El modus operandi: Captación, coimas y cinismo
La organización no operaba al azar; funcionaba como una maquinaria delictiva perfectamente aceitada donde la información era la mercancía más preciada. El esquema comenzaba en el lugar mismo del accidente o en las salas de emergencia, donde funcionarios públicos —policías, enfermeros e inspectores— traicionaban su deber de reserva a cambio de dádivas. Esta filtración permitía a los abogados ejecutar un abordaje depredador, interceptando a las víctimas en su momento de mayor vulnerabilidad para forzar la firma de representaciones legales.
El esquema delictivo se dividía en tres fases operativas:
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Compra de datos privilegiados: La red pagaba sobornos a policías e inspectores (desde $ 3.000 UYU por partes policiales) y a personal médico o de enfermería (hasta US$ 2.000 por historias clínicas) para obtener información sobre los accidentes en tiempo real.
Abordaje depredador: Con los datos filtrados, los abogados interceptaban a los accidentados o a sus familiares en las salas de emergencia y sitios de los siniestros, forzando la firma de poderes legales en momentos de extrema vulnerabilidad.
Captación en movilizaciones y cierres exprés: Los implicados asistían a marchas públicas de reclamo de justicia para captar clientes en pleno duelo. Asimismo, priorizaban acuerdos económicos civiles acelerados con las aseguradoras o empresas involucradas antes de las imputaciones penales, evitando así que el escrutinio judicial revelara el origen irregular de sus clientes.
Investigación en curso
La Fiscalía confirmó que la «Operación Carancho» continúa abierta. Para los próximos días se contemplan 40 nuevas citaciones para profundizar en la responsabilidad de otros profesionales y funcionarios involucrados.
