El presupuesto también habilita al Ministerio del Interior a contratar hasta 1.000 retirados policiales. Establece que los contratados deben tener menos de 65 años, su baja no puede haber sido por sanción disciplinaria o ineptitud fiscal o mental, y no pueden haber sido condenados por causa penal o sometidos a proceso penal. Las contrataciones pueden ser por hasta cuatro años, prorrogable por dos más y serán para desempeñarse en las comisarías con funciones correspondientes al Subescalafón Ejecutivo, que de acuerdo a la Ley Orgánica Policial son aquellos que cumplen con tareas de «mantenimiento del orden público, prevención y represión de los delitos y demás típicas de la función policial».