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COFE crítica que restricción sobre vacantes del Estado no afecte a cargos de confianza política

Se deben buscar “alternativas que permitan atender las necesidades presupuestales sin afectar los derechos de los trabajadores ni la calidad de los servicios públicos”, resaltaron desde COFE.

En un comunicado emitido este jueves COFE dió cuenta de que en el último Consejo de Ministros se resolvió la aprobación de un decreto “cuyas disposiciones generan una profunda preocupación” por las consecuencias “en materia salarial, de ascensos, ingreso de personal, gestión de los organismos y capacidad de ejecución de las políticas públicas” que implica.

Dicho Decreto “da continuidad a una política de restricciones presupuestales que se viene desarrollando desde hace varios periodos”, valoraron. En el texto se establece como tope para la ejecución de gastos del “Rubro 0 - Servicios Personales” al costo “de los vínculos laborales al 1 de enero de 2026”, transmitieron.

Desde el gremio de funcionarios públicos entienden que “estas medidas profundizan las dificultades que enfrenta la Administración Central” y se agrega a las restricciones aprobadas en la última Rendición de Cuentas “donde se suprimieron cargos y vacantes de ingreso y ascenso por 891 millones de pesos”.

¿Cuáles son las consecuencias del decreto?

“Los recursos disponibles en los rubros salariales serán únicamente aquellos que resulten de los ceses de funcionarios producidos a partir del 1 de enero de 2026, fundamentalmente por jubilaciones”, evaluaron. “La sola reposición de los cargos vacantes generados a partir de esa fecha implica en los hechos agotar los recursos salariales disponibles”, advirtieron.

Entre 2019 y 2025 la Administración Central perdió 3.056 vínculos laborales representando una reducción del 15 %, si se deja de lado a los Ministerios de Defensa e Interior. “Entendemos que las disposiciones de este nuevo Decreto dificultan revertir esta situación y recuperar las capacidades del Estado”, sostuvieron.

COFE expresa preocupación “por las dificultades existentes en materia de carrera administrativa, el no llenado de vacantes, la falta de personal, la ausencia de ascensos y los mecanismos de designación directa de cargos de jefatura”. La organización sindical reafirma que “el acceso a los cargos de conducción debe realizarse mediante procedimientos de concurso, que garanticen la transparencia, la igualdad de oportunidades y el respeto a las normas legales y constitucionales vigentes”.

“Mientras se establecen restricciones sobre los recursos destinados a los funcionarios públicos que sostienen diariamente la ejecución de las políticas públicas, el Decreto excluye expresamente de dichas limitaciones a los cargos políticos y de particular confianza”, cuestionaron.

“Durante 2025 la cantidad de adscriptos a los ministros aumentó un 10%”, ejemplificaron.

“Consideramos necesario revisar estos criterios” en el entendido de que “las restricciones presupuestales no pueden recaer exclusivamente sobre los trabajadores públicos, mientras se mantienen excepciones para los cargos políticos y de particular confianza”, denunciaron.

Los detalles

Según el decreto 279 de 2026 el tope al que hace alusión COFE no aplica ante las “vacantes del personal profesional, técnico y especializado de la salud”; las del personal dependiente del Ministerio del Interior, específicamente en los casos del Personal Policial Ejecutivo, Administrativo, Especializado, Técnico Profesional y los Contratos Policiales.

Tampoco aplica a las vacantes de personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional; ni al Personal Político y al Personal de Particular Confianza; ni del Personal del Servicio Exterior; o a los contratos comprendidos dentro de la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad.

Según definió el consejo de Ministros, cualquier excepción por fuera de las detalladas debe estar “debidamente fundamentadas y contar con la autorización expresa de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO)”. Esta comisión está integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina Nacional del Servicio Civil de Presidencia de la República, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Por último cualquier excepción aceptada por esta comisión debe contar con “el informe previo favorable de la Contaduría General de la Nación respecto de su pertinencia desde la perspectiva fiscal”.

Más negociación colectiva

COFE rechaza que el decreto “haya sido aprobado sin una instancia de negociación colectiva” pese a haberla solicitado formalmente.

“Esta forma de proceder no se ajusta a la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público”, aún así reafirman su voluntad “de diálogo y negociación” e instan al Poder Ejecutivo “a generar los ámbitos correspondientes para analizar y reconsiderar las medidas adoptadas”.

Se deben buscar “alternativas que permitan atender las necesidades presupuestales sin afectar los derechos de los trabajadores ni la calidad de los servicios públicos”, resaltaron. “Defender el salario, la carrera administrativa, el ingreso de personal y la negociación colectiva es también defender un Estadio fortalecido, eficiente y capaz de brindar respuestas a las necesidades de toda la población”, concluyeron.

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