La letra chica está en otro lado. En varios párrafos del informey con recomendaciones que el propio Fondo le dejó al país en la evaluación del sistema financiero de 2022. El FMI no describe la economía uruguaya, dice qué habría que hacer con el Banco Central, con el Banco República, con los encajes y con la investigación pública.
Una injerencia vieja con modales nuevos. Que el Fondo opine sobre la banca pública uruguaya no es novedad. En 2002 lo hacía con la chequera en la mano, cartas de intención, desembolsos atados a metas, misiones que negociaban ley por ley. En 2006, ya con la crisis atrás, su evaluación del sistema financiero recomendó achicar las instituciones financieras del Estado y estudiar una apertura limitada de su capital a privados. El propio texto reconocía el obstáculo: la sociedad uruguaya rechaza con fuerza las privatizaciones. Veinte años después, sin deuda de por medio, el método cambió. Ya no hay condiciones, hay recomendaciones. No hay cartas de intención, hay asistencia técnica, tablas de seguimiento con plazos y responsables, índices que ordenan a los países de mejor a peor alumno. Y hay elogios, que es la forma más barata de marcar la cancha: se felicita lo que se quiere ver repetido.
Para que ese método funcione hace falta un interlocutor dispuesto, y en Uruguay el Fondo parece haber encontrado terreno fértil. El gobierno de Yamandú Orsi es medido, prolijo en las cuentas y llega con respaldo amplio. El equipo de Gabriel Oddone habla el idioma del organismo y varias de las reformas que el informe aplaude ya están en el Parlamento. Por eso mismo es un buen caso de estudio. Cuando las recetas se aplican en un país en crisis, se le pueden cargar a la urgencia. Cuando avanzan en el país ordenado de la región, con una administración seria y sin que nadie las imponga, pasan como sentido común.
Ese es el problema. Mirando una por una las medidas que el informe celebra o reclama, lo que pasa en Uruguay preocupa.
Un presidente del Central “sin política”. Lo que dice el FMI tiene cognotaciones, sostiene que reforzar la independencia legal del Banco Central y su autonomía financiera consolidaría las mejoras del marco monetario. Y agrega una felicitación: la designación del primer presidente del BCU sin afiliación política es, para el organismo, “un paso adelante” en la independencia de hecho. Para alinear también la independencia de derecho con la de los vecinos, pide que los directores se nombren según las “mejores prácticas internacionales”, con mandatos fijos que no coincidan con el ciclo electoral. Al lado, un gráfico con dos índices académicos de independencia deja a Uruguay al fondo de la tabla, apenas por encima de Paraguay y lejos de Chile, Perú, Brasil y Colombia. El presidente en cuestión es Guillermo Tolosa, que asumió en marzo de 2025. No tiene carné partidario, es cierto. Tiene otra cosa es ex funcionario del propio Fondo Monetario y fue director académico de Ceres. El FMI felicita al gobierno por poner al frente del Central a un hombre que no responde a ningún partido uruguayo y que hizo carrera en el FMI. A festejar, uruguayos.
La palabra “independencia” merece la pregunta que el informe no se hace, independiente de quién. Un presidente del BCU con afiliación política le debe el cargo a un gobierno que la gente votó y que la gente puede echar. Uno sin afiliación también le rinde cuentas a alguien, solo que ese alguien no figura en ninguna hoja de votación. Los mandatos desfasados del ciclo electoral van en la misma dirección. Con esa regla, el gobierno que gana una elección hereda el directorio que nombró el anterior, y la política monetaria queda fuera del alcance del voto durante buena parte del período. El gráfico cumple su función. Nadie quiere estar último en un ranking, y menos al lado de Paraguay. Pero el índice mide cuánto se parece la carta orgánica de un banco central al modelo que el Fondo promueve desde los años noventa, no cuán bien le fue a cada país con su moneda.
Otro tema “desdolarizar”, o quién cobra por los pesos, lo que dice el FMI. Bajo el título de reducir la dolarización financiera, estimular el crédito en pesos y profundizar el mercado de capitales, el informe da la bienvenida a cuatro medidas del BCU: bajar los encajes en pesos, subir la remuneración de esos encajes, bajar la remuneración de los encajes en dólares y aumentar la competencia en los mercados en pesos. Las considera políticas “apropiadas” para incentivar la intermediación en moneda nacional. Admite que, a la larga, lo que desdolariza es una inflación baja y estable, y agrega que el proceso podría achicar el balance del Central y su costo cuasifiscal.
Lo que significa. Conviene traducir. El encaje es la parte de los depósitos que los bancos tienen que dejar inmovilizada en el BCU. Desde el 1º de marzo, por resolución del directorio, el Central les paga por los encajes en pesos una tasa igual a la de política monetaria. En junio dispuso además una rebaja gradual de las alícuotas sobre las obligaciones de corto plazo. Es decir, a los bancos se les libera plata que antes tenían quieta, y por la que sigue quieta se les paga más.
Esa cuenta la paga alguien. La paga el balance del Banco Central, el mismo cuya posición patrimonial y capitalización motivó un comunicado del Ministerio de Economía en marzo. Cada punto de remuneración que el BCU les reconoce a los bancos es déficit parafiscal, y el déficit parafiscal termina en Rentas Generales.
La cuarta medida, la “competencia” en el mercado de pesos, tiene nombre propio aunque el informe no lo escriba. El mercado de pesos en Uruguay es, antes que nada, el Banco República: sueldos, jubilaciones, cuentas del Estado, crédito social. Abrir ese segmento es repartir entre la banca privada el negocio donde el banco público es fuerte. El BROU cobra también por sus encajes, pero lo que gana por esa ventanilla lo pierde en franquicia.
El saldo es un traslado de ingresos desde dos balances públicos, el del BCU y el del BROU, hacia la banca privada, que en Uruguay es de capital extranjero. Y no llega por prestar más ni por correr más riesgo: llega por resolución administrativa. Más que una reforma de mercado, es un reparto de rentas precapitalista, donde la ganancia la asigna el regulador.
Tambien se plantea “reformas de oferta” y la innovación en venta. Al respecto lo que dice el FMI reppasando la agenda que el organismo llama de oferta, apoyada en el proyecto de Ley de Competitividad de junio. Tiene tres capítulos. En comercio, celebra las medidas para bajar barreras no arancelarias, trámites y costos logísticos, y las engancha con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que según estimaciones del BID podría sumar unos dos puntos al PIB. En innovación, espera que Uruguay Innova mejore la coordinación de políticas y los vínculos entre las instituciones de investigación y el sector privado; la ley, dice, ampliará los incentivos a la I+D, fomentará la colaboración público-privada, facilitará “la comercialización de la innovación” y cambiará la gobernanza del sistema nacional de investigación. En empresas públicas, pide seguir alineando salarios con productividad y fijar tarifas que reflejen los costos.
No es neutral, el capítulo que pide lupa es el del medio. Uruguay Innova, que el Fondo llama “agencia” y que su director Bruno Gili define como un programa que ordena a unas 17 agencias y cerca de 250 millones de dólares, tiene bajo su paraguas buena parte de la ciencia que el país financió con plata pública. Hay que leerlo junto con la otra pata del plan: la ventanilla única de inversiones que impulsa Uruguay XXI, relanzada este año con 20 millones de dólares del BID en un acuerdo que firmó el propio Uruguay Innova. De un lado se ordena lo que el Estado sabe hacer. Del otro se le pone mostrador al inversor que llega.
“Comercializar la innovación” suena inofensivo hasta que se pregunta qué innovación tiene Uruguay para vender. La respuesta más valiosa está en el campo: las variedades de arroz, trigo, soja y forrajeras, y la genética animal que el INIA y sus antecesores desarrollaron durante décadas, con investigadores públicos y aportes de los productores. En buen castellano, el riesgo es que comercializar termine queriendo decir entregarle ese acervo a alguna multinacional de semillas, que lo patenta, lo empaqueta y se lo vuelve a vender al productor uruguayo.
Nada de eso está escrito en el informe, y el texto final de la ley dirá cuánto hay de alarma y cuánto de anticipo. Pero las preguntas son concretas y alguien debería hacerlas en el Parlamento: quién queda como dueño de la propiedad intelectual generada con fondos públicos, quién decide las licencias, a qué precio y con qué preferencia para el productor nacional.
El tercer capítulo no necesita traducción. Salarios atados a productividad en UTE, Ancap, OSE y Antel, y tarifas que “reflejen costos”, es el mismo pedido de todos los años.
Recomendación que preocupa el BROU, a la fila de los quebrables. Lo que dice el FMI en el anexo, una tabla repasa el estado de las recomendaciones que dejó la evaluación del sistema financiero de 2022. En el capítulo de manejo de crisis, resolución y redes de seguridad, pide “incluir plenamente a los bancos públicos en el marco de resolución y redefinir el rol del gobierno en el financiamiento de la resolución”.
Es el punto clave para el Banco República y un reclamo que el Fondo arrastra hace años. En la consulta de 2023 ya pedía que los bancos estatales quedaran sujetos a los mismos mecanismos de resolución que los privados. “Resolución” es la palabra técnica para lo que se hace con un banco que no puede seguir intervenirlo, partirlo, vender lo que sirve y liquidar el resto. Hoy el BROU está fuera de ese régimen porque detrás tiene al Estado, y esa garantía explica por qué de la crisis de 2002 el República salió en pie, con depósitos reprogramados y todo, mientras cuatro bancos privados terminaron suspendidos y liquidados.
Meterlo en el marco y “redefinir” el papel del gobierno en el financiamiento quiere decir, sin vueltas, que en una crisis bancaria el Estado no salga a respaldar a su banco. Que el BROU pueda caer como cualquier otro.
El gobierno no avanzó, y eso hay que anotarlo a su favor. Pero la forma de decirlo abre la pregunta más importante de todo el informe. Las razones existen, se le dieron al FMI y no están en el documento público. Qué se dijo en ese intercambio es lo que hay que averiguar, por pedido de informes o por acceso a la información. No es lo mismo un “no” de principios que un “ahora no”, o que un “no hace falta porque el banco está sólido”. Si el argumento fue de oportunidad, la recomendación sigue viva y vuelve en la próxima crisis, justo cuando un rumor sobre la garantía del Estado alcanza para armar una corrida.
Mientras tanto, alrededor del casillero vacío la maquinaria se sigue montando. La misma tabla informa que el Presupuesto 2025 modificó el artículo 34 de la Carta Orgánica del BCU sobre el prestamista de última instancia, y que en setiembre la Copab recibió asistencia técnica del Fondo para ampliar sus herramientas de resolución. El día que la recomendación 12 se cumpla, el resto va a estar pronto.
El espejo paraguayo más que nunca relevante. Para entender por qué importa quién decide la suerte de un banco alcanza con mirar lo que pasó este mes en Paraguay. El 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay inició la resolución de Ueno, el banco digital que en menos de cinco años había juntado casi tres millones de clientes y cerca del 9% de los depósitos del sistema. Adentro había más de 800 millones de dólares de fondos públicos. En días cayó el presidente Santiago Peña, economista y ex funcionario del FMI, que había sido inversor del grupo y había puesto al frente del Central a un ex presidente del banco.
Ueno era un desastre desde el arranque: préstamos a empresas de los propios dueños, gastos anotados como activos, un supervisor que miraba para otro lado. Eso no lo discute nadie. Lo que vale la pena mirar es el momento. El enchufe se desconectó cuando Horacio Cartes decidió soltarle la mano a su ahijado político; el Congreso que él maneja rechazó la renuncia de Peña para destituirlo por juicio político, y el vicepresidente Pedro Alliana asumió con su bendición. Analistas como los de GZERO lo dicen sin rodeos: la caída fue en parte fabricada por Cartes, que así retomó las riendas.
Y el calendario ayudó. El 3 de noviembre fue también el día de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Peña era un aliado mimado por Washington, pero esa semana Donald Trump tenía la cabeza en otra parte: una derrota electoral, un secretario de Guerra, Pete Hegseth, peleando por el cargo y una guerra abierta en Medio Oriente. Que la coincidencia haya sido buscada no se puede probar. Que fue conveniente, sí.
La lección para Uruguay no es que el BROU se parezca a Ueno, porque no se parece en nada. Es que una crisis bancaria nunca es solo un hecho técnico. Alguien elige el día, alguien decide qué banco se salva y cuál se resuelve, y las reglas que definen quién tiene ese poder se escriben mucho antes, en épocas tranquilas, en documentos que casi nadie lee.
Uruguay llegó hasta acá con un banco público que el Estado respalda y con un Banco Central cuyo directorio lo nombra el gobierno que la gente vota. El Fondo propone cambiar las dos cosas, despacio y con felicitaciones. Antes de agradecer el elogio, conviene saber qué se le contestó.