La discusión no es nueva. Forma parte de una tradición de pensamiento social de la Iglesia que reconoce la propiedad privada y la iniciativa empresarial, pero sostiene que ambas tienen responsabilidades frente al conjunto de la sociedad. El mercado puede ser un instrumento importante para organizar la producción y generar riqueza, pero no alcanza por sí mismo para garantizar una distribución justa de sus resultados.
Una economía puede crecer mientras aumentan las desigualdades, mientras los salarios pierden capacidad de compra o mientras una parte de la población queda fuera de los beneficios del desarrollo. También puede mostrar buenos resultados fiscales al mismo tiempo que se deterioran servicios públicos esenciales. Por eso, la pregunta económica relevante no debería ser solamente cuánto crece un país, sino cómo crece, quién se apropia de los beneficios y qué condiciones de vida genera ese crecimiento.
Hay un aspecto especialmente importante para comprender el alcance de las intervenciones de León XIV: su conocimiento de América Latina. No se trata de un pontífice ajeno a las realidades de la región, que llega con un conjunto de mensajes generales sin comprender las particularidades de cada país. Su trayectoria y, especialmente, sus años de trabajo en Perú le dieron un conocimiento directo de los problemas sociales, las desigualdades y las dificultades que enfrentan amplios sectores de la población.
Ese conocimiento importa porque permite entender que sabía dónde estaba parado y qué significado podían adquirir sus palabras en cada escenario. Sus intervenciones estuvieron orientadas a las ideas y a los grandes problemas sociales, más que a la confrontación con gobiernos o partidos. No necesitó mencionar medidas económicas específicas para respaldar determinados principios. Sus planteos sobre el trabajo, la distribución de la riqueza, la protección social y la responsabilidad de las instituciones tenían un contenido suficientemente claro como para dialogar con las prioridades y tensiones de cada país.
El caso uruguayo resulta particularmente interesante. A pesar de ser la máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se encontró con una sociedad de fuerte tradición laica, donde la separación entre las instituciones religiosas y el Estado constituye una característica central de nuestra historia. Sin embargo, esa laicidad no representó una barrera para el intercambio. Por el contrario, permitió observar que desde tradiciones y fundamentos diferentes pueden construirse coincidencias sobre problemas colectivos.
La preocupación por la pobreza, el trabajo, la desigualdad, el cuidado de los recursos naturales y el papel de las políticas públicas abrió espacios de diálogo entre prioridades sociales y conceptos que tienen puntos de encuentro, aunque no necesariamente compartan todos sus fundamentos.
La visita mostró algo importante, la laicidad no implica ausencia de diálogo con las religiones, sino que permite ese intercambio sin subordinación institucional ni imposición de creencias. El Papa no necesitó hablar desde una posición de autoridad religiosa sobre el Estado uruguayo para que sus ideas tuvieran relevancia pública. El valor de sus intervenciones estuvo en los problemas que planteó y en la posibilidad de encontrar puentes con preocupaciones presentes en nuestra sociedad.
En Uruguay, sus planteos sobre el desarrollo, el trabajo, la salud y el cuidado de los recursos naturales también tienen consecuencias económicas concretas. Si la salud constituye un derecho que debe garantizarse independientemente del ingreso, entonces su financiamiento no puede quedar librado exclusivamente a la capacidad individual de pago. Si el trabajo tiene un valor que supera su contribución a la producción, las políticas laborales no pueden evaluarse únicamente por su efecto sobre los costos empresariales. Y si los recursos naturales deben preservarse para las próximas generaciones, la rentabilidad inmediata no puede ser el único criterio para decidir sobre su explotación.
Algo similar ocurrió en Argentina, aunque en un contexto político y económico muy diferente. Allí, las discusiones sobre el ajuste fiscal, la desregulación, el papel del Estado y las consecuencias sociales de las reformas económicas dieron a sus palabras una resonancia particular.
La defensa de la protección social, del trabajo digno y de las responsabilidades públicas puede leerse como un cuestionamiento a los enfoques que subordinan esos objetivos al equilibrio de las cuentas públicas o que consideran que el mercado debe resolver por sí mismo la mayor parte de los problemas económicos.
Esto no significa desconocer la importancia de la estabilidad macroeconómica. La inflación perjudica especialmente a quienes tienen menores ingresos, los desequilibrios fiscales persistentes generan problemas y una economía necesita inversión, productividad y crecimiento para sostener mejoras duraderas en el bienestar.
La diferencia está en cómo se distribuyen los costos de alcanzar esos objetivos. No es lo mismo ordenar las cuentas públicas mediante una reforma tributaria progresiva que hacerlo reduciendo prestaciones que reciben los sectores más vulnerables. Tampoco es indiferente que las ganancias de productividad se traduzcan en mejores salarios o se concentren principalmente en mayores rentabilidades empresariales.
En Argentina, el mensaje del Papa adquirió así una dimensión política evidente, aun sin constituir un pronunciamiento partidario. Sus palabras pusieron sobre la mesa criterios para evaluar las políticas económicas que no siempre coinciden con los que predominan en las propuestas de liberalización y reducción de la intervención estatal.
Perú tuvo una significación diferente. No fue simplemente otra escala de la gira, sino un país profundamente vinculado a la trayectoria personal y pastoral de León XIV. Su experiencia de muchos años allí le permitió conocer directamente las desigualdades territoriales, las condiciones de vida de las comunidades, las dificultades de acceso a servicios y los conflictos asociados al desarrollo económico.
Resultaron especialmente interesantes los relatos y testimonios sobre su trabajo anterior, sus acciones concretas y su relación con distintas comunidades. Esos antecedentes permiten interpretar sus discursos no solamente como declaraciones de principios, sino también a partir de una trayectoria de actuación y compromiso social. Las referencias a la dignidad del trabajo, la desigualdad, las responsabilidades empresariales y la protección de los sectores vulnerables adquieren otro peso cuando se vinculan con experiencias y problemas que el propio pontífice conoció de cerca.
Su planteo sobre la actividad empresarial también merece atención. La doctrina social de la Iglesia no rechaza la empresa ni la propiedad privada. Reconoce su papel en la generación de riqueza, empleo e inversión, pero sostiene que la actividad económica debe responder a una finalidad social. El capital, la gestión y el trabajo no pueden considerarse dimensiones completamente separadas de las condiciones de vida de las personas.
Este enfoque se distancia de las versiones más radicales del liberalismo económico, que consideran que la intervención estatal debe reducirse al mínimo y que los resultados del mercado constituyen, en términos generales, una distribución aceptable de los recursos. Pero tampoco sería correcto presentar al Papa como un defensor de un programa económico socialista. Su diferencia con el liberalismo de mercado más extremo está en que no considera que los derechos de propiedad o la libertad empresarial sean absolutos ni que puedan ejercerse al margen de sus consecuencias sociales.
Uno de los puntos más relevantes del mensaje económico la eficiencia no puede ser el único criterio para evaluar una política pública y el crecimiento no puede considerarse un fin en sí mismo. La experiencia latinoamericana muestra que crecimiento y distribución no son sinónimos. La expansión económica puede mejorar los ingresos y reducir la pobreza, pero sus resultados dependen también de las políticas tributarias, de la calidad del empleo, de los sistemas de protección social y del acceso a servicios públicos. La distribución no ocurre solamente después de producir la riqueza. También se define en la manera en que se organiza la producción, se fijan los salarios, se establecen las condiciones laborales y se distribuye el poder económico.
¿Fueron entonces neutrales los discursos de León XIV? Depende de qué entendamos por neutralidad. Si hablamos de neutralidad partidaria, sus intervenciones no constituyeron un respaldo explícito a un partido o a un gobierno determinado. Sus fundamentos fueron religiosos y sociales, no electorales. Pero si entendemos la neutralidad como la ausencia de posiciones sobre los conflictos económicos y distributivos, difícilmente puedan considerarse neutrales. Defender el acceso universal a derechos, reconocer responsabilidades colectivas frente a la pobreza y cuestionar que la riqueza se concentre en pocos sectores supone tomar posición sobre cuestiones centrales de la economía. También corresponde reconocer que el pensamiento de la Iglesia no coincide plenamente con las posiciones de la izquierda, especialmente en determinados debates sobre derechos individuales, familia y autonomía personal. Esa diferencia no invalida la coincidencia en asuntos vinculados al trabajo, la desigualdad o la protección social, pero impide identificar sin más el discurso papal con una corriente política.
La gira permitió observar a un Papa que conocía la región y que supo dialogar con realidades diferentes sin abandonar un conjunto de principios comunes. En Uruguay, el encuentro con una sociedad laica; en Argentina, la presencia de debates económicos particularmente intensos; y en Perú, el vínculo con su propia trayectoria dieron contenidos y significados distintos a sus planteos.
Desde una mirada económica y de izquierda, lo interesante es que el respaldo a determinados principios sociales no requiere necesariamente una identificación partidaria. Defender el trabajo digno, cuestionar la concentración de la riqueza o reclamar responsabilidades públicas frente a la desigualdad son posiciones que pueden encontrar coincidencias en tradiciones políticas, sociales y religiosas diferentes. Esas coincidencias no eliminan las diferencias, pero permiten construir puentes alrededor de prioridades que siguen siendo centrales para América Latina.
La visita deja además una discusión especialmente oportuna para Uruguay. Nuestro país tiene una larga tradición de políticas públicas, protección social e institucionalidad democrática. Sin embargo, también enfrenta problemas de pobreza infantil, desigualdades de oportunidades, dificultades de acceso a la vivienda y tensiones entre las necesidades sociales y las restricciones presupuestales.
El tema no es cuánto puede gastar el Estado, sino qué prioridades establece, cómo obtiene los recursos y qué consecuencias tienen sus decisiones sobre la población. La sostenibilidad fiscal es necesaria, pero no resuelve por sí sola la discusión sobre el desarrollo.
El aporte de León XIV no está en ofrecer soluciones técnicas a estos problemas. No presentó una reforma tributaria, una estrategia de crecimiento ni un modelo de financiamiento de la protección social. Su intervención se ubica en otro plano recordar que las decisiones económicas deben juzgarse también por sus consecuencias humanas. Durante mucho tiempo, una parte del debate económico intentó separar las decisiones técnicas de las decisiones distributivas, como si las primeras fueran neutrales y las segundas pertenecieran exclusivamente al terreno ideológico. Sin embargo, decidir qué impuestos se cobran, qué gastos se reducen, qué actividades se promueven o qué derechos se garantizan supone siempre elegir entre alternativas que afectan de manera diferente a distintos sectores. La economía no puede escapar a esas decisiones, por más sofisticados que sean sus modelos o sus indicadores.
León XIV no necesitó convertirse en un dirigente político para introducir una discusión profundamente política. Su conocimiento de la región, su trayectoria y su capacidad de establecer puentes entre realidades diferentes le permitieron colocar en el centro cuestiones que muchas veces quedan subordinadas a los indicadores macroeconómicos. El mensaje de fondo es que la estabilidad, el crecimiento y la inversión son necesarios, pero no suficientes para hablar de desarrollo. Una economía debe ser evaluada también por su capacidad de mejorar las condiciones de vida, reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades. Y eso devuelve al debate una pregunta que debería ser central para cualquier proyecto económico: no solamente qué riqueza somos capaces de generar, sino cómo se distribuye, quiénes se benefician y para quiénes estamos construyendo el desarrollo. Esa pregunta no es neutral. Y tampoco debería serlo la respuesta de una sociedad que aspira a ser más justa.