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Abogada de las familias de los militares fallecidos en Fray Bentos: clara negligencia y fallas de seguridad

El caso continúa bajo reserva en el ámbito judicial mientras familiares exigen la asunción de responsabilidades políticas y técnicas en la cúpula castrense.

La investigación judicial en torno al trágico fallecimiento de tres efectivos militares en las aguas del río Uruguay, frente a la localidad de Fray Bentos, sumó nuevos elementos luego de que la abogada representante de las familias damnificadas, Natalia Martínez, calificara lo ocurrido como el resultado de una "clara negligencia" y graves deficiencias en los protocolos de seguridad operativos. El suceso tuvo lugar el pasado jueves 5 de noviembre durante una práctica nocturna de natación en la zona del histórico muelle del frigorífico Anglo.

Las víctimas fatales de la operativa fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella, de 23 años e Hijos de la zona. En la actividad de adiestramiento participaban una veintena de efectivos distribuidos en grupos y sujetos a líneas de vida, bajo la supervisión de instructores y con apoyo de embarcaciones de apoyo.

Cuestionamientos legales y avances en la investigación fiscal

La representante legal de los familiares dijo a Subrayado que la carpeta investigativa permanece actualmente en régimen de reserva mientras la Fiscalía competente diligencia las pruebas necesarias para esclarecer la cadena de mando y las decisiones tomadas durante el desarrollo de la prueba acuática, que contemplaba un recorrido de 2.500 metros en superficie. Si bien el expediente se indaga preliminarmente bajo la tipificación de accidente marítimo, la defensa remarcó que las evidencias recabadas apuntan a fallas estructurales en las condiciones de prevención y resguardo que debieron garantizarse a los participantes.

"Por ahora se mantiene como un accidente marítimo, pero en definitiva en su momento cuando lo entienda pertinente la fiscal seguramente cambie la carátula" explicó la abogada.

Paralelamente, el dolor y la indignación expresados por los círculos cercanos a los jóvenes derivaron en pedidos formales de dimisión dirigidos a las máximas autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y del Ejército, reclamando sanciones ejemplares y transparencia absoluta en el esclarecimiento de los hechos.

Respuesta institucional y compromiso con la transparencia

Ante los reclamos públicos y los pedidos de relevo en las jerarquías planteados por familiares directos de los efectivos, desde el Poder Ejecutivo se reiteró la solidaridad con las familias afectadas y se garantizó una investigación sin restricciones. Las autoridades ministeriales enfatizaron que el proceso llegará hasta las últimas instancias para determinar las responsabilidades penales, administrativas o técnicas que correspondan, asegurando que se aplicarán medidas rigurosas en caso de constatarse omisiones o falsedades en los procedimientos internos.

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