La pérdida de derechos se da sobre todo en el aumento de penas, modificación y creación de nuevos delitos, modificaciones del proceso penal, modificación del régimen de legítima defensa y mayor discrecionalidad a la Policía, cambios que hemos visto en estos últimos meses, suponen un cambio abrupto de modelo sin medir el alcance de estas medidas aprobadas.
Se achica la participación del Estado como motor de la economía nacional, justamente en el momento que más se necesita la reactivación económica ante los efectos de la pandemia. El centro es la recaudación, sin acompañamiento en medidas que posibiliten sostener o aumentar los ingresos públicos. Por otro lado, los cambios en la ley de inclusión financiera van en línea contraria a favorecer los ingresos estatales y favorecen la evasión. La Ley de Inclusión Financiera impulsó el acceso de numerosas personas al sistema financiero formal, lo cual permitió que pudieran disponer de un medio de pago electrónico y mejores condiciones de acceso al crédito, promoviendo un acceso más equitativo. La reglamentación de la obligatoriedad del pago de salarios de los trabajadores por medios electrónicos llevó a una mayor formalización del mercado laboral protegiendo los derechos de los trabajadores, respecto a su jubilación, salud, y protección social en general; la LUC determina que la forma de pago de los sueldos es en acuerdo entre el trabajador y el empleador al inicio de la relación laboral, anulando así la obligatoriedad del pago por medios electrónicos.
Otro de los cambios regresivos de esta ley se da en la modificación del derecho de huelga, restringiendo un derecho fundamental, que fue una conquista de los trabajadores que llevaron años de lucha. Esta modificación les quita a los trabajadores una herramienta de defensa de sus derechos laborales, el de poder llevar adelante reivindicaciones fundamentales y sobre todo la defensa ante el atropello patronal.
Estas medidas hacia los trabajadores ponen en riesgo y dejan más vulnerables a los trabajadores que no cuentan con respaldo de un sindicato fuerte que tenga capacidad negociadora, desregularizan relaciones laborales que permitían tener un respaldo efectivo de estabilidad laboral.
Estos son parte de los motivos que nos llevan a pedir a los uruguayos y uruguayas que firmen para habilitar el referéndum, herramienta fundamental en nuestra democracia, que permite al pueblo decidir por sí mismo el rumbo a tomar y que entre todos y no unos pocos, decidamos si los 135 artículos de la LUC son regresivos y limitantes de derechos.
