Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la empresa Alas Este SAS, a la que acusan de no haber cumplido con su responsabilidad contractual respecto al pago de dos millones de dólares al departamento de Colonia. Según indican, la deuda salió a la luz "gracias a una denuncia pública hecha por el colectivo No a + Colonia", tras lo cual la empresa reconoció el monto pero se negó a abonarlo, obteniendo por parte del ejecutivo y la junta departamental la autorización para renegociar y abonar en cuotas.
Por otro lado, los firmantes advierten sobre una "segregación social" al crear "una ciudad aislada a espaldas de Colonia del Sacramento, su historia, su cultura y su identidad, con su propia gobernanza, seguridad y accesos exclusivos". También consideran que el proyecto promueve "una modalidad renovada de colonialismo mediante la importación de un modelo urbano diseñado para élites locales y extranjeras, enmascarado tras el discurso de la smart city".
Asimismo, desestiman el concepto de sustentabilidad utilizado al señalar que "destruir las dunas primarias y el bosque nativo no puede ser parte de ninguna propuesta de sustentabilidad". Para ellos, este discurso "no es más que un producto de marketing".
También critican la falta de participación ciudadana en este proyecto, ya que consideran "inaceptable" que "el desarrollo urbano y el objetivo de duplicar la población de Colonia del Sacramento queden en manos privadas y no en una decisión de los colonienses" cuando es el pueblo que "a través de sus impuestos, asumirán los costos de la provisión de los servicios públicos de + Colonia/Praxis".
Además, aseguran que el concepto de "ciudad inteligente" es falso, señalando que "prometen alta conectividad, pero omiten detalles sobre la gestión de datos, algoritmos, gobernanza o problemas urbanos reales a resolver".
Propuesta del colectivo
Ante este escenario, el colectivo reclama la suspensión inmediata de las obras hasta que se conozcan en profundidad las dimensiones sociopolíticas y ambientales de la iniciativa, exige una evaluación de impacto ambiental independiente que abarque la totalidad del emprendimiento y demanda transparencia en los contratos, acuerdos e inversiones vinculados al proyecto.