La situación que describió el productor fue confirmada por el ingeniero Hamilton Touron, representante de la cooperativa agraria Jumecal. “El mayor impacto son las pérdidas de productividad. La falta de agua impacta en los kilos de producción que se obtienen, lo que redunda en menos ingresos para las familias. También tenemos problemas con las quemaduras, porque el déficit hídrico hace que la planta esté inactiva, al no absorber agua, y se entre a quemar por el sol”. Además, explicó que, en algunos lugares, la falta del recurso impide realizar tareas cotidianas en los predios, como las aplicaciones de agroquímicos. En casos extremos, señaló, “la gente no tiene [agua] ni siquiera para tomar”, por lo que deben optar por el suministro de OSE y asumir ese gasto económico.
¿Se trata de una situación coyuntural por un evento climático puntual o ya estamos ante un cambio estructural en las condiciones de producción debido al cambio climático? Para el ingeniero “lo que se está viendo es un cambio climático”, ya que “año a año se está observando una merma en los milímetros de agua que comúnmente tiene Uruguay”.
Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el director de Recursos Naturales, Gustavo Garibotto, coincide en que “la situación es compleja” aunque aclara que es “muchísimo menos compleja de lo que fue la gran sequía que tuvimos entre el año 2022 y 2023, de una intensidad muchísimo mayor y que abarcó a todo el país, afectando todos los rubros”. Asegura que “esta sequía es diferente”, que “ha sido gradual en su avance”, pero también valora que “ha sido abordada de forma gradual” mediante las distintas resoluciones de emergencia.
Emergencia agropecuaria
Uruguay está bajo emergencia agropecuaria desde el 24 de febrero, por un periodo de noventa días. Así lo resolvió el MGAP, atendiendo una propuesta de la Comisión de Emergencias Agropecuarias, integrada por la cartera, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta primera resolución abarcó a los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en unos diez departamentos: Canelones, Maldonado y Montevideo en su totalidad; y algunas seccionales policiales de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres. “La resolución de la Comisión responde al agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos generados por INIA-GRAS e Inumet monitoreados desde inicios de año”, argumentaba el MGAP en aquel momento. Los parámetros a los que se refiere son el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD).
Dos semanas después, el 9 de marzo, el Ministerio resolvió extender el área de cobertura debido a que la situación climática se vio agravada según nuevos informes técnicos del Inumet y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta nueva resolución incluyó a los departamentos de Colonia y Soriano en su totalidad e incorporó nuevas seccionales policiales en los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rocha, San José y Treinta y Tres, que no habían sido incluidas en la primera resolución.
Las medidas del Gobierno
A medida que el déficit hídrico se fue agudizando, el Gobierno fue adoptando medidas en varias etapas y en distintas zonas del país, con el objetivo de atender la emergencia y permitir que los productores pudieran “mantenerse en la actividad”, “recuperar, en la medida de lo posible, los perjuicios ocasionados” y “prepararse para el próximo ciclo productivo”. Así lo explicó Garibotto, quien destacó que el diseño de estas medidas se apoya en una "cultura del dato muy fuerte" basada en los reportes de la Comisión.
El jerarca detalló que las medidas variaron según el rubro y el tipo de productor, y que el foco principal estuvo puesto en “aquellos productores con menor espalda, los pequeños y microproductores de los diferentes rubros”. “En una primera instancia, se resolvieron prórrogas de pago para organismos públicos, entre ellos el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social, y también se dialogó con las intendencias para postergar el pago de la contribución rural en los casos en que correspondiera. Además, se implementaron distintas herramientas de financiamiento, ya que “existe un determinado grupo de productores que, por diferentes razones, no acceden al crédito del Banco República. A veces por no contar con las garantías suficientes, o por una cuestión cultural de desconfiar, o de pensar que no van a poder pagarlo”.
A medida que avanzó la sequía, el Gobierno evaluó nuevas medidas, especialmente para el sector agrícola extensivo, que en algunas zonas se vio seriamente afectado. Las últimas medidas anunciadas fueron nuevas herramientas vinculadas al sistema financiero, entre ellas prórrogas de créditos del Banco República sin afectar la calificación crediticia y el uso de garantías del Sistema Nacional de Garantías (SIGA).
Sobre la situación de los productores agrícolas, señaló que en febrero muchos ya daban por perdida la cosecha y que el desafío ahora es “levantarse y mirar la siguiente zafra”, para lo que entiende fundamental contar con respaldo financiero para poder invertir en el próximo ciclo productivo.
Acceso al agua
Con los pies en el campo, hay un abismo entre la oferta financiera y la disposición de quienes trabajan la tierra. Muchos productores no ven la posibilidad de acceder a créditos como una solución viable, ya que existe un gran temor al endeudamiento. “El productor con la cuestión de los créditos intenta no meterse porque sabe que no los puede pagar y que es un problema a futuro. Ya está muy castigado con ese tema”, aseguró el ingeniero de la cooperativa. Por este motivo, consideró que “es una medida que queda por el camino”.
Sin embargo, otras medidas tuvieron un impacto positivo, especialmente las vinculadas al acceso y almacenamiento de agua. Según explicó el experto, “hubo medidas muy buenas, como las ayudas para la limpieza de tajamares y pozos. Eso sí impactó en el productor, que logró por lo menos tener una posibilidad de almacenar”. El problema es que la falta de lluvias —aclaró— impidió que esas mejoras se reflejaran plenamente en la disponibilidad de agua. “A pesar de que terminaron haciendo esas reparaciones, no ha llovido y no se han llenado esos pozos. Pero de todas formas sirvió para que el productor tenga la posibilidad de juntar agua cuando llueve”.
“En nuestro caso, lo que nos ayudaría es un subsidio para pozos, tajamares y para infraestructuras como caños de riego. Yo tengo un pocito que no da mucha agua y no me alcanza para la producción. Entonces, tendría que hacer otro pozo, y tratar de juntar el agua cuando llueve”, afirmó Guillermo.
Repensar el modelo productivo
Consultado sobre si eventos climáticos como las sequías, cada vez más frecuentes, obligaban a repensar el modelo productivo, Garibotto expresó: “Estamos convencidos de que sí, y actuamos en función de eso”. A modo de ejemplo, recordó que, a mediados de diciembre, la cartera, en acuerdo con Dinagua, lanzó una convocatoria destinada a pequeños productores, de hasta 100 hectáreas CONEAT 100, que otorgaba subsidios para que las familias productoras pudieran generar soluciones de acceso al agua, como tajamares, perforaciones, y estar mejor preparados ante futuras sequías. “En ese momento no se sabía con certeza que se produciría una sequía, aunque existían indicadores que marcaban esa posibilidad. Y luego ocurrió. Eso tiene que ver con diseñar políticas públicas en base a decisiones bien informadas, ya que nosotros veníamos viendo que desde 2018 se registraba en zonas del sur y centro del país un promedio de precipitaciones anuales sistemáticamente por debajo de los registros históricos”.
El jerarca remarcó que estas soluciones incluyen también asesoramiento técnico para el diseño de los sistemas de agua, con el objetivo de “evitar que el productor invierta, que haga el tajamar, y que en la próxima sequía no obtenga los resultados esperados”, ya que no siempre tienen los conocimientos técnicos requeridos.
Garibotto también mencionó otras líneas de trabajo, como el trabajo de la Comisión Ejecutiva Interministerial para asuntos de riego, que funciona en la órbita de Presidencia involucrando a los ministerios de Ganadería, Ambiente, Economía e Industria. También destacó el análisis del uso de represas ya existentes y el desarrollo de seguros agropecuarios frente a eventos climáticos. Sobre este último punto, explicó que los seguros deben pensarse a escala regional y no solo nacional. “No es posible pensar en un sistema de seguros que sea solamente Uruguay, porque Uruguay es muy chiquito”, señaló, y agregó que por eso se trabaja con países del Mercosur para generar sistemas que permitan diversificar el riesgo y hacer viable el sistema de seguros.
Futuro incierto
Las proyecciones futuras de quienes trabajan la tierra todos los días están limitadas por la incertidumbre climática. “Es muy complicado producir así, es muy complicado porque ya escapa a uno. Como te digo, yo en mi caso estoy más o menos armado, tengo el riego, tengo todo, pero si no tengo agua es imposible. Entonces, así es muy complicado seguir adelante”, dice Guillermo.
Por su parte, Hamilton advierte que, si las condiciones climáticas se mantienen, la consecuencia será la “disminución total de superficie productiva y también de la cantidad de productores que ya estamos perdiendo bastante”. Y agrega: “La base de la producción es el agua, si no hay agua, no hay producción, y no hay calidad para poder entrar un mercado que exige demasiado”.
Al pensar en los desafíos para enfrentar el déficit hídrico, el ingeniero hace una apuesta a los recursos hídricos cercanos que tiene el país y que, a su entender, “podrían aprovecharse mejor”. “Nosotros estamos rodeados de agua por canteras y cursos naturales que pasan por la zona. Se necesita un plan a gran escala para poder administrar esa agua a los productores” y, a futuro, avanzar en “soluciones colectivas y no individuales”.
Para el director del MGAP, el impacto de la sequía dependerá de los rubros. “En algunos casos, como la agricultura, algunas de las pérdidas ya están cuantificadas, mientras que en otros, al encontrarse en pleno proceso de cosecha, se sabrán en los próximos días. A su vez, otros rubros como la ganadería tienen la característica de que sus efectos se verán a mediano plazo, ya sea a partir de las ecografías de los ganados, ahora en el otoño o, para la mayoría de los productores, a partir de los partos en primavera ”.
De acuerdo al jerarca, cada evento climático también deja aprendizajes y obliga a pensar soluciones estructurales, especialmente en el acceso al agua, la alimentación animal y la planificación productiva. A modo de ejemplo, señaló que el contexto de precios altos del ganado permitió a algunos productores tomar decisiones para enfrentar la sequía sin tener que malvender su producción. “Algunos optaron por vender animales, pero no mal vender, como siempre ocurre en la sequía, sino vender bien y bajar carga. Todos esos son aprendizajes que vamos haciendo públicos y privados, juntos, y nos posicionan mejor sequía a sequía”.
