Andrade explicó por qué respaldó los subsidios pese a sus reparos, no votarlos, dijo, supondría el despido de cientos de trabajadores. El beneficio aprobado para el Carrasco abarca los meses de julio, agosto y setiembre. Según En Perspectiva, los proyectos recibieron luego el respaldo de la Cámara de Diputados, junto con un seguro de desempleo especial para el sector citrícola.
Las plantas en cuestión
Las empresas mencionadas son dueñas de buena parte de la industria. Minerva Foods posee en Uruguay los frigoríficos Carrasco y Canelones (ambos en Canelones), BPU (Durazno) y PUL (Melo). Marfrig, hoy dentro del grupo MBRF, tiene Tacuarembó, Inaler (San José), La Caballada (Salto) y Establecimientos Colonia, en Tarariras.
El caso del Carrasco es de los más delicados. Cerca de 700 trabajadores fueron enviados al seguro de paro a fines de octubre de 2025, y el beneficio ordinario se agotaba el 30 de junio de este año, sin fecha cierta de reanudación de la actividad, según informaron El Observador y Prensa Latina.
El sindicato ya hablaba de "extorsión"
El planteo de Andrade coincide con lo que viene denunciando la Federación de la Industria de la Carne y Afines (FOICA). En junio, su presidente, Martín Cardozo, afirmó que las empresas usan el seguro de paro para reducir costos y que se trata de un mecanismo de extorsión, dejar a los trabajadores en el subsidio, seguir faenando en otras plantas para cumplir compromisos y plantear después reducción de personal y rebaja salarial a cambio de mantener los puestos.
La dimensión del recurso es amplia. Según Prensa Latina, de los 28 frigoríficos que operan en el país solo cinco trabajan todo el año sin recurrir al seguro de paro, total o parcial; el resto sobrevive con subsidios estatales o está directamente paralizado. En enero de 2025, la propia FOICA había dicho que 30 de 35 plantas lo usaban en algún momento.