandú, acusado de “pagar favores políticos a un exproxeneta que milita para su sector y actualmente trabaja para la comuna contratado por la Fundación A Ganar, vinculada al Partido Nacional”, según informó el portal de M24.
Sergio Escobar, alias el Zorro, lideró una red de proxenetismo, trata de personas y explotación de menores. La Fundación A Ganar, que está logrando contratos en varias intendencias blancas de manera por demás sospechosa, lo presenta como un caso de apoyo a la rehabilitación, lo cual no estaría mal; pero tras las aseveraciones del intendente de que solo se le asignaba recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos, se difundieron fotografías demostrando que conduce vehículos de la intendencia, yendo de aquí para allá por las diferentes instalaciones y codeándose con jerarcas, pero nada que tenga que ver con barrido de calles.
M24 puntualiza que Escobar y su familia militaron, en la última campaña electoral, para la lista 51, de Nicolás Olivera.
En INAU se designó como secretaria ejecutiva de Primera Infancia a Luján González, una abogada que no cumple los requisitos legales. La ley 19.355 exige para este cargo “poseer conocimientos específicos en infancia y adolescencia y experiencia probada en gestión”. No cumple esas condiciones, pero es dirigente de Alianza Nacional, en Canelones.
Paro aquí, no porque sea todo, sino porque me falta espacio. Nunca vi un gobierno tan desastroso. Bueno, sí, el del lustro 1990-1995; pero a los orientales las falló la memoria y aquí están de nuevo.
Que les sea leve.
