Cambios sobre la normativa vigente
Araya repasó la evolución de las políticas laborales en el país y recordó que la ley de empleo juvenil fue aprobada en 2013 y reglamentada en 2015, durante los gobiernos del Frente Amplio. Aquella normativa buscaba facilitar la inserción laboral de jóvenes mediante incentivos a las empresas y programas de formación.
Entre los antecedentes mencionó el programa Yo Estudio y Trabajo, creado en 2012, que posteriormente quedó incorporado como parte de la política pública de empleo juvenil.
En años posteriores la ley fue modificada para incluir a otros grupos, como las personas mayores de 45 años. Sin embargo, Araya señaló que algunas reformas posteriores introdujeron requisitos que, en la práctica, dificultaron el acceso a los beneficios.
Uno de los ejemplos fue el caso de las personas con discapacidad, a quienes se les exigía haber permanecido al menos un año en situación de desempleo para que una empresa pudiera contratarlas con incentivos.
“Exigir doce meses de desempleo a una persona con discapacidad para poder acceder a un beneficio no tiene sentido”, afirmó el jerarca.
Más colectivos incluidos
Uno de los cambios centrales del nuevo proyecto será ampliar los colectivos beneficiarios. Según explicó Araya, el gobierno entiende que la edad no es la única variable que determina las dificultades de acceso al empleo.
Por ese motivo, la futura ley incorporará a:
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jóvenes
personas mayores de 50 años
personas con discapacidad
personas privadas de libertad o liberadas
personas en medidas alternativas
personas afrodescendientes
personas trans
mujeres jefas de hogares monoparentales
La intención es abordar distintas desigualdades estructurales del mercado laboral, vinculadas a factores como género, origen étnico-racial o trayectorias de exclusión social.
Formación más allá de la juventud
Otro cambio importante tiene que ver con la formación laboral. La normativa vigente establece límites de edad —principalmente hasta los 29 años— para acceder a algunos programas vinculados al estudio y la capacitación.
Araya señaló que esa lógica ya no se ajusta a la realidad del mercado laboral actual.
“Las exigencias del sector productivo requieren formación continua. Hoy la necesidad de aprendizaje no termina a los 29 años”, explicó.
Por esa razón, el nuevo proyecto buscará ampliar las oportunidades de capacitación y reconversión laboral para trabajadores de distintas edades.
Una ley con enfoque integral
Para el director nacional de Empleo, la nueva normativa pretende actualizar las políticas públicas frente a las transformaciones del trabajo y las desigualdades existentes en el acceso al empleo.
“Armamos un conjunto de colectivos y por eso hablamos de una ley integral”, señaló Araya, al remarcar que el objetivo es ir más allá del enfoque exclusivamente juvenil y promover oportunidades laborales para distintos sectores de la población.
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