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Mónica Ferrero instalará fiscalía con especialización en armas

La fiscal de Corte designó a Mirna Busich a cargo de la fiscalía de Flagrancia que seguirá las investigaciones sobre armas a largo plazo.

Las armas de fuego intervienen en el 64% de los homicidios del país y en cuatro de cada diez suicidios consumados, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. Frente a ese escenario, la fiscal de Corte Mónica Ferrero dispuso subespecializar la fiscalía de Flagrancia a cargo de la fiscal Mirna Busich para que investigue, de forma exclusiva, el origen y la trazabilidad de armas y municiones empleadas en hechos delictivos. La información fue publicada por El Observador y confirmada por fuentes del Ministerio Público.

La medida no implica un cambio en la estructura del turno de Flagrancia. Busich continuará cumpliendo esas funciones, pero al término de cada turno retendrá únicamente los expedientes vinculados a armas y municiones para profundizar su análisis, mientras que el resto de los casos será redistribuido entre las demás fiscalías del sistema.

Busich acumuló trayectoria en distintas sedes del interior del país —Ciudad de la Costa, Las Piedras, Bella Unión y Salto— antes de recaer en Montevideo. Durante ese período completó cursos de formación internacional en materia de armas. En febrero de 2024, el Comando de la Jefatura de Policía de Canelones, junto al entonces jefe Víctor Trezza y otros titulares de unidades operativas, le otorgó un reconocimiento formal por su desempeño en ese departamento.

El rol del shotspotter

La nueva subespecialización se apoya de manera directa en el shotspotter, sistema de inteligencia artificial acústica incorporado en 2023 que detecta y geolocaliza disparos en barrios específicos en tiempo real. Ante cada alerta, el Centro de Comando Unificado (CCU) despacha los móviles policiales más cercanos para actuar en el lugar y procurar identificar al autor.

El objetivo declarado no se agota en la respuesta inmediata. La herramienta busca habilitar investigaciones sostenidas en el tiempo que permitan establecer la procedencia de las municiones, determinar la cadena de custodia de las armas y detectar si un mismo armamento fue utilizado en distintos crímenes. Es ese hilo conductor —del disparo al origen del arma— el que la subespecialización pretende consolidar como línea de trabajo permanente.

Armas en manos civiles

Uruguay figura como el país de América del Sur con mayor concentración de armas en manos civiles: 34,7 unidades cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior. El registro formal contabiliza 617.327 armas de fuego, aunque el número de armas ilegales en circulación se desconoce.

En noviembre pasado, Iván Marqués, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó Uruguay en el marco de un trabajo conjunto con el BID y el Ministerio del Interior para elaborar un diagnóstico sobre el armamento ilegal. En declaraciones a El Observador, Marqués sostuvo que "las armas nacen legales 99% de las veces y se desvían al mercado ilegal en algún momento de su ciclo de vida". También afirmó que "encontrar el punto de desvío es fundamental para entender las cadenas del tráfico de armas, que son muchas veces las mismas rutas, la misma trayectoria de drogas, de la trata de personas, del contrabando…".

La tesis central del funcionario es que el mercado legal de armas no opera como un sistema separado del ilegal, sino como su principal fuente de abastecimiento. "Es muy fuerte la evidencia que nos muestra que el mercado legal de armas abastece al mercado ilegal", añadió Marqués.

El proyecto de ley

El ministro del Interior, Carlos Negro, impulsa un proyecto de ley específico sobre armas. En una entrevista reciente calificó la tenencia irregular de armas como "un problema muy serio que tiene Uruguay" y señaló que esa situación "repercute directamente en la violencia de los homicidios".

Negro identificó un vacío puntual: la venta de municiones no está regulada en la normativa vigente, por lo que indicó que es necesario "empezar por ahí". Además, adelantó que el proyecto incluirá criterios de dosimetría penal diferenciada según la situación del portador. Según su planteo, "no es lo mismo tener un arma sin porte que tenerla sin porte, sin tenencia. No es lo mismo tener un arma con tenencia y no tener el porte. Eso hay que diferenciarlo a nivel punitivo también, porque hay que reconocer una realidad que es distinta y en algunos casos es más peligrosa la conducta que en otra".

La propuesta apunta, en ese sentido, a establecer gradaciones legales que distingan el nivel de riesgo asociado a cada situación irregular de portación o tenencia, antes de que el arma sea utilizada en un delito.

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