* Por sexo: 91% hombres (0,5% trans) y 9% mujeres (0,14% trans).
* Por delito: mayoritariamente por estupefacientes (luego hurto y rapiña).
* 97,5% son de Uruguay, y el resto son ciudadanos extranjeros principalmente de: Brasil, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba y Colombia.
* Franja etaria: mayoría entre 25 y 29 años, seguida por la franja entre 30 y 34.
* Madres con hijos: 64 niños/niñas viven en centros penitenciarios.
* Tasa de prisionización: 480 ppl cada 100.000 habitantes. Representa la mayor tasa de prisionización de Sudamérica y la 8ª a nivel mundial.
* Reincidencia: a tres años de recuperar la libertad, 74% vuelven a delinquir.
Superpoblación
“Esto demuestra que se necesitan cambios profundos. Pero es muy difícil trabajar en procesos de rehabilitación en condiciones de superpoblación”, sostuvo Juanche.
Acerca de la rotación, en 2025 fueron liberadas 10.691 personas, que equivale a un promedio de 31 personas que egresan por día del sistema penitenciario uruguayo, pero fueron más las que ingresaron, advirtió la directora del INR: “El saldo neto entre quienes ingresan y egresan siempre es favorable a los ingresos”.
“Esto explica el crecimiento sostenido de la población, junto con la ralentización del egreso debido, fundamentalmente, a las restricciones en los institutos liberatorios”, dijo.
No obstante, Juanche recordó que “el crecimiento fue constante en los últimos 40 años y el Estado no logró generar la infraestructura necesaria al mismo ritmo”.
En relación con el aumento geográfico de la población carcelaria uruguaya, se incrementó la concentración en el área metropolitana, pero también creció sustantivamente la población penitenciaria en casi todo el interior del país.
Salvo Canelones, Rivera y San José, el resto tuvieron variaciones sustantivas, que rondan entre 10% y, en los casos de mayor aumento, casi el 46%, como Lavalleja.
“Esto tiene mucho que ver con el comportamiento del delito en los departamentos, con la asertividad policial y con el funcionamiento del sistema penal”, dijo Juanche.
Hacinamiento crítico
Según los estándares internacionales, cuando un establecimiento tiene una superpoblación mayor al 120%, es considerado como hacinamiento crítico.
En Uruguay, “hay un conjunto importante de unidades que superan esta barrera del 120% y algunas en niveles bastante alarmantes”, advirtió la directora del INR.
Por encima del 200% la cárcel de Colonia; sobre el 200% la cárcel de Rocha y por encima del 180%, unidades como Durazno y muy cerca está Maldonado y Rivera.
“Estas son cárceles de las grandes metrópolis donde también el delito ha ido creciendo y, al tiempo que ha ido creciendo el delito también la efectividad policial y las condenas asociadas a ello”, explicó Juanche a los legisladores de la comisión.
Nuevas cárceles y más plazas
La directora del INR anunció que las próximas inauguraciones serán en el Complejo Libertad en modalidad de participación público-privada y la nueva Unidad Nº 5 (mujeres) que empezó a construirse en la administración pasada.
“En la Unidad Nº 27, la primera que inauguraremos del Complejo Libertad, el primer contingente será trasladado la semana próxima, el viernes 15, desde Santiago Vázquez, desde el módulo 1 y están programados los sucesivos traslados en cadencias de aproximadamente entre una vez y dos veces por semana”, anunció.
La unidad tiene una capacidad para 460 plazas y será “especializada para ofensores sexuales que va a tener un programa estandarizado de alta intensidad para tratar el riesgo de agresión sexual asociado a otros riesgos criminógenos”, detalló Juanche.
Posteriormente, se empezará a poblar la Unidad Nº 28 con personas formalizadas y condenadas por delitos de violencia doméstica y de violencia basada en género.
Dignificación de la prisionización femenina
Por otra parte, está en curso la licitación para la construcción de un sector femenino de progresividad en la Unidad Nº 18 de Durazno en régimen de chacra.
También están en curso construcciones y refacciones en los sectores femeninos de la Unidad N° 12 (Rivera); Unidad N° 15 (Cerro Largo) y Unidad N° 19 (Florida).
“Tenemos proyectados sectores femeninos en la Unidad N° 11, Las Cañitas (Río Negro); en la Unidad N° 16 y en la chacra de Paysandú; en la Unidad N° 22, de Rocha, que se construyó en el 2011 y no tiene sector femenino, lo que obliga a que las mujeres formalizadas o condenadas en el departamento sean derivadas a Maldonado y desarraigadas, y en la Unidad N° 24 (Soriano), donde el sector femenino es muy pequeño para la cantidad de mujeres que están allí”, explicó.
Además, “proyectamos una casa de medio camino para mujeres, una modalidad para personas que están próximas al egreso; en régimen de salidas transitorias, durante el día salen a trabajar y a estudiar en la comunidad y vuelven a recibir programas de tratamiento y de trato en esta casa de medio camino”, detalló.
También anunció la intención de construir “la nueva unidad para madres con hijos porque se va a trasladar la Unidad de Mujeres, pero todavía no tenemos un local adecuado para las madres con hijos y entendemos que necesitamos generar un edificio acorde, moderno, con las prestaciones y la infraestructura necesarias para que los niños se desarrollen en las mejores condiciones junto a sus madres, así como una nueva unidad para sustituir la cárcel de Treinta y Tres, que es la última cárcel del siglo XIX que todavía persiste en el país”, recordó la titular del INR.
Juanche remarcó que “es parte de la estrategia de esta Administración promover la progresividad para las mujeres que tienen sensiblemente menores oportunidades de progresividad en todo el sistema y que desde que inician su pena hasta que salen liberadas la transitan en un único régimen”. En ese sentido, su gestión está abocada “a generar mejores espacios y mejores oportunidades para ellas”, afirmó.
Atención al uso problemático de drogas
Asimismo, destacó una “fuerte apuesta en los programas de atención al uso problemático de drogas” e informó nuevos espacios. “Inauguramos el programa residencial de alta intensidad en la Barraca N° 2 de la Unidad N° 6, con cupo para 40 personas, en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana II, que replicaremos en la nueva Unidad N° 29 del Complejo Libertad”, adelantó Juanche.
El jueves 14 de mayo se inauguró el dispositivo de detección temprana y derivación del uso problemático de drogas en el centro de ingreso y en el sector de ingreso de la Unidad N° 5 de mujeres. Estas iniciativas se desarrollarán “de la mano de la Junta Nacional de Drogas en el marco de los compromisos de gobierno”, valoró.
También se crearon dispositivos de atención al uso problemático de drogas en la modalidad de gestión de riesgos y reducción de daños con la Junta Nacional de Drogas y SAI-PPL en la Unidad N° 3, Penal de Libertad; la Unidad N° 4, Complejo Santiago Vázquez; la Unidad N° 5, Mujeres, y la Unidad N° 6, Punta de Rieles.
A su vez, se desarrollaron dispositivos con modalidades de cooperación con la sociedad civil. La Fundación Quebracho en la Unidad N° 1; Bethania en la Unidad N° 21 (Artigas); Fundación Fénix en la Unidad N° 18 (Durazno); Unidad N° 14, Piedra de los Indios; Unidad N° 6, Punta de Rieles; Unidad N° 13, Las Rosas; Unidad N° 15, Conventos (Cerro Largo); y la Unidad N° 17, Campanero (Lavalleja).
“Esto nos va a permitir, por primera vez, estimar asertivamente cuál es la cantidad de personas usuarias problemáticas de drogas, cómo en esas personas usuarias problemáticas ese uso se vincula o no con la conducta delictiva y, además, derivar asertivamente a los distintos programas o a la atención de salud, si así se ameritara”.
El 53% de las ppl estudian y/o trabajan
Según datos de marzo de 2026; las personas privadas de libertad que trabajan, estudian, o estudian y trabajan, representan el 53% de la población penitenciaria.
La directora del INR informó a los legisladores que, en términos de educación y trabajo, “tenemos un 2% de aumento; es un porcentaje leve, pero créanme que realmente no es tan leve porque resulta sustantivo para los esfuerzos que requiere”. “Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 pasamos de 37% a 39% de personas que participan en actividades laborales. Aumentamos 4% las personas que participan de actividades de educación formal y no formal, y si sumamos a quienes estudian, trabajan o estudian y trabajan, el total asciende al 53% de la población”, resumió.
Con respecto a la infraestructura, “tenemos un sistema muy heterogéneo que responde a distintas concepciones históricas sobre la cárcel”, analizó.
“Contamos con unidades de pequeño porte, en régimen de mínima seguridad, tipo chacras y tenemos mega establecimientos o mega complejos como Santiago Vázquez que aloja a 5.200 personas, desde la perspectiva de infraestructuras muy diversas. Esto hace un crisol bastante complejo en términos no solamente de alojamiento, sino de vehiculización de la oferta programática”, explicó Juanche.
La jerarca aseveró que “no es lo mismo desarrollar y gestionar las oportunidades de reinserción y reducción de la reincidencia en una unidad de menos de 500 personas que en un mega complejo de 5200, porque todo está colapsado”.
Sobre ese 47% de ppl que no acceden a actividades de estudio o trabajo, “hemos trabajado muy fuertemente junto a otras instituciones para poder profundizar y aumentar la oferta educativa y, sobre todo, de formación profesional”, afirmó.
“Llevamos de 8 a 20 programas Rumbo junto a UTU para la finalización del ciclo básico abreviado. Son programas anuales de 3 módulos que duran aproximadamente 18 meses y que les permiten a las personas finalizar el ciclo básico en un año y medio” y remarcó que Junto al Focap y al Inefop, se desarrolla en el Penal de Libertad, Canelones, Durazno, Salto y Artigas, cursos de ingreso al sector de la construcción y de formación para medio oficial albañil; acreditaciones de UTU en Unidades N° 1,3, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 20 y 22; cursos de formación profesional; en la industria de la gastronomía, de galletería y panadería.
Déficit de recursos humanos en las cárceles
Respecto a los recursos humanos, el INR cuenta actualmente con 3.818 funcionarios, de los cuales el 11,3% están en procesos de licencia médica prolongada, o en procesos de baja por diversos motivos, informó Juanche.
“La situación del déficit de personal en el sistema penitenciario es estructural. El estándar internacional para los funcionarios de seguridad y de trato directo con la población privada de libertad estima una relación de un funcionario cada tres personas privadas de libertad para que, en los hechos, se traduzca a una relación no mayor a doce personas privadas de libertad por turno”, explicó.
En Uruguay, la relación actual es de 32 personas privadas de libertad por cada funcionario policial; 61 personas privadas de libertad por cada operador penitenciario; 166 personas privadas de libertad por cada funcionario técnico o profesional y 357 personas privadas de libertad por cada funcionario administrativo.
26052025-G_B_8241
Montevideo, Uruguay, 26.05.2015. Cárcel de mujeres, UN5, INR.
FocoUy
Nuevos ingresos de trabajadores penitenciarios
Frente a esta realidad, Juanche dijo que se tomaron medidas celéricas relacionadas con el llenado de vacantes de ingreso y ascenso para 500 agentes penitenciarios; con la creación de 1.000 cargos a través de la nueva Ley de Presupuesto Nacional, que se proveerán entre 2026 y 2029: 500 de ellos son operadores y 500, policías.
Egresaron en marzo de 2026 los primeros 195 agentes de la primera tanda de 500, y actualmente hay en proceso de formación otras 4 tandas: una de 28 agentes en Maldonado, una de 10 agentes en Paysandú, 15 agentes que se va a completar para Río Negro y Soriano, y 261 para el área metropolitana, junto con una tanda de 95 operadores penitenciarios Grado 1 también para el área metropolitana.
Para 2026 también está prevista una tanda de 323 operadores penitenciarios para la zona metropolitana y departamentos varios, para fortalecer los equipos de trabajo de los departamentos del interior del país, y nuevos ingresos a partir de vacantes generadas por los ascensos de operadores grado 2, 3 y 4 que están en curso.
También hay 60 vacantes del escalafón A), que es el escalafón técnico, que “nos van a permitir proveer 28 psicólogos, 15 trabajadores sociales y otros 17 profesionales varios en el marco del proyecto de descentralización, más otros 40 psicólogos para el sistema carcelario y 38 profesionales para la Dinama en el marco de los artículos de oferta programática de la Ley de Presupuesto”, recalcó la directora del INR.
Para fortalecer la política de los recursos humanos, en convenio con la Dirección General de Educación Técnico Profesional, UTU, “acabamos de celebrar un convenio que en una de sus cláusulas contempla la posibilidad de finalización del ciclo básico y bachillerato en forma abreviada para el 54% de los funcionarios que no tiene el ciclo básico aprobado; esto pudimos relevarlo a partir de un censo de funcionarios que hicimos durante 2025 conjuntamente con los sindicatos”, indicó.
En el marco del fortalecimiento de las políticas de salud ocupacional anunció que se integró el personal penitenciario en la Comisión de Salud y Seguridad Laboral del Ministerio del Interior, de la que también participan todos los sindicatos.
Inteligencia penitenciaria y máxima seguridad
A su vez informó que con recursos que provienen de la nueva Ley de Presupuesto, de las medidas urgentes para el exComcar y del préstamo del BID se invirtió en equipamiento y medidas para la seguridad penitenciaria, con una fuerte apuesta a la incorporación de tecnología: cableado para instalar cámaras y equipamientos de videovigilancia, escáneres de bultos y de personas, radio intercomunicadores y equipos de monitoreo para la supervisión de las medidas alternativas.
Referido al sistema de inhibición de señales de celulares, en la Unidad Nº 3 hay un sistema muy moderno, que se replicará en la Unidad Nº 1 y en la PPP de Libertad.
También se generó un dispositivo de enlace con la Policía Nacional que “articula acciones de inteligencia, investigación y análisis entre el INR y diversas unidades de la Policía Nacional, atendiendo los fenómenos de la criminalidad organizada, el recrudecimiento de algunas situaciones que hemos visto y también en virtud de las últimas operaciones policiales, que han resultado con el apresamiento de personas que catalogamos de alto riesgo para la seguridad pública”, comentó Juanche, y añadió que este dispositivo también “se articula con las inteligencias de la región”.
“Hemos diseñado, y estamos en proceso de implementación, el nuevo régimen de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública, y estamos proyectando, para introducir en la Ley de Rendición de Cuentas, una reformulación al Decreto Ley n.° 14.470, conocido como la Ley Penitenciaria, justamente para incluir el régimen de alto riesgo y darle base legal, ya que hoy los regímenes penitenciarios son exclusivamente el de mínima”, dijo.
También se apostó al diseño, construcción y operación de dos unidades de máxima seguridad de hasta cincuenta cupos. “Cada una, como lo anunció el presidente de la República, se hará bajo la modalidad de participación público-privada; están destinadas a alojar perfiles de alto riesgo para la seguridad pública bajo criterios técnicos estrictos de clasificación y revisión periódica de estas personas”, anunció.
Este régimen de máxima seguridad fue inaugurado aunque no en una unidad especializada por el narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín.
Requisas e incautaciones de armas y drogas
En cuanto a requisas, “hay un tema de costo de eficiencia porque cuando se ingresa a un centro penitenciario con 400 personas es imposible pasar desapercibido. Entonces, inmediatamente ocurre que la población privada de su libertad termina por descartarse de los elementos ilícitos y, en definitiva, las incautaciones no resultan con su fin, que es ligar a la persona al objeto incautado”, indicó Juanche.
Respecto a la pregunta de un legislador sobre la no publicación de requisas, la jerarca justificó que “para cuidar la dignidad de las personas que están allí alojadas, preferimos hacerlo de manera reservada, porque no está buena la estigmatización que se produce cuando ese tipo de procedimientos son televisados”.
En 2025 se incautaron: 3 armas de fuego, 51 municiones, casi 10.000 armas de fabricación carcelaria, 2.510 celulares, aproximadamente 30 kg de marihuana, aproximadamente 21 kg de pasta base y 4 kg de cocaína.
“También tenemos noticias de ingreso de sustancias a través de drones”, detalló. De hecho, “el 23 de enero de este año fue apresada en las afueras de Santiago Vázquez una persona que pretendía ingresar, a través de un dron, 1 kilo de marihuana. Pretendía hacerlo desde la rotonda ubicada en la Ruta n.º 1; esto lo digo para que tengan una noción del alcance de la tecnología que se utiliza hoy en día”, advirtió.
