Para ellos se diseñarán mecanismos que combinen crédito hipotecario, subsidios directos y garantías públicas, reduciendo así las barreras de entrada al mercado formal. Se prevé:
• Disminuir los requerimientos de ahorro previo.
• Reducir el riesgo para las instituciones financieras mediante garantías estatales.
• Adecuar los plazos y condiciones a las trayectorias reales de los hogares.
Asimismo, se fortalecerán las líneas de crédito para compra y refacción de vivienda usada en zonas con infraestructura, promoviendo la revitalización de áreas urbanas ya consolidadas.
Alquiler social: un nuevo paradigma habitacional
Otra de las prioridades será la creación de una política nacional de alquileres, con una batería de medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda digna para familias que no pueden acceder al crédito hipotecario. Bajo el concepto de alquiler social, se diseñará un sistema mixto de gestión público-privado, que incluirá:
• Un parque de viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler a precios accesibles.
• Incentivos a propietarios privados para alquilar sus inmuebles bajo este régimen.
• Llamados a propietarios interesados en construir nuevas unidades en convenio con el Estado.
• Subsidios parciales de alquiler que cubran la diferencia entre el costo del arrendamiento y la capacidad de pago del hogar.
• Aplicación del Fondo de Garantía de Alquileres para garantizar acceso y permanencia.
El programa comenzará con una experiencia piloto para luego escalarlo como política pública nacional.
Más inversión y atención a la emergencia
El gobierno se compromete a duplicar los recursos para vivienda en el próximo período, priorizando soluciones habitacionales para personas en situación de calle, víctimas de violencia doméstica, jóvenes egresados del INAU y personas que están saliendo del sistema carcelario.
También se proyectan medidas como:
• Apoyo a cooperativas de vivienda, incluyendo agilización de procesos y exoneraciones impositivas.
• Fortalecimiento de las carteras de tierras para proyectos habitacionales con servicios básicos.
• Proyectos de vivienda para adultos mayores que favorezcan la vida autónoma.
El nuevo enfoque del gobierno busca consolidar un sistema habitacional más inclusivo, adaptado a las realidades sociales, económicas y familiares del Uruguay actual. El PQV 2025–2029 será presentado junto al Presupuesto Nacional, conforme a la Ley Nacional de Vivienda N.º 13.728, y se perfila como una hoja de ruta ambiciosa para garantizar el derecho a la vivienda con justicia social y sostenibilidad.
