En lo que va de 2026, la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación (UCVAD) de la Universidad de la República Udelar recibió 34 denuncias y 135 consultas, según informó a Caras y Caretas su coordinadora, Gabriela Pacci. Esta unidad fue creada en 2021 y desde entonces tiene entre sus objetivos la atención de consultas, la recepción, tramitación y seguimiento de denuncias, la aplicación del Procedimiento Alternativo de Resolución de Conflictos (PARC) y la ejecución de políticas de prevención y sensibilización. Trabajan para todas las sedes a nivel nacional y está integrada por una coordinadora, un asistente de coordinación y un equipo técnico interdisciplinario integrado por dos trabajadores sociales, dos psicólogas y un abogado.
De acuerdo al informe de gestión 2024-2025 que la UCVAD reportó al Consejo Directivo Central (CDC), en 2025 hubo un total de 59 denuncias, en 2024 fueron 37, en 2023 se recibieron 46, en 2022 hubo 26, en 2021 fueron 57, en 2020 se registraron 32 y en 2019 hubo 51. “Los procedimientos de denuncia tramitados año a año han aumentado con cierta tendencia cíclica de bajada y subida bienal”, señala la UCVAD en su informe.
Cualquiera que observe las cifras, puede notar, por ejemplo, que las 34 denuncias de 2026 ya igualan prácticamente el total anual de 2024 (37 denuncias) y superan ampliamente los totales anuales de 2020 (32 casos) y 2022 (26 casos). También se puede ver que la cifra más alta de denuncias se registró en 2025, lo que representó un incremento del 59,5 % respecto a 2024 (37 casos).
Mientras las denuncias se han mantenido en rangos de entre 30 y 60 casos anuales, el mecanismo de consulta se ha configurado como un canal de desahogo importante. Las 135 consultas de 2026 siguen la senda del récord histórico de 2025 que se recibieron 169 consultas y 2024 que fueron 140. Si nos remontamos a 2019 vemos que se realizaron 47 consultas, lo que significa que el volumen de personas que acuden a asesorarse se ha incrementado en casi un 260 %.
En su informe, la UCVAD valora la consulta previa como un espacio de escucha e información que en 2025 fue antesala del 61 % de las denuncias formalizadas. Otro logro de gestión destacado en el informe es la drástica reducción en los tiempos de tramitación: mientras que en 2019 una denuncia demoraba en promedio 265 días en ser informada, para 2024 y 2025 el tiempo promedio bajó a 41.5 y 42 días, lo que implica una reducción del 84,1 % en los tiempos de espera.
Además del informe de gestión, en 2021 se realizó la Primera Encuesta de Prevalencia sobre Violencias, Acoso y Discriminación, sobre una muestra representativa de 1.011 estudiantes, que reveló que 42,9 % de las estudiantes, 58,1 % de las docentes y 47,6 % de las funcionarias padecieron al menos una forma de violencia sexual y/o por razones de género.
Denunciantes, denunciados y tipos de denuncia
Las denuncias y consultas que recibe la UCVAD no son solo de parte de estudiantes, sino que trabajan con todo el espectro de la comunidad universitaria, alcanzando también a docentes, personal técnico, administrativo y de servicios y contratados. De acuerdo al informe, quienes más denuncias realizan son las mujeres, alcanzando el 59 % de las presentaciones en 2024 y escalando al 63 % en 2025.
En la contraparte, los denunciados son en su mayoría varones individuales (46 % en 2025) o grupos masculinos, concentrándose la mayor cantidad de señalamientos en docentes y funcionarios (en 2025 hubo 25 docentes y 21 funcionarios TAS denunciados).
Los estudiantes constituyen el grupo denunciante más numeroso (17 personas en 2025 y 13 en 2024). Sin embargo, el equipo técnico de la UCVAD advierte que el estudiantado “todavía sigue estando subrepresentado” en relación a su proporción en la masa universitaria. Detallaron que, en las instancias de consulta, los estudiantes expresan miedo a la exposición, temor a sufrir represalias directas o indirectas y preocupación por el impacto en su futura inserción laboral.
En cuanto a la tipología de los hechos denunciados, durante 2025, la mayoría estuvo vinculado al acoso moral, que representó el 21,3 % de los casos informados, seguido por la violencia en el lugar de trabajo con un 17 %, la violencia psicológica en el ámbito laboral y educativo con un 14,9 %, la discriminación con un 10,6 % y la violencia basada en género con un 6,4 %, mientras que el acoso sexual encuadró en el 2,1 % de los trámites.
¿Cómo es el proceso de denuncia?
El primer paso suele ser la consulta. La coordinadora del área explicó que este mecanismo se utiliza cuando alguna persona está viviendo algún tipo de situación, ya sea directa o indirecta, que entiende que puede vulnerar sus derechos a estudiar o trabajar, y que podría configurar alguna de las manifestaciones de violencia, acoso o discriminación. Esta instancia es confidencial y permite que el equipo técnico pueda informar, asesorar y orientar a esa persona, sin carácter vinculante, es decir, no va a generar ninguna intervención si la persona no lo desea.
Cuando se solicita una consulta, se agenda a la mayor brevedad posible, y en un plazo de entre 24 y 48 horas la persona es recibida por una dupla técnica. Luego de recibir asesoramiento, quien consulta puede optar por diferentes acciones para vehiculizar su planteo y buscar una solución; una de las posibilidades es avanzar hacia una denuncia.
Si la persona opta por denunciar, la UCVAD desarrolla un abordaje preliminar de urgencia mediante entrevistas a las partes y análisis de pruebas, elevando un informe final a la máxima autoridad de la facultad correspondiente con sus conclusiones y recomendaciones de acciones de prevención y protección. Las resoluciones quedan a cargo de los consejos de los servicios o comisiones directivas en el caso de los Centros Universitarios Regionales (CENURES).
Según señaló Pacci, la denuncia es un proceso “regulado”, “objetivo” y “confidencial”, pero no puede ser anónimo. La persona que denuncia debe brindar sus datos y la persona denunciada no puede ser anónima. “Tiene que expresar con claridad a quién, por qué motivo, y la persona denunciada debe saber quién la denunció”. La confidencialidad implica que investigadores, interventores y todas las personas involucradas tienen que guardar reserva del contenido de la denuncia y no respetarlo ocasionará una falta.
Mirar de cerca, deconstruir y anticiparse
Al evaluar la dimensión de la problemática de las violencias en la Udelar, la coordinadora del área recordó que el informe de gestión incluye las cifras de las personas que solicitan asesoramiento o intervención institucional, pero reconoció que se trata de un problema mayor. “Quienes trabajamos en este tema, sabemos que los registros representan el mínimo porcentaje de personas que están padeciendo o sufriendo situaciones de violencia, acoso o discriminación”. De acuerdo a la jerarca, esto sucede, en parte, porque “la historia y la sociedad han hecho que las situaciones de violencia y discriminación no siempre se reconozcan”. Y agregó: “Implica un proceso de reconocimiento no solo personal, sino también colectivo e institucional. No es un hecho natural. Hay un proceso que tiene que transitar desde diferentes dimensiones”.
En ese marco, Pacci destacó que “la Udelar ha generado hitos en materia de reconocimiento de este problema social” y defendió las herramientas y mecanismos institucionales para su intervención, aunque reconoció la posibilidad de mejorarlos. “¿Son necesarios? Sí. ¿Son buenos? Sí. ¿Son infalibles? No. ¿Son perfectibles? Por supuesto. ¿Por qué? Porque implica profundizar el reconocimiento de un problema que es un proceso de ampliación de derechos que es permanente”.
La discusión pública e interna sobre estos mecanismos cobró mayor intensidad tras la conmoción generada por el reciente intento de femicidio en las instalaciones de Medicina. Consultada al respecto, la jerarca señaló: “Los colectivos han agenciado este tema en estos últimos días porque nos hemos dado en la cara con una expresión de las más abruptas y brutales, que es el intento de femicidio, y que es una situación horrorosa que podría haber sido una fatalidad. Como institución tenemos que aprender a anticiparnos a eso, porque las situaciones de violencia basada en género se observan mucho antes de una manifestación brutal”.
Para la especialista, es necesario poner el foco en las dinámicas de relacionamiento cotidianas para detectar las primeras alarmas antes de que las situaciones escalen. “Tenemos que hacer la lupa más fina, mirar de una manera más crítica las relaciones humanas y funcionales. Y cuando hay una detección, darle jerarquía y no minimizar o asumir que se trata de una manifestación rara de la conducta. Hay que comprender cómo se expresa el fenómeno en las microexpresiones”.
Pacci aseguró que, desde la institución, se encuentran “problematizando y reflexionando” sobre “un problema grave que pasó dentro de nuestra casa, pero que es una manifestación brutal más de las violencias basadas en género que vivimos todos los días como sociedad”. En este contexto, remarcó la responsabilidad de la Udelar: “Como principal institución superior de este país, con los mejores valores universitarios y democráticos, tenemos que seguir trabajando en ser ejemplo para toda la sociedad, en que es inadmisible cualquier tipo de violencia, acoso y discriminación basadas en género o basadas en otras desigualdades estructurales, como la ascendencia étnico racial, por por origen, por situaciones de discapacidad o de clase. Ese proceso implica una ruptura con un sistema de pensamiento hegemónico que ha transversalizado el origen de la humanidad”.
De acuerdo a la coordinadora, si bien “la agenda formal de derechos ha cambiado y se ha ampliado, el modelo de sujeto hegemónico sigue siendo varón, heterosexual, de clase media alta, intelectual”, ante lo cual el desafío institucional radica en “garantizar el ejercicio fáctico de esos derechos”.
Consultada sobre las fallas edilicias o de seguridad señaladas por los gremios estudiantiles luego del intento de femicidio, la coordinadora aclaró que el hecho puntual no fue analizado por la unidad por quedar fuera de su órbita de competencia y por encontrarse en una etapa de investigación judicial y administrativa que arrojará evidencias y determinar responsabilidades. No obstante, subrayó que “hay expresiones de violencia que son inevitables que acontezcan cuando alguien está convencido de tomar el cuerpo de otra persona, hacerlo suyo y lastimarlo”. Esto sucede, a su entender, “porque hay un conjunto de explicaciones estructurales que hacen que haya situaciones de riesgo en las que las mujeres jóvenes son más vulnerables que otros sujetos de derecho”. Por esta razón, enfatizó, “tenemos que identificar factores de señales y anticiparnos”.
Con respecto a la existencia de más sistemas de videovigilancia u otros elementos de seguridad, manifestó no estar segura de que ese sea el foco principal de la discusión. “Más seguridad, quizás, podría disuadir determinada práctica, pero no estoy segura. Creo que los mecanismos punitivistas no son del todo eficientes para abolir un sistema de pensamiento patriarcal y dominante que atraviesa a toda la sociedad. El desafío tiene que ver con seguir trabajando en la transformación cultural y social de nuestra comunidad universitaria y que eso fluya a nivel de la sociedad. Creo que las acciones de seguridad tienen que ir por el lado de deconstruir las lógicas de propiedad privada, tanto de los cuerpos como de los edificios y de los objetos. Y en ese desafío estamos”.
Pasos a seguir
Con respecto a las acciones desplegadas tras las resoluciones aprobadas por el CDC a fin de mes, Pacci informó que la UCVAD integra el grupo de trabajo encomendado por el rectorado para elaborar un plan de acción en el marco de la política en violencia, acoso y discriminación. “Este grupo está integrado por todos los órdenes, hay especialistas, representantes de las distintas comisiones y de ámbitos como nuestra unidad. Tenemos el compromiso y el deber de aportar y esperamos que este hecho tan desagradable genere un hito institucional en el que podamos profundizar algunas líneas, como la sensibilización, capacitación y formación. Hay algo en nuestras currículas que tiene que estar atravesado por los derechos humanos, independientemente de la formación”.
Entre otras de las medidas en las que está trabajando la unidad, la coordinadora mencionó la entrega de orientaciones para docentes sobre cómo abordar situaciones de violencia, acoso o discriminación que se puedan presentar durante el dictado de clases —elaboradas en conjunto con insumos del gremio docente ADUR—, el trabajo con referentes y equipos técnicos de los diferentes servicios, así como la planificación de jornadas de sensibilización dirigidas a las autoridades y consejeros de los distintos servicios universitarios. Sobre esto último, explicó que consideran que las autoridades “requieren un acercamiento a la problemática e incorporar las políticas en violencia, acoso y discriminación que hoy tiene la Udelar a efectos de mejorar sus prácticas en el ámbito de gobierno institucional”, aunque aclaró que “no significa que muchas personas tengan cercanía con la problemática”.
Asimismo, confirmó que la UCVAD forma parte del equipo técnico que ultima los detalles del formulario para aplicar una segunda encuesta de prevalencia sobre violencia, acoso y discriminación en los próximos meses. “No podemos hablar de fechas porque eso se resuelve a nivel del Rectorado, pero en los próximos meses se va a desarrollar una segunda encuesta de prevalencia”, aseguró.
A modo de reflexión final, Pacci enfatizó en la necesidad de evitar respuestas reactivas o coyunturales, o buscar deconstruir todo lo hecho frente a “un hecho gravísimo que tiene respuesta en las violencias estructurales”: “El problema no se resuelve con acciones aisladas o buscando deconstruir todo lo hecho. Tenemos que dar respuestas a largo plazo, que sensibilicen, que formen, que atraviesen las funciones sustantivas de la universidad para generar una ciudadanía universitaria sensible a los derechos humanos no solo de quienes la habitamos, sino de toda la sociedad. Pensar solo en la seguridad de los edificios no resuelve el problema. Si pensamos en las violaciones basadas en género, la información acumulada a nivel nacional e internacional nos permite afirmar que los lugares de mayor riesgo son en los que teóricamente debería existir más protección, como la familia. No se trata solo de proteger los espacios, sino de protegernos entre nosotros mirando el problema desde otro lugar”.
