En cuanto al argumento de la superpoblación carcelaria, el colectivo sostuvo que “se cae por su propio peso”, ya que al abarcar a unos 200 presos de un total de 13.402, representa 1,5%, por lo tanto, “no mejoraría el problema de fondo”. “El hacinamiento carcelario es un problema de larga data en el país, vinculado a las distintas políticas punitivas llevadas a cabo desde la década de los 90 por los sucesivos gobiernos”, indicaron.
Además, señalaron que es “preocupante” que el presidente Luis Lacalle Pou tenga agendada una reunión el 8 de noviembre con la escritora Mercedes Vigil, representante del Foro de Montevideo, “organización que busca la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, mientras simultáneamente se presenta este proyecto en el Senado”. “Mientras tanto Crysol, organización que nuclea a los ex presos políticos, no ha recibido respuesta a su pedido de reunión y en Memoria en Libertad nunca se nos contestó el pedido de reunión solicitado en octubre de 2020 a la vicepresidenta Beatriz Argimón”, aseguraron.
El colectivo sostuvo que desde la coalición “se pretende legitimar socialmente, y a través de un discurso sensible y humanitario, la idea contenida en un proyecto que busca solucionar un problema de desamparo en una población en supuesta vulnerabilidad social, con un presidente que flecha la cancha para el lado de la impunidad y sólo escucha una versión de los hechos, dejando de lado la voz de las víctimas directas del terrorismo de Estado”.