Esto ocurre al tiempo que Presidencia anunció el fin de la emergencia hídrica, decretada el 19 de junio frente a la escases de las reservas de Paso Severino, que llegaron a estar en el entorno del millón de metros cúbicos. De igual manera, OSE solicitó días atrás la extensión de la medida de niveles excepcionales de cloruros y sodios, lo cual fue autorizado por el Ministerio de Salud Pública hasta la finalización de la emergencia hídrica.
La extensión de la medida excepcional fue cuestionada por el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, días atrás, quien consideró que la estatal debería concentrarse en volver a tener la calidad de agua pre-crisis, entendiendo que con las obras de trasvase del río San José y las lluvias de las últimas semanas hay una recuperación y habrá una mayor cantidad de agua en calidad.
Este miércoles, tras ambas novedades por parte de las autoridades —extensión de la excepción en salinidad, que culmina tras anuncio de fin de la emergencia—, Ortuño criticó que "la crisis hídrica demostró la necesidad de obras para embalsar el agua dulce que nos faltó (represas Casupá, Solis Chico, diques) asegurando el agua potable y para perder menos", pero el Gobierno optó por "hacer Arazatí con gestión privada (U$S 300 millones más cara que gestión de OSE)".
Por último, Ortuño consideró que la "lección" que dejó la crisis es que el "agua potable no está asegurado, a 2045 y ante sequías" y expresó que "el gobierno elige hacer Arazatí a un costo millonario, en soledad y debilitando OSE".
De la información divulgada por el director de OSE se desprende que el costo total del Proyecto Arazatí sería de 890 millones de dólares, mientras que la estimación inicial había sido menos de la cuarta parte. Además, el consorcio ahora adjudicado estima ya un costo mayor —estimó 250 millones de dólares— a la estimación inicial de 210 millones de dólares.
https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOrtunoEdgardo%2Fstatus%2F1694406311989920131&partner=&hide_thread=false
