Sostiene que "se negocia sin conocer los costos". Y agrega que "desde setiembre se discute qué bienes se abrirán, pero, incluso, desde filas del propio gobierno se sostuvo que aún es temprano para saber cuáles serían las ganancias".
Tras indica que los trabajadores no conocen las ofertas de Uruguay y que no recibieron ningún estudio de impacto por rama, sostiene que el acuerdo supone "la competencia directa con Japón, Vietnam, Malasia y México en textil, calzado, metalmecánica, plásticos y autopartes".
Precisa que habría menos margen para "usar las compras públicas como herramienta de desarrollo", y restricciones a UTE, Ancap, Antel y OSE.
Reclaman estudio de impacto
"Nada es inevitable", sentencia seguidamente. Y recuerda que Costa Rica "cerró sus negociaciones en mayo y el 28 de octubre decidió no incorporarse, tras la oposición de sectores productivos, de la universidad y de decenas de gobiernos locales".
En vista de estas consideraciones, la CSI exige: "Que no se firme nada sin un estudio público de impacto y sin seis condiciones mínimas: desgravación de al menos 15 años para el textil, el calzado y el metalmecánico; salvaguardias automáticas; una lista de abastecimiento escaso ampliada para el textil; una reserva de compras públicas y la protección de las empresas públicas estratégicas; un grupo tripartito con participación sindical vinculante; y un Fondo de Transición Industrial".