En paralelo a la presentación de las cifras de delitos del primer semestre de 2025, el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó un informe especial sobre estafas, un delito que en la última década tuvo un incremento superior al 2000%.
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El informe presentado por el titular de AECA, realiza un análisis sintético de la evolución y características recientes de las estafas en Uruguay, basado en registros administrativos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la Nación, encuestas de victimización y otras fuentes.
El exponencial crecimiento de las estafas
Entre 2013 y 2024, las denuncias por estafa registradas en Uruguay crecieron de forma sostenida y acelerada, remarca el informe.
Mientras que en 2013 se contabilizaban 38,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, en 2024 la tasa ascendió a 870,5; lo que implica un incremento superior al 2.000%
En tanto, en 2024 se registraron más de 31.000 denuncias por estafas informó AECA, consolidando a este delito como el tercero más reportado a nivel nacional.
Este desplazamiento representa uno de los saltos más pronunciados dentro del sistema de registros criminales y evidencia el avance de las estafas como uno de los fenómenos delictivos más prevalentes en la actualidad.
La pandemia de covid-19 también pudo haber fungido como catalizador de esta tendencia, en tanto aceleró la comunicación y digitalización de los servicios en línea, provocando un incremento de las oportunidades para cometer actividades cibernéticas maliciosas a nivel global.
Fenómeno global
La expansión de las estafas se enmarca en una transformación global aclara el informe, en base a información de INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este tipo de delitos no solo creció en escala, sofisticación y capacidad de operar a distancia, muchas veces de forma transnacional y con participación del crimen organizado.
Por otra parte, AECA advierte que este tipo de delitos es difícil de medir y reconoce importantes limitaciones en el registro de los datos. Se estima que solo el 11,7% de las estafas son denunciadas formalmente, y otro 16% son reportadas a la policía sin denuncia oficial, lo que deja la vista una “cifra oculta” significativa que impide conocer el verdadero alcance del delito.
A su vez, los registros actuales carecen de información clave sobre las modalidades de estafa, los instrumentos utilizados, el canal de contacto o la tecnología involucrada. Para abordar el problema, AECA proyecta un estudio específico en colaboración con la Unidad de Cibercrimen, que permitirá sistematizar estos elementos.
Además, se espera que la Encuesta Nacional de Victimización de 2025 aporte información relevante para dimensionar mejor el fenómeno.
Perfil de las víctimas
El objetivo del ministerio es describir las principales tendencias, identificar perfiles de víctimas e imputados, señalar debilidades del sistema actual de información y destacar líneas de investigación que permitan un abordaje más integral de este tipo de delito que tiene tasas que superan las 1.000 víctimas cada 100.000 habitantes.
En ese sentido, el estudio de AECA identificó que la mayoría de las víctimas son personas de entre 26 y 55 años, y que las mujeres presentan una mayor tasa de victimización que los hombres, posiblemente vinculado a patrones de consumo digital o a una mayor disposición a denunciar delitos.
Si bien, en la mayoría de los casos, las víctimas de las estafas fueron una única persona, también se registraron episodios masivos, como algunos fraudes económicos que involucraron a más de 300 personas al mismo tiempo, entre ellos varios del universo ganadero.
Débil respuesta judicial: 1,5 imputaciones cada 100 denuncias
El informe de AECA alertó sobre la bajísima tasa de respuesta del sistema judicial con respecto al delito de estafas.
En 2024 se imputaron penalmente solo 1,5 personas por cada 100 denuncias.
El bajo nivel puede explicarse por la complejidad investigativa del delito, la dispersión de víctimas, la posible dimensión transnacional de los casos y la sobrecarga del sistema fiscal, que no ha crecido al ritmo de las denuncias, estima AECA en el informe.
Entre los imputados, el 35,7% fueron mujeres, una proporción mucho mayor que en otros delitos.
La edad promedio de los estafadores es de entre 31 y 33 años.
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