Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
El holding Vicentin ha venido ocupando, para malestar de sus dueños, un lugar destacado en las denuncias judiciales que ha venido recibiendo en Argentina y sobre todo en los Estados Unidos.
Las acusaciones contra el grupo cubren un amplio abanico, según ha venido describiendo el diario Página 12: “acusado de triangulación en el comercio exterior en perjuicio del fisco” así como de estar “defraudando a los productores, a quienes les descuenta una retención que luego no depositaría en su totalidad en Aduanas”.
El listado de denuncias abarca, “haber desnacionalizado activos al trasladar su propiedad a un holding mellizo formado en Uruguay por los mismos accionistas, Vicentin Family Group (…) se la sospecha de declarar la compra de soja a Paraguay y reexportarla desde puertos argentinos (…) una supuesta simulación de venta de soja argentina que sale de los puertos propios como de origen paraguayo” la cual no estaría sujeta a los gravámenes correspondientes.
Sus principales directivos han sido acusados de transferir bienes inmuebles desde “febrero de este año en favor de hijos y otros parientes o allegados, como donación o a precio simbólico, para eludir eventuales embargos sobre sus bienes”.
En el exterior las “denuncias en tribunales del distrito sur de Nueva York” que fueran promovidas por seis bancos extranjeros, indican y denuncian «haber sido víctimas de la mayor estafa internacional por parte de Vicentin SAIC”.
Los denunciantes afirman “que la firma les mintió sobre su situación patrimonial «, todo ello mediante información contable falseada, así como que la firma «está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin».
El denominado “procedimiento de Discovery”, describe el medio de prensa argentino, realizado con el objetivo de “detectar activos y operaciones en el exterior que podrían estar detrás de esas transferencias”, pudieran configurar, de acuerdo a evaluaciones de un especialista norteamericano varios delitos que estarían sujetos a investigación y sanción en la jurisdicción del país del norte.
“Muchas de las maniobras aludidas conllevaron transferencias que se realizaron en dólares, en cuentas de bancos de Nueva York, violando la ley estadounidense, explicó el especialista. Los crímenes que podrían imputarse siguiendo la legislación de EEUU son: Lavado de Dinero (…) Declaraciones Falsas (…) Acciones de quiebra fraudulenta como Preferencias Anulables (…) o Transferencias Fraudulentas (…) Fraude Electrónico (…) Fraude Postal (…), Fraude Bancario (…), Fraudes Contables y con Títulos valores (…), Asociación ilícita (…) e incluso Conspiración contra instituciones públicas gubernamentales”, describe Página 12.
Sin embargo, según el análisis que publica el medio de prensa, la mayor preocupación del grupo Vicentin no es la posible expropiación, “lo que provoca rechazo es todo mecanismo por el cual el Estado pueda recuperar algún control, aunque sea como testigo, sobre el comercio exterior de granos”, algo que este caso ha permitido transparentar y denunciar, en tanto muestra las modalidades de acción de “los grandes grupos cerealeros que siempre manejaron sus intereses desde bambalinas”.
De acuerdo a expresiones de Claudio Lozano, director del Banco Nación, citadas por el medio de prensa «el Estado nacional perdió prácticamente todo control sobre estas operaciones, desde que dejó de existir la Junta Nacional de Granos, se privatizaron los puertos por los que se embarcan esos productos, desapareció la flota mercante estatal (ELMA) e incluso se cedió el control del transporte ferroviario de cargas. Como consecuencia de todo ello, el Estado también perdió el control sobre la oferta de divisas que genera la exportación en este rubro que, como fue dicho, concentra el 45% de las ventas al exterior».
A diferencia de lo que puedan conseguir en las instancias judiciales nacionales, las instancias en la jurisdicción norteamericana pudieran tener otras derivaciones y ello no es un dato menor, recuerda Página 12, habida cuenta del tratado de extradición vigente, entre ambos países.