Además, el sábado se dispuso una orden que habilita a notificar a la Fiscalía si las personas que trabajan en los lavaderos desacatan la orden dada por la Policía, lo cual podría tener consecuencias penales.
"Tenemos que ver de quién fue la orden y que nos digan con quién podemos hablar, para ver qué solución nos pueden dar", expresó uno de los representantes de los lavaderos, quien defendió que se necesita una solución para las familias que dependen de ello.
"Son familias que van quedando atrás. Son familias enteras, mujeres con hijos que quedan sin la fuente de empleo", advirtieron los trabajadores.
Ante la consulta de qué pasaría si no obtienen respuesta y por lo tanto debieran permanecer sin trabajar más tiempo, el representante respondió: "¿Cómo hacemos? Que nos vengan a decir de acá a un mes cómo les damos de comer a los gurises. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo pagamos el alquiler? ¿Cómo pagamos todo?".
Asimismo, señalaron: "Es muy fácil agarrar y cerrar. ¿Y? ¿Cómo arreglamos con toda esta gente?". Mientras tanto, por su parte, el presidente de OSE, Raúl Montero dijo en diálogo con Santo y Seña este domingo, que al momento llevan unos 600 cortes en lavaderos callejeros.