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Sociedad | Operación Carancho

Nuevas condenas elevan a 21 los imputados por la Operación Carancho

La Justicia condenó a un expolicía a tres años de cárcel y a otras dos personas a 24 meses de prisión, 18 de ellos bajo arresto domiciliario total.

31 de octubre de 2026 - 05:27

La Justicia dictó este viernes tres nuevas condenas en el marco de la denominada Operación Carancho, una exhaustiva investigación penal que busca desmantelar una compleja red dedicada a la tramitación irregular de indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). Con estas recientes resoluciones judiciales, la cifra total de personas condenadas por esta causa ascendió a 21, consolidando uno de los casos de corrupción e información privilegiada más significativos de los últimos tiempos.

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Entre los nuevos condenados se encuentra un expolicía, señalado por su participación directa en las maniobras ilícitas. La Justicia le impuso una pena de tres años de prisión efectiva, el pago de una multa equivalente a 50 unidades reajustables y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. El exefectivo fue hallado culpable de los delitos de cohecho, asociación para delinquir y manejo de información privilegiada.

Por su parte, los otros dos implicados acordaron un proceso abreviado tras aceptar la responsabilidad en los hechos imputados. La sentencia dictaminada para ambos establece una pena de 24 meses de prisión ejecutada bajo la modalidad de libertad a prueba. Sin embargo, como parte de las medidas cautelares y punitivas dispuestas, los sancionados deberán cumplir los primeros 18 meses de dicho período bajo régimen de arresto domiciliario total.

Participación de abogados y policías

El origen de la Operación Carancho se remonta a mediados de junio en la localidad de Toledo, departamento de Canelones. La investigación fiscal se desencadenó a raíz de un enfrentamiento y posterior cruce de denuncias entre dos individuos involucrados en una maniobra fraudulenta. Las indagatorias iniciales permitieron a la Fiscalía llegar a una una red delictiva integrada por varias personas, cuyo objetivo central era la obtención de beneficios económicos indebidos mediante la manipulación de reclamos al seguro automotor tras siniestros de tránsito.

El modus operandi de la organización contaba con la participación clave de abogados y personal policial. De acuerdo con las evidencias recabadas en la investigación, los efectivos policiales acudían a la escena de accidentes con heridos o víctimas y, valiéndose de su función, transmitían los datos de los involucrados a profesionales del derecho. Posteriormente, los abogados contactaban a los accidentados o a sus familias para ofrecer sus servicios legales y gestionar el cobro de las indemnizaciones del SOA, repartiendo luego los beneficios resultantes de las maniobras.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevos avances procesales. La Fiscalía se encuentra ejecutando diversas pericias técnicas y contables sobre los elementos incautados, cuyos resultados podrían derivar en nuevas imputaciones y detenciones en las próximas semanas en el marco de la misma causa.

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