Según explicó, durante la comparecencia surgieron consultas puntuales y diferencias de interpretación sobre algunos artículos, aunque sostuvo que el intercambio permitió evacuar las dudas planteadas por los legisladores.
Sobre los objetivos del proyecto
Castillo remarcó que el proyecto apunta a fortalecer las políticas activas de empleo mediante incentivos y subsidios dirigidos a empresas que contraten personas pertenecientes a sectores con mayores dificultades de inserción laboral.
En ese sentido, indicó que la iniciativa busca fomentar la contratación de “madres solteras, hogares monoparentales, jóvenes que no han cruzado sus estudios, personas que han salido recién de la cárcel o que están purgando penas o personas trans”, colectivos que, según señaló, enfrentan mayores obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.
El ministro también descartó que la propuesta pueda solucionar problemáticas específicas como la situación laboral en la frontera. “No es una ley que vaya a resolver los problemas de frontera, existen desde tiempos inmemoriales”, expresó.
Asimismo, enfatizó que el impacto de la norma dependerá de la capacidad de difusión y acceso a la herramienta, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas del interior del país.
“Si la ley fuera perfecta o la mejor de las leyes, y está en la clandestinidad, para algunos es como si no existiera”, afirmó Castillo, quien además señaló que muchos pequeños productores encuentran dificultades burocráticas o desconocen los mecanismos disponibles para acceder a este tipo de beneficios.