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En el plano legislativo, Delgado detalló que el pasado 2 de octubre la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley de reconocimiento a los pueblos indígenas, el cual ingresó a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores. "Si sale significaría que Uruguay por primera vez reconoce a sus pueblos indígenas oficialmente", valoró.
Consultado sobre las resistencias que podría enfrentar la iniciativa durante su tratamiento parlamentario, Delgado señaló que actualmente, en el sistema político uruguayo,"hay una posición medio mileista" según la cual "está todo bien con lo de los indios, pero nada que exija muchos recursos al Estado".
La matanza de Salsipuedes
En otro tramo de la entrevista, Delgado analizó los orígenes de la persecución estatal contra las poblaciones originarias, vinculándola con la consolidación del modelo de colonialismo de poblamiento y las primeras políticas públicas implementadas tras la jura de la Constitución de 1830.
El presidente de Conacha comparó la matriz colonial histórica con proyectos de inversión contemporáneos —como el proyecto Praxis—, señalando que persiste en la cultura local la concepción de que se requiere asistencia externa para el desarrollo. "Esa también es una idea de infravaloración de la población indígena y también de la propia población criolla, como que nosotros mismos no podemos generar las condiciones de nuestro propio desarrollo.Tiene que venir el gringo porque nosotros mismos no podemos", cuestionó.
Bajo la primera presidencia de Fructuoso Rivera —período comprendido entre 1830 y 1834—, el naciente Estado uruguayo desplegó una serie de políticas públicas prioritarias que comenzaron por la captación de migrantes en zonas como la del Cerro, entonces conocida como Villa Cosmópolis. Según detalló, en esa étapa, "hay una serie de empresarios británicos, o casados con británicos, que se dedican a traficar personas de Europa a Uruguay. Como [las personas migrantes] quedan endeudadas con el que los trajo, terminan como 10 o 15 años laburando gratis para este empresario. Esa es también la otra cara, que no se habla mucho, de la migración de la época, que había todo un sistema de coyotes que traía gente de Europa".
A la par del flujo migratorio, las autoridades impulsaron un ordenamiento fiscal y territorial orientado a revertir los números rojos de la hacienda pública, exhausta tras los astronómicos gastos de las guerras de independencia. Para sanear el déficit y generar recaudación tributaria, el gobierno promovió la privatización masiva y la venta de tierras fiscales, lo que sentó las bases de una estructura agraria fuertemente privatizada y favoreció la entrada de capitales extranjeros, principalmente británicos y brasileños. Sin embargo, este proceso de extranjerización chocó de frente con la realidad del terreno, ya que buena parte de los campos puestos a la venta constituían el territorio ancestral habitado por las comunidades charrúas.
Delgado explicó que la presencia indígena influyó directamente en la cotización y ocupación de los predios: "Tener indígenas adentro te devalúa el precio de la tierra, si no tiene indígenas vale más, entonces el Estado puede ganar más al venderla". A ello se sumó que los potenciales compradores no se animaban a ocupar las tierras porque "le tenían miedo a los indígenas".
Este incipiente sector terrateniente estuvo articulado por el estanciero británico Diego Noble —quien poseía extensos campos en la zona del río Queguay y Tacuarembó— y por el entonces ministro de Hacienda, Lucas Obes. "Un ministro de economía que es el intermediario con un lobby empresarial", acotó.
El desenlace institucional derivó en la intervención de las fuerzas armadas. El 29 de diciembre de 1830, el Parlamento autorizó al Poder Ejecutivo el despliegue de una división expedicionaria para actuar en el medio rural. "Se vota el 29 de diciembre, la fecha en la que se votan las peores cosas en este país porque todo el mundo está en otra", advirtió Delgado. La resolución encomendaba combatir a los gauchos y a las comunidades indígenas, sin especificar el tipo de operaciones a ejecutar.
Pocos meses después comenzó la fase armada. El 11 de abril de 1831 se perpetró la matanza de Salsipuedes (a orillas del arroyo homónimo, en el actual departamento de Paysandú), acción comandada por Rivera que significó el hito más drástico de la campaña. "Salsipuedes es la primera y una de las más grandes de las matanzas de esta expedición militar, pero no es la única", aclaró Delgado.
Las acciones represivas y de persecución contra los supervivientes continuaron de forma continuada hasta 1835. El freno a la ofensiva estatal no respondió a un cambio de política hacia las comunidades originarias, sino a las disputas internas de la clase política criolla que desembocaron en el conflicto armado entre las divisas de Fructuoso Rivera y Manuel Oribe. "Es la disputa política del mundo criollo lo que frena un poco las persecuciones, pero si no el Estado tenía una continuidad", concluyó.
