Uruguay ha tenido el honor de que el tercer presidente del BID haya sido un compatriota, el unánimemente reconocido Cr. Enrique Iglesias. Sus predecesores fueron Felipe Herrera, de Chile, y Antonio Ortiz Mena, de México. Su sucesor, Luis Alberto Moreno, de Colombia. Todos latinoamericanos.
Muchas veces, tendemos a pensar que los organismos de financiación multilateral responden todos a los mismos estándares. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para elegir como ejemplos, dos de los más controversiales, nacen tras los acuerdos de posguerra conocidos como “de Bretton Woods,” que llevan el nombre del lugar donde las 44 naciones aliadas los firmaron. El BID, por el contrario, originalmente nace en el seno de la OEA, de la que luego se independiza con un estatuto parecido al de muchos bancos comerciales. Esto último puede tener sus pros y sus contras. Pero, sin duda, le inhibe de intervenir o condicionar sus préstamos a políticas macroeconómicas de los Estados (léase ajustes fiscales, como en el caso de los dos ejemplos citados). Por el contrario, el BID puede prestar a gobiernos, asociarse a los mismos o prestar directamente a privados en asociaciones PPP o para sus proyectos de inversión propios. Es más, no es menester ser un gran empresario ni sugerir un proyecto de grandes dimensiones para tener el beneficio de sus créditos.
En el año 90, concretamente en Uruguay, bajo la presidencia de Enrique Iglesias, precisamente, el BID prestó a pequeñas, medianas y microempresas. Los créditos eran otorgados sin garantías reales, por el solo hecho de que sus proyectos de inversión, fueran evaluados satisfactoriamente por entidades reconocidas por el BID a esos efectos. En acuerdo con las intendencias, en el interior tuvo un papel muy activo el Instituto Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo. Se beneficiaron desde apicultores a empresas de venta de comestibles. El propio Enrique Iglesias nos confió, por aquel entonces, que el índice de repago de estos créditos estuvo por encima del normal.
Este ejemplo, más siendo uruguayo, demuestra la importancia que puede llegar a tener el BID en la puesta en pie de las economías de la región en el mundo pospandémico. Ello sumado a que, en sus estatutos y carta orgánica, se identifican tres tipos de países: prestatarios, no prestatarios clase I y II. Uruguay integra junto a otros 22 países de América Latina y el Caribe (Argentina y demás países del Mercosur inclusive) la segunda categoría, que es la única que puede ejercer la presidencia. EEUU no.
La decisión (designación de un organismo multilateral) compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos pensar que, por el futuro de nuestras economías, especialmente de sus sectores más vulnerables y postergados, por la independencia internacional que ha podido exhibir todo gobierno democrático, más allá de la rotación de los partidos en el poder, en su política exterior, Uruguay no vuelva a aparecer una vez más, como tantas, en los últimos 100 días, como un peón más de EEUU. No queremos ver a Uruguay otra vez, junto a Bolsonaro, enfrentado a países hermanos de la región.
