Para la SAU, la iniciativa “plantea un modelo de ciudad segregada”, con “una isla en el mar con una concepción contraria a una ciudad equilibrada e integrada”.
Los arquitectos también cuestionan el impacto que la isla tendría en la línea costera de la ciudad. En este sentido expresan que “la rambla montevideana es el espacio público por excelencia y que da cuenta de una sociedad democrática, que siempre ha protegido el carácter público del borde costero”.
“Alterar la imagen con un elemento distorsionante de esta entidad cuestiona valores identitarios que deberíamos proteger (..) y echa por tierra la legítima aspiración de declarar este espacio como patrimonio de la humanidad”, añaden.
La sola consideración de estas propuestas “aisladas” y que “desconocen los procesos de planificación territorial y ambientales en curso” preocupa a los arquitectos de la SAU.
La conclusión de los arquitectos es que el desarrollo de esta iniciativa generará “sin lugar a dudas impactos ambientales, paisajísticos, de movilidad y segregación social inconvenientes y probablemente irreversibles”.
Por otro lado, señalan que no fueron consultados al respecto, al tiempo que cuestionan el decreto presidencial que avaló el proyecto por la ausencia de “fundamentos o fuentes especializadas”.
