Entre ellas mencionó la causa por torturas y privaciones de libertad ocurridas en Bella Unión en 1972, antes de la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado. Según explicó, la Fiscalía se prepara para presentar acusaciones vinculadas a un centenar de víctimas. “Muchos de ellos simples trabajadores fueron vilmente privados de su libertad y torturados”, señaló Perciballe, quien calificó aquellos hechos como “un bochorno” ocurrido en plena democracia. Indicó además que la Fiscalía concluyó la investigación sobre los hechos del 14 de abril de 1972 y determinó que se trató de ejecuciones.
Represores prófugos y la actuación del Estado
También profundizó en la situación de represores prófugos y la actuación del Estado para localizarlos y someterlos a la Justicia. “La Fiscalía es el órgano persecutor por excelencia y tiene la obligación de perseguir estos crímenes de lesa humanidad. Y cuando decimos todos, también incluimos a los prófugos”, afirmó.
Sostuvo que la Fiscalía adoptó diversas medidas para lograr la comparecencia de esas personas, incluyendo denuncias administrativas y penales, además de comunicaciones formales a distintos organismos públicos. Sin embargo, denunció que en varios casos encontró respuestas insuficientes o directamente contrarias a los objetivos de la persecución penal.
“Cuando nos enfrentamos a la realidad del Estado, que el Estado es omiso, que el Estado es obstructivo, nos indigna”, expresó.
El fiscal cuestionó particularmente la actuación de servicios previsionales y organismos consulares respecto a militares retirados que residen en el exterior y continúan cobrando jubilaciones pese a estar requeridos por la Justicia. Según explicó, la normativa vigente establece que los beneficiarios de la Caja Militar deben residir en Uruguay, salvo excepciones que requieren acreditar domicilio en el exterior y presentar certificados de fe de vida.
La Fiscalía notificó
En ese marco, detalló que la Fiscalía notificó formalmente a la Caja Militar y a Cancillería sobre la condición de prófugos de determinadas personas, solicitando que, ante cualquier trámite consular, se informara a Interpol para posibilitar su detención.
Perciballe recordó que un mecanismo similar permitió en su momento la captura del coronel Eduardo Ferro, quien terminó compareciendo ante la Justicia luego de que se suspendiera el cobro de su pensión. “Los servicios previsionales de la Caja Militar hicieron caso omiso a la información que le proporcionó la Justicia”, afirmó el fiscal.
A su entender, la omisión de controles básicos por parte de la administración pública plantea dudas sobre si existe realmente voluntad estatal de perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Interrogantes incómodas pero necesarias
“¿Estamos frente a una actuación proactiva en procura de los prófugos o estamos frente a una acción obstructiva, omisiva y eventualmente pasible de delito?”, se preguntó.
Perciballe también rechazó la idea de que sea necesaria una nueva legislación para suspender pagos a personas prófugas. Desde su perspectiva, las herramientas normativas ya existen y el problema radica en la falta de aplicación efectiva de las obligaciones administrativas y judiciales.
“Cuando le seguimos pagando en el exterior, ¿estamos persiguiendo a estos criminales o estamos facilitando para que ellos estén prófugos?”, cuestionó.
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