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Una carta abierta dirigida al intendente de Maldonado, ingeniero Enrique Antia, ha sido el vehículo comunicacional utilizado por propietarios argentinos que tienen propiedades en la zona.
De acuerdo a la información divulgada por el medio de prensa semanariolaprensa.com, en la misma los argentinos reclaman su ingreso al país, así como se los exonere de impuestos.
Aunque firmada por una sola persona, el medio asegura que representa el pedido de varias familias argentinas, quienes son propietarios de inmuebles en Piriápolis y Punta del Este.
En su misiva reclaman, además, que no se mantengan o exijan trámites de ingreso, diferentes a los exigidos y comprobados de forma científica.
Otra de las demandas que aparece en la carta, se refiere al no cobro de la contribución inmobiliaria, argumentando que no resulta coherente su cobro si el bien no puede ser usado.
En la presentación que realizan de sí mismos, los ciudadanos argentinos afirman que, “ hace más de 40 años decidimos venir de vacaciones con familia y amigos, y que tras recibir la hospitalidad local, echamos raíces e hicimos amigos uruguayos en Piriápolis”.
Fruto del “rápido arraigo”, siguen expresando, “compramos inmuebles y comenzamos a venir asiduamente, manteniendo la propiedad y hogar del mismo modo que en nuestro país, gastando nuestro tiempo, dinero y amor, en la manutención, crecimiento y disfrute del lugar elegido en nuestro mundo para pasar buenos momentos”.
Los demandantes recuerdan, en el texto publicado, las diferentes alteraciones que se han producido a partir de la pandemia, haciendo hincapié, por ejemplo en los cierres de fronteras, sobre los cuales expresan “nuestro mundo, el de las personas humanas de bien, no entiende de fronteras, y si de protocolos, burbujas o medidas razonables que hagan de nuestro breve paso por la vida, un trayecto de buenaventura y libertad, que valga la pena vivirlo hasta llegar al inevitable final”.
La solicitud enviada al intendente, se fundamenta en el interés que tienen de dejar sentado “su arraigo”, para los cual , “estimamos que nuestra petición de apertura razonable de frontera tiene fundamento en la palabra democracia, bien entendida por aquellos que gobernaban las tierras que independizó el Gral. José G. Artigas”.
No faltan en el texto, referencias “jurídicas”, así como valoraciones sobre las actuaciones de las autoridades nacionales, sobre las que afirman, no se cree “que las actuales autoridades nacionales hayan entrado en el olvido de derechos de aquellos, que si bien no somos ciudadanos, si somos parte de los pueblos de Piriápolis y Punta del Este”.
Los propietarios argentinos, destacan lo que llaman “los esfuerzos” del actual intendente quien ya había expresado “su voluntad e intención de permitir el ingreso de los argentinos residentes o no residentes, pero propietarios, familiares y amigos, que hemos contribuido al desarrollo social, cultural y económico durante más de 40 años”.
Al mismo tiempo, resaltan, lo que definen como la postergación por parte de las autoridades,» obligándonos a abandonar nuestras propiedades, dejando de lado nuestros derechos, pero no las obligaciones que asumimos en la vida de relación, y hasta en las laborales”.
“ Con las medidas actuales, observamos que esas mismas invitaciones a invertir, no fueron acompañadas a la obtención de radicación” y agregan que más allá del daño “al corazón”, en los momentos actuales se agrega “el costo que significa el pago de servicios que no se usaron, así como el impuesto territorial del inmueble y vehículos cuyo acceso está prohibido”.
Sobre esto último, los propietarios argentinos afirman, “si bien el Estado, mal actúa conforme a derecho, con medidas que importan necesarias a la población de una pandemia que asola el mundo, creemos que con medidas protocolares se podría ingresar al Territorio Nacional Uruguayo”.
Para los peticionantes, “una medida de razón, justicia y equidad, debería disponer de una quita en los servicios y suprimir el impuesto territorial y otros, pues en las circunstancias antes dichas no tienen base ni fundamento aplicar un pago sobre el bien impedido a usar”.
La misiva, dirigida al intendente de Maldonado, concluye señalando que “pretendemos se decrete el ingreso de los extranjeros propietarios, amigos y familiares, sin más que la toma de medidas sanitarias científicamente probadas y razonables en pro de que podamos usufructuar nuestros bienes en libertad y al menor costo humano y económico; ya que nos han llegado versiones del costo de 100 dólares por un hisopado”.