¿Quiénes quedan por fuera y cuántos son?
Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 2023, existen al menos 26.000 niños y adolescentes bajo control de ASSE sin acceso a este tipo de cobertura especializada.
Actualmente, los tratamientos se financian principalmente mediante la prestación AJEX (Ayudas Extraordinarias), destinada a hijos de trabajadores privados formales y algunos funcionarios de la administración central. Sin embargo, quedan excluidos hijos de trabajadores informales, desempleados y varios sectores del funcionariado público, como docentes o municipales.
“Aún se siguen generando inequidades”, afirmó Veiga. “Tenemos funcionarios públicos que, aun siendo aportantes a BPS, no generan ese derecho”. Señaló además que el problema se arrastra desde distintos gobiernos y que nunca se logró consolidar una cobertura universal.
Veiga contó que, durante la reunión, representantes del BPS adelantaron que el próximo presupuesto incluirá la ampliación de unos 1.200 cupos para convenios vinculados a MIDES e INAU. La noticia fue valorada por la red, aunque el entrevistado insistió en que la medida sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
El "desborde" de las Casas del Desarrollo
El vocero de la Red también explicó que parte de esa población que no cuenta con cobertura es derivada a las denominadas Casas del Desarrollo, creadas durante el gobierno anterior para atender situaciones complejas vinculadas al neurodesarrollo. Pero la red asegura que esos dispositivos están desbordados.
Veiga contó que el año pasado realizaron recorridas por distintas Casas del Desarrollo y encontraron equipos incompletos y listas de espera extensas. Como ejemplo mencionó el caso de Las Piedras, donde había “500 niños en lista de espera en fonoaudiología y 300 en psicomotricidad”.
“Eso da cuenta no solamente de una lista de espera interminable, sino de un montón de niños que van a seguir estando fuera de la cobertura”, sostuvo.
Otro de los cuestionamientos planteados refiere al límite temporal de las prestaciones. Actualmente, la cobertura se otorga por un año, con extensiones excepcionales. Para Veiga, ese criterio desconoce los tiempos reales de los procesos terapéuticos.
“Uno no puede establecer los tiempos de tratamiento”, afirmó. “No es que se fija un tratamiento fonoaudiológico a un año y, si ese niño no tuvo la evolución esperada, entonces le sacamos el tratamiento”.
¿Qué propone la Red de Centros Interdisciplinarios?
La propuesta de la red apunta a que el Estado articule con los centros privados ya existentes para ampliar rápidamente la capacidad de atención. Según explicó Veiga, las clínicas nucleadas en la red tienen presencia territorial y capacidad para absorber parte de la demanda que hoy no logra respuesta.
"Nuestro objetivo es la universalización de la atención de todos los niños, niñas y adolescentes", resumió el entrevistado. Con respecto a esta demanda, contó que, en la reunión con las autoridades, se les planteó que "no se animaban" a hablar de universalización porque "implicaría sumar a miles de niños, lo que impactaría en el presupuesto".
Para Veiga, la discusión excede a un período de gobierno y debería transformarse en una política de Estado. “Esto implica recursos, pero también entendemos que es una política que debería trascender los gobiernos porque implica a las infancias, sobre todo a las más vulneradas”, concluyó.
Embed - #54 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois
